Buscan aumentar sanciones contra responsables de pornografía infantil

Angeles Cruz Ť La pornografía infantil será considerada delito grave sin derecho a libertad bajo fianza, con penalidades de cinco a 10 años y multas de 100 a 400 días de salario mínimo. La sanción se incrementará una tercera parte si las víctimas tienen de 12 a 16 años, y aumentará 50 por ciento si son menores de 12, en caso de aprobarse una iniciativa de ley para reformar el Código Penal que se presentará en la Cámara de Diputados durante el actual periodo de sesiones.

Al participar en el segundo Congreso Nacional sobre Maltrato Infantil, Humberto Corvera González de Cosío, asesor de la Comisión de Justicia de esa cámara, explicó que a partir de esa reforma será posible perseguir el delito de pornografía, explotación sexual y comercial infantil. Hasta ahora, no ha sido posible la aprehensión de ningún responsable de estos ilícitos -aun cuando se conoce de la existencia de redes organizadas-, debido a que en la ley sólo se contempla el delito de corrupción de menores.

Estimaciones de investigadores y organismos no gubernamentales señalan que en México unos 5 mil menores de edad son víctimas de esos ilícitos. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo calcula que cada año al menos un millón de niñas cae, por engaño o por la fuerza, en las redes de la prostitución.

Se ha detectado que en el Distrito Federal, el puerto de Veracruz, Jalapa, Ciudad Juárez y Tijuana, los sistemas de captación de menores en la pornografía y prostitución se dan a través de redes y por invitación expresa a los niños para que abandonen las zonas rurales y/o su entorno familiar y vayan a las grandes ciudades.

Estas bien estructuradas organizaciones contactan a los menores en los estados del sur y sureste del país, y los llevan a las entidades del norte a través de los llamados ``corredores migratorios''. Las rutas son de Veracruz a Tamaulipas, a Nuevo León, a Coahuila o a Chihuahua. Otra opción son las carreteras o el ferrocarril por los estados del centro de la República, saliendo de Chiapas con destino a Chihuahua, Sonora o Baja California.

Corvera González de Cosío destacó la importancia de la iniciativa que se elabora en la Cámara de Diputados, pues cada vez se han encontrado más lugares donde los niños son víctimas de abuso, prostitución y pornografía. Comentó que recientemente se tuvo conocimiento de que en Puerto Vallarta hay agencias turísticas que ofrecen a los visitantes diversos atractivos, entre ellos, menores de edad con quienes se pueden tener relaciones sexuales.

A su vez, Elva Leonor Cárdenas, subdirectora general de Asistencia y Concertación del DIF, informó que el diagnóstico sobre prostitución y pornografía infantil estará listo a más tardar en marzo de 1999. Es muy difícil dimensionar el problema, dijo, porque estos actos todavía están ocultos y se manejan en la clandestinidad.

La funcionaria presidió la mesa de trabajo del congreso en la que se abordaron los avances de la Comisión Nacional Interinstitucional del Plan de Acción para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial de Menores, en la cual se informó de la edición de 10 mil ejemplares de un folleto para prevenir el delito en las zonas turísticas y fronterizas del país.

Dicho folleto -editado por la Secretaría de Turismo- alerta a los visitantes nacionales y extranjeros de que en México está tipificado el delito de corrupción de menores y los códigos locales contemplan el ilícito de explotación del cuerpo infantil.

Se refirió a la labor de la Comisión Nacional Interinstitucional, cuyos trabajos serán posibles por la aportación ``que en la medida de sus posibilidades'' hagan las dependencias participantes: las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Salud y de Turismo; las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal; el Programa Nacional de la Mujer; las comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos; organismos no gubernamentales; el Poder Legislativo, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Sobre los avances de esa comisión, Cárdenas explicó que en el último año se han creado 31 agencias especializadas del Ministerio Público en delitos del menor, con lo que a la fecha suman 50.

Durante el segundo Congreso Nacional sobre Maltrato Infantil, Walter Beller Taboada, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, destacó que una deficiencia grave en el ámbito legal es la prácticamente nula existencia de abogados especialistas en menores. No ha sido posible que los litigantes atiendan con calidad y calidez los problemas que afectan a niños y niñas, abundó.

Por su parte, Claudia Colimoro, presidenta de Mujeres por la Salud en Lucha contra el Sida, demandó cambios en el trabajo de los agentes del Ministerio Público, a fin de que sean más sensibles a la problemática de la joven que se atreve a denunciar la explotación sexual de que es víctima.