Abatir evasión antes que aumentar impuestos, exige la IP

Antonio Vázquez y Laura Gómez Ť La sobrevivencia de miles de micros, pequeñas y medianas empresas y la suerte de sus trabajadores fueron dejadas en manos del Congreso de la Unión para evitar que pase sin modificación alguna el paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo para 1999. Dirigentes de las principales organizaciones empresariales, industriales y del comercio organizado exhortaron al Legislativo a actuar con responsabilidad y sin partidismos en la revisión de la Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos.

Eduardo Bours Castelo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigió que antes de pensar en la elevación de impuestos, o en la aceptación de éstos, el cuerpo legislativo establezca un programa que combata la evasión y la elusión por parte de la economía informal para que más mexicanos paguen impuestos y la base de contribuyentes se incremente, sin que recaiga en unos cuantos toda la responsabilidad tributaria.

Asentó que toda política económica orientada a servir a la sociedad debe tener como finalidad mejorar el nivel de vida de la gente. En este sentido, dijo, creemos que la mejor política económica es la que cumple con los objetivos de generar mayor riqueza y más y mejores empleos con base en el control a la inflación.

Entrevistado al término de un desayuno que el CCE ofreció al candidato a la presidencia de Chile, Ricardo Lagos, el dirigente empresarial comentó que es precisamente en beneficio de las mayorías donde debe ubicarseel mayor esfuerzo del gobierno. Añadió que es también importante disminuir el riesgo-país para atraer más inversionistas, y para ello, comentó, es importante generar los consensos y acuerdos básicos que permitan reducir el costo de la deuda interna.

Recordó que por lo menos 4 por ciento del producto interno bruto (PIB), se destina al pago del servicio de la deuda y otro 20 por ciento del presupuesto se destina al pago de intereses. Si logramos disminuir este costo, agregó, ese dinero lo podríamos utilizar en otras cosas, y no tendríamos que pensar en el alza a tarifas de bienes y servicios, tal y como ocurre hoy.

Por separado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), se sumó al llamado empresarial para que el Congreso analice con responsabilidad el presupuesto enviado por el Ejecutivo, pues de ello dependerá el crecimiento o la desaceleración del país.

Informó que en breve se reunirá con el secretario de Energía, Luis Téllez, para analizar la posibilidad de reducir el incremento a la gasolina y evitar así la fuga de consumidores en la frontera norte, el desaliento a la inversión y el traslado de muchas empresas a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de desarrollo.

Demandó también financiamientos para el sector, tasas impositivas y homologación fiscal similares a las existentes en Estados Unidos, así como renegociar la deuda externa, toda vez que el monto de la actual incrementó el número de pobres y casi ha desaparecido a la clase media.

El comercio organizado del país estimó que en caso de ser aprobada su propuesta, el impuesto telefónico podría reducirse a cinco por ciento, y los aumentos a gas y electricidad no serían superiores al diez por ciento. De seguir las cosas como ahora, advirtió, no habrá mayor inversión, no se generará un mayor número de empresas, se estancará el crecimiento y no se crearán más fuentes de empleo para 1999.

En un documento firmado por las principales agrupaciones empresariales e industriales del país se sugirió a los representantes del Poder Legislativo incorporar un paquete de propuestas orientadas a reactivar la economía interna y preservar la planta productiva nacional; entre estas destaca el establecimiento de fórmulas que equilibren las finanzas públicas no solo mediante ingresos, sino también por la vía del gasto.

Asimismo, se propuso evitar que el peso del ajuste recaiga solamente en determinados sectores de la sociedad, así como combatir enérgicamente la evasión y la elusión en la economía informal y rechazar de manera radical cualquier aumento a priori por vía autoritaria, ``sin antes haber analizado seria y responsablemente cualquier otra alternativa''.

La iniciativa privada lamentó también que el gobierno prevea en su programa económico para 1999 la creación de un mayor número de plazas en el sector público mientras que a otros grupos más productivos los condena a un desarrollo ``mediocre'', al ofrecer sólo un crecimiento de tres por ciento en el PIB.

En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que el gobierno no esté dispuesto a sacrificar su gasto y sí en cambio a crear más plazas burocráticas, a lo que destinará más de 28 mil millones de pesos.

Recordaron que desde que comenzó la actual administración, no ha dejado de crecer la nómina burocrática. Tan solo entre 1997 y 1998 --años de crisis-- se abrieron más de 27 mil 38 plazas, lo que demuestra que la austeridad y eficiencia que demanda el gobierno a otros sectores en su caso, es ``letra muerta''.

La cúpula empresarial admitió la necesidad de conservar finanzas públicas sanas como elemento indispensable para un desarrollo económico sostenido. Sin embargo, advirtió a los representantes del Congreso que, de no revisar a fondo algunas medidas impositivas integradas al paquete fiscal que envió el Ejecutivo para su análisis, se afectará la actividad productiva nacional y se colocará al borde de la quiebra a importante número de empresas.

Advierte también que la Ley de Ingresos en su texto original, además de los incrementos impositivos, serían un factor adicional de incertidumbre que afectaría aún más el ritmo de desaceleración económica durante 1999 y revertirían lo logrado hasta ahora para alcanzar una estructura fiscal moderna y competitiva.

Reforma fiscal consensada, piden líderes obreros y empresariales

Representantes de obreros y empresarios pidieron una reforma fiscal consensada que estimule el desarrollo nacional, induzca al crecimiento económico con equidad y logre un mayor equilibrio entre salarios, precios, utilidades y fisco.

En el foro La Reforma fiscal integral: la perspectiva de las instituciones, realizado en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos advirtió que para el año 2000, 50 por ciento de la población económicamente activa estará dedicada a la economía informal.

Mencionó que si al monto de evasión fiscal reconocido por el gobierno --aproximadamente 86 mil millones--se le sumara lo que podría ingresar de la economía fiscal, se tendrían unos 340 mil mi- llones de pesos, por lo menos 30 mil más de los recaudados el año pasado.

Pablo Mendoza, del mencionado instituto, aseguró que la economía informal constituye un ``robo organizado'', por lo que su inclusión en el sistema tributario eliminaría la queja gubernamental por la baja recaudación, pues hay sectores significativos, como el del transporte, que cuenta con un número estimado de 250 mil unidades de servicio colectivo cuyos propietarios no pagan impuestos.

A su vez, la senadora del Partido de la Revolución Democrática Rosalbina Garavito aseguró que la reforma fiscal propuesta por su partido pretende fortalecer permanentemente los ingresos fiscales, fomentar la inversión y promover el ahorro, además de reorientar el gasto público y redistribuir el ingreso.

Para la legisladora, la verdadera salud de las finanzas se mide por su capacidad para promover un crecimiento sostenido y estable y no por lucir una cifra de déficit cercano a cero como supuesto fundamento macroeconómico sano, sobre todo cuando tales finanzas equilibradas son resultado del maquillaje de las cifras y del uso político de la economía.

Por parte de la Confederación de Trabajadores de México se pidió ampliar la base de contribuyentes a fin de que la política fiscal sea un instrumento para estimu- lar el desarrollo nacional.

Adrián Carrillo Jarillo, asesor de la Comisión de Impuestos del Consejo Coordinador Empresarial, expuso por su parte que para el organismo cúpula de este sector, la mejor opción consiste en concentrar acciones y recursos en áreas estratégicas cuya atención redunde en beneficios hacia otros sectores, así como reforzar la capacidad de promoción y gestión del Estado para cumplir con su responsabilidad de alentar el crecimiento y generar oportunidades de desarrollo.