La Jornada 24 de noviembre de 1998

Purga de policías

José Antonio Román Ť Con la coordinación de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos y procuradurías de Justicia del Distrito Federal y de los estados de México, Hidalgo y Morelos cumplieron un total de 87 órdenes de aprehensión en contra de agentes de Seguridad Pública, Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar y 47 empresas de seguridad privada.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Seguridad Pública, Jesús Murillo Karam, informó que los delitos por los que se ejecutaron las órdenes de aprehensión van desde robo, lesiones, violación, fraude, despojo y hasta homicidio. Algunas de esas órdenes datan de 1991.

Asimismo, el funcionario detalló que para la realización de ese operativo se utilizó el banco de datos que se creó con el Sistema Nacional de Información, mediante el cual se pudieron cruzar esas órdenes de aprehensión. Incluso, anunció que ese programa se ampliará a todo el país y será de manera permanente.

De los 87 agentes aprehendidos, 53 corresponden al Distrito Federal, 32 al estado de México, uno a Hidalgo y otro más a Morelos.

Durante la conferencia, realizada anoche en la Secretaría de Gobernación, el funcionario del gobierno federal precisó que de las 71 empresas de seguridad privada que fueron convocadas para realizar una exhaustiva revisión de los elementos de dichas instituciones en los términos que establece la ley, 28 no acudieron.

Ante esa negativa, las corporaciones recibirán diversas sanciones que pueden llegar hasta la cancelación del registro y que desaparezcan del ámbito de la seguridad privada. Por cierto, se informó que de las 71 empresas, sólo 20 cuentan con el registro correspondiente de la Secretaría de Gobernación, mientras que las 51 restantes lo tienen en trámite.

En el cumplimiento de las órdenes de aprehensión participaron unos 500 integrantes de las policías de los estados participantes y el Distrito Federal. Los funcionarios de Gobernación no pudieron precisar cuántos de los elementos aprehendidos pertenecen a corporaciones policiacas públicas y cuántos a privadas.

Murillo Karam manifestó que, tras esas acciones, ahora corresponde al Poder Judicial continuar la labor en contra de la delincuencia, y expresó su confianza de que sabrá aplicar la justicia. Añadió que antes de cumplir dichas órdenes de arresto se verificó su vigencia, pues varias de ellas datan de 1991.

Destacó que el objetivo de ese tipo de operaciones es ir depurando los diferentes órganos policiacos, mediante la acción de las propias policías y en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Entre las 28 empresas de seguridad privada que no acudieron a la convocatoria se encuentran Grupo Empresarial Bresa, Protección Industrial Privada, Protección Privada y Vigilancia a las Empresas, Seguridad Interna del Sur, Industrias RK, Base de Seguridad Mexicana y Grupo Prosaro.


Algunos hechos delictivos en los que han estado involucrados efectivos de la SSP

A la fecha son procesados 39 elementos de los desaparecidos grupos Zorros y Jaguares de la SSP por los hechos ocurridos el 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenos Aires, acción en la que seis jóvenes fueron secuestrados, ejecutados y sus cadáveres abandonados en el Ajusco y Tláhuac. El 2 de noviembre pasado la Procuraduría de Justicia capitalina pidió aplicar pena de 50 años de cárcel contra tres ex jaguares.

En operaciones conjuntas de la PGJDF y la SSP el 5 de abril se logró aprehender a dos agentes judiciales federales y a cuatro policías preventivos, quienes encabezaban tres bandas de delincuentes dedicadas al secuestro exprés, la extorsión y el robo a tarjetahabientes.

Dieciocho elementos de la Policía Montada en Tláhuac fueron detenidos acusados del secuestro y violación de tres jovencitas de 13, 15 y 18 años de edad, a quienes encerraron en las instalaciones de su base desde la noche del domingo 19 hasta que lograron escapar la madrugada del jueves 23 de julio. A la fecha 15 policías son procesados por estos hechos.

Luego de un altercado verbal el mediodía del viernes 6 de noviembre, el policía auxiliar Carlos Campos Torres, adscrito a Tlatelolco, disparó a un residente en la cara. El uniformado se dio a la fuga y se encuentra prófugo.

El 13 de noviembre cuatro policías fueron detenidos por tratar de extorsionar al dueño de un camión de transporte cargado con sidra que horas antes había sido robado y los agentes encontraron en Perisur. Pedían 20 mil pesos para devolver el vehículo con la mercancía.


Los archivos de Gobernación

Para la detención y posterior consignación de los elementos policiacos y de los miembros de las empresas privadas de seguridad, resultó vital el apoyo de la Secretaría de Gobernación, que posee un registro policial donde se incluye a todos los elementos en activo, inactivos o sancionados de las corporaciones del país.

En las oficinas de la Dirección de Normatividad, a cargo de Víctor Manuel Crespi Gallardo, responsable de la vigilancia de las empresas de seguridad privada de ámbito federal, la ubicación de los nueve elementos de las firmas privadas se basó en un trabajo de inteligencia sustentado en la comprobación de homónimos --personas diferentes pero con el mismo nombre--, y otras técnicas para evitar confusiones y establecer identidades.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de los estados de México, Morelos e Hidalgo; con los datos entregados por la Secretaría de Seguridad Pública, y con base en los registros de la propia Secretaría de Gobernación, comenzó el trabajo de comparación de bases de datos sobre la filiación, antecedentes y ubicación de cada uno de los efectivos posteriormente aprehendidos.

Este trabajo de revisión de expedientes, que por lo menos implicó la comparación de cerca de 5 mil de ellos, resultó necesario para evitar la confusión entre inculpados, con base en la comprobación por actividad, modos de actuación, tiempo y circunstancia, para posteriormente pasar, según los manuales de inteligencia aplicados al caso, a la acción coordinada por círculo de competencia.

La eliminación de homónimos, el establecimiento de actividades, lugares, fechas y perfil físico y sicológico, determinó finalmente la identidad de los nueve inculpados en los tres estados antes mencionados, y que se refugiaron en empresas privadas de seguridad en la ciudad de México.Y este trabajo de inteligencia continúa. (José Galán)