La Jornada 24 de noviembre de 1998

En México, nulo respeto a garantías para ejercer la libertad sindical

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 23 noviembre Ť Autoridades gubernamentales mexicanas reconocieron, en discusiones confidenciales con sus contrapartes canadienses, que las elecciones sindicales en México no son secretas y que existen pocas garantías para la libre opción de un sindicato por los trabajadores, según un documento del gobierno de Canadá obtenido por el sindicato siderúrgico de ese país y entregado a La Jornada.

El sindicato siderúrgico se unió al Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y a varias organizaciones canadienses y estadunidenses en una queja formal, según la cual una elección sindical en la planta de la empresa Itapsa, en Los Reyes, estado de México, demostraba que el gobierno mexicano no aplica sus propias leyes laborales para garantizar el derecho al contrato colectivo y la seguridad y salud de los trabajadores.

Intimidación de cetemistas

En la protesta -presentada ante el organismo laboral establecido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Canadá- se sostiene que el año pasado Stimachs, sindicato afiliado al FAT, solicitó representar a los trabajadores en la planta de frenos, pero éstos fueron ``intimidados'' por miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y se les negó el derecho al voto secreto.

``Los trabajadores fueron obligados a votar en voz alta ante representantes de la gerencia y vigilantes cetemistas, y en medio de un clima hostil creado por las bandas de pistoleros contratados por la central obrera'', dijeron los sindicatos, que además sostuvieron que la planta de Itapsa, la cual es propiedad de la empresa estadunidense Dana, ``viola las leyes mexicanas de salud y seguridad'' de los trabajadores.

May Morpaw, la funcionaria canadiense que dirige la oficina encargada de administrar los acuerdos paralelos laborales del TLC, se entrevistó en la ciudad de México con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el pasado 9 de septiembre.

En sus apuntes de esa reunión, entregados a La Jornada por el sindicato canadiense, Morpaw reportó que los funcionarios mexicanos opinaron que el voto secreto ``no es necesario'' en una elección sindical. En entrevista con este periódico, la canadiense confirmó la autenticidad de las conclusiones producto de la reunión organizada por Rafael Aranda, el encargado en México de la oficina laboral del TLC, pero dijo esperar que no fueran hechas públicas.

``Un voto secreto no es superior o mejor que un voto abierto'', habría comentado en esa ocasión un funcionario mexicano a Morpaw, según su minuta de la reunión del 9 de septiembre. Los representantes de la STPS argumentaron que el voto abierto es ``una práctica histórica'' y consistente con la ``cultura mexicana''.

Para el representante de Asuntos Internacionales del sindicato siderúrgico canadiense, Gerry Barr, ``esto es un reconocimiento no sólo de una norma deficiente de derechos laborales, sino de una regla inexistente para llevar a cabo elecciones libres y justas''.

En entrevista vía telefónica desde sus oficinas en Toronto, Barr señaló que estos apuntes también contienen un reconocimiento explícito de las autoridades mexicanas a la falta de protección ante la intimidación contra los trabajadores, antes o después de una elección sindical.

``Hay una suposición de que el voto es libre y abierto, (pero) no hay medidas para asegurar que lo sea''..., habría declarado un funcionario mexicano, según lo anotado por Morpaw. Agregó que ``(una) junta puede detener la elección si observa coerción, pero no hay garantías de que esta práctica no ocurrió antes del voto o en el propio sitio'', habría dicho.

Morpaw tomó nota de que los funcionarios mexicanos -los cuales no son identificados por su nombre- no creen que el hecho de que los patrones estén enterados de cómo están votando sus trabajadores sea ``peligroso'' para los empleados. ``No hay una consideración de que existe una diferencia entre el poder del trabajador individual y su patrón'', señaló.

``Según los funcionarios mexicanos, bajo la ley en ese país los trabajadores serán despedidos si el sindicato que apoyaron no gana. La mayoría de los contratos colectivos contienen una cláusula que permite despedir a quienes no apoyan con su voto al sindicato. Por lo tanto, la cláusula de exclusividad en vez de ser una protección se utiliza como un mecanismo en su contra''. El sindicato canadiense también difundió los comentarios -por escrito- del gobierno mexicano sobre el caso de Itapsa, entregados a la oficina de Morpaw.

``La Ley Federal del Trabajo (LFT) no autoriza que la Junta de Conciliación y Arbitraje investigue y castigue actos de violencia o intimidación en las actividades sindicales'', se afirma.

Salud y seguridad

En estas declaraciones escritas, los funcionarios mexicanos reconocen la existencia de una serie de problemas de salud y seguridad en Itapsa, incluyendo la falta de un manual de procedimientos para manejar químicos peligrosos y de capacitación para los trabajadores.

Pero, según Barr, una de las preocupaciones centrales de su gremio es que a los trabajadores mexicanos se les niega el derecho de escoger un sindicato de su preferencia a través del voto secreto y sin ninguna intimidación.

El sindicalista canadiense comentó a La Jornada que en las reformas constitucionales promulgadas en México en 1978, se incluyó un artículo sobre libertades laborales y sindicales, que garantizaba el derecho al voto ``a través de elecciones directas y secretas''.

También indicó que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, está intentando lograr que la Junta Local de Conciliación ponga en operación el derecho al voto secreto. A su vez, el director de Asuntos Laborales del gobierno capitalino, Manuel Fuentes, ha condenado abusos que resultan de la falta de ese derecho.

Los comentarios de los funcionarios mexicanos a sus contrapartes canadienses revelan una falta ``extraordinaria'' de derechos laborales fundamentales, aseveró Barr, quien advirtió que tanto su sindicato como otros de su país y de Estados Unidos y de México, continuarán denunciando estos asuntos ante los diversos foros internacionales.