Alberto Aziz Nassif
El PRI contra el IFE

En una clara muestra de berrinche político, el PRI decidió retirarse de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) del pasado 16 de noviembre; asimismo, informó que no regresará al organismo hasta que se restablezca una supuesta legalidad alterada.

El pretexto fue que el IFE aceptó incluir una petición del PRD en asuntos generales. Se trata de una queja que el perredismo pidió investigar al IFE sobre recursos económicos indebidos que recibió el PRI durante la campaña electoral de 1994. En esa sesión, siete consejeros votaron a favor de incluir en asuntos generales la petición del PRD; el consejero presidente votó en contra y una consejera se abstuvo. Casualmente, el retiro del PRI se da en una sesión en la que el tema principal era discutir el informe de la comisión de especialistas sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, otro proyecto que no goza de las simpatías del priísmo. El conflicto tiene varios planos e implicaciones y, por supuesto, va más lejos que una simple inconformidad por un asunto de reglamento de sesiones.

1. La cuestión de procedimiento. En el Reglamento de Sesiones del Consejo General del IFE se establece con toda claridad en el artículo 7, punto 4, que: ``los consejeros y representantes pueden solicitar al Consejo la discusión en `asuntos generales' de puntos que no requieran examen previo en documentos, o que sean de obvia y urgente resolución''. En este sentido no hubo ninguna violación legal a los mismos ordenamientos del IFE, por lo que la inconformidad del PRI es completamente improcedente.

2. La cuestión legal. En septiembre, el PRD presentó una queja al IFE para que fueran investigados una serie de recursos transferidos al PRI en 1994. La Junta General Ejecutiva del IFE recibe la queja y acepta revisar el expediente; después de un tiempo decide que sí procede el caso y que esa es la instancia legal competente, por lo cual emplaza al demandado, el PRI, el cual responde que el caso es cosa juzgada.

En esos días la Junta decide que hubo una equivocación y que no es la instancia adecuada para dar curso a la investigación, y traslada el expediente a la Comisión de Fiscalización, instancia que ahora efectuará la investigación.

Se trata de un caso en el que se presumen violaciones a la legalidad por parte del PRI, ya sea por la vía de recibir dinero de una empresa mercantil, o porque se rebasó el tope de campaña, o por no informar de esos recursos; en cualquier caso, se trata de una violación a la legalidad y, si se comprueba la falta, ese partido se hará merecedor de una sanción.

3. La cuestión política. El PRI ha enfriado sus relaciones con el IFE y establece una presión política para que lo de 1994 quede como cosa del pasado. Desafortunadamente para ese partido el pasado regresa con furia, y los nuevos elementos que hoy aparecen a la vista de todos --Fobaproa, Cabal Peniche-- ponen de nuevo en el centro de la opinión pública ese sistema mafioso de financiamiento político.

Por la reacción del PRI se puede establecer que se trata de algo muy importante no sólo en cuanto a lo que se hizo en 1994, sino a lo que se piensa hacer en el 2000.

En los procesos electorales de este año fue claro que PRI gastó dinero a manos llenas para sus campañas y que los organismos electorales estatales fueron incapaces de frenarlo, por lo que no es improbable pensar que todos los topes de campaña quedaron rebasados; una estructura partidista que opera con compra de voto y guerras sucias necesita mucho dinero para mantenerse.

Detrás del actual IFE se encuentra una larga lucha para tener elecciones confiables y organismos autónomos en México. La embestida del PRI en contra del IFE es una amenaza grave no únicamente para dicha institución y sus consejeros, sino para los mismos avances electorales, indispensables para la estabilidad y el cambio político.

Debilitar al IFE es debilitar las expectativas y las condiciones de una elección confiable en el año 2000.