La acción sorpresiva realizada ayer por diversas instancias federales y estatales en el Distrito Federal, estado de México, Morelos e Hidalgo, que permitió la consignación y encarcelamiento de 87 efectivos policiales -53 de ellos en esta capital- sobre quienes pesan diversas acusaciones por robo, abuso de autoridad, lesiones y homicidio, así como la gestión de 160 órdenes de aprehensión contra otros tantos malos elementos, reviste una doble importancia. Por una parte, se trata de una medida efectiva de depuración en las corporaciones de seguridad pública y vigilancia privada que, previsiblemente, reportará favorables resultados en materia de seguridad pública; por la otra, constituye un gesto inequívoco de decisión para combatir la delincuencia infiltrada en tales corporaciones.

En la primera de esas perspectivas, es obvio que aún faltan muchos operativos como el realizado ayer -es decir, mucho trabajo de inteligencia, de investigación, de fundamentación, de cooperación y de operación-, para culminar la vasta depuración que se requiere en los cuerpos policiales del país, de modo que éstos recuperen sus funciones originales como garantes de la seguridad y el orden públicos.

En la segunda, es inevitable vincular lo realizado ayer con el establecimiento del Programa Nacional de Seguridad Pública, en lo federal, y en lo que concierne a la capital del país, con la advertencia formulada por el titular de la SSP, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado 16 de noviembre señaló que la policía preventiva no está cumpliendo con su tarea y emplazó a los jefes policiales y a la corporación en general a que, a más tardar en una semana, frenaran los índices delictivos.

Por otra parte, además de la voluntad política y del apego a la legalidad mostrados en el operativo de ayer, cabe felicitarse por la colaboración interinstitucional entre diversas corporaciones del Distrito Federal y de otras entidades, así como de la Secretaría de Gobernación.

Ha de señalarse, a este respecto, que la tradicional falta de comunicación y las rivalidades entre cuerpos policiacos han sido un terreno propicio para la impunidad, y resulta auspicioso que en esta ocasión haya habido la voluntad de enfrentar, de manera conjunta, a los policías delincuentes ya consignados y a los que se encuentran sujetos a investigación.

Finalmente, la participación activa de la sociedad será crucial para llevar a término la moralización y la depuración de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia, tareas que constituyen los primeros e imprescindibles pasos para derrotar a la delincuencia. Los ciudadanos deben denunciar todo abuso, todo intento de extorsión y todo maltrato de que sean víctimas, tanto para sancionar a los culpables como para disuadir a los servidores públicos que sientan la tentación de infringir la ley.