53 arrestos en el DF, 32 en el Edomex, uno en Morelos y otro en Hidalgo
José Galán Ť En una acción concertada, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública cumplimentaron ayer órdenes de aprehensión contra 53 efectivos de cuerpos de seguridad públicos y privados, acusados por delitos que van desde abuso de autoridad y robo, hasta violación y homicidio, con base en las instrucciones del jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
En coordinación con la Secretaría de Gobernación y autoridades de los estados de México, Hidalgo y Morelos, el gobierno capitalino integra además otros 160 expedientes para obtener órdenes de aprehensión en contra de un número igual de integrantes de las corporaciones policiacas públicas y privadas, mediante el trabajo de inteligencia necesario para establecer la verdadera identidad y lugar de adscripción de los inculpados.
Luego de las acciones realizadas, en una acción calificada de ``inédita'' por las autoridades capitalinas, en puntos de reunión de los policías, y en la que participaron más de 150 agentes de la Policía Judicial y del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), los 53 efectivos fueron enviados a los tres reclusorios de la ciudad, de cuyos juzgados salieron las órdenes de arresto en su contra, algunas de las cuales, reconoció Samuel del Villar, fueron giradas incluso desde 1991, y que habían mantenido vigentes las propias autoridades judiciales.
Los primeros 53 policías en ser consignados a los diferentes reclusorios formaban parte de corporaciones policiacas públicas y privadas: 25 de ellos a la Policía Auxiliar, 16 a la Policía Bancaria e Industrial, y 12 a diversas empresas de seguridad privada. Mientras tanto, continúan bajo revisión por lo menos otros 160 expedientes de policías de todas las corporaciones públicas y privadas, ``en el marco de una campaña de depuración de malos elementos que será permanente'', agregó Del Villar.
Las autoridades dieron cumplimiento a 42 órdenes de aprehensión; seis órdenes de reaprehensión; tres órdenes de aprehensión contra individuos buscados tanto en el estado de México como en el Distrito Federal, y dos órdenes más contra individuos buscados en Hidalgo y en la capital del país. Resalta el caso de José Nicolás Leyte Salas, ex miembro del grupo Zorros , involucrado en el caso Buenos Aires, y quien trabajaba en una empresa de seguridad privada en esta ciudad.
Con respecto a la participación de la Secretaría de Gobernación y de las autoridades de los estados de México, Morelos e Hidalgo, se integró un grupo de análisis de expedientes de trabajadores de las empresas privadas de seguridad que descubrió la presencia en empresas de ese giro en la ciudad de México de elementos buscados por sus respectivas policías.
``Vamos a seguir con el análisis de todos los expedientes y los vamos a confrontar con las órdenes de aprehensión que tiene la PGJDF, y en los casos que proceda, pondremos a disposición en forma inmediata al personal que tenga algún antecedente penal'', dijo por su parte Alejandro Gertz Manero, jefe de la policía capitalina. ``Todo ello, para garantizar que nosotros comenzamos por casa con nuestra propia depuración y con nuestro propio personal. Lo hemos hecho con todo el cuidado. Se han revisado todos los documentos y expedientes, en una muestra del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y la PGJDF, como de la Secretaría de Gobernación y las autoridades de Morelos, Hidalgo y estado de México''.
Mientras tanto, continúa ``con sumo cuidado'' la revisión del resto de los expedientes, reveló Mauricio Tornero, director de la Policía Judicial del Distrito Federal, ``a fin de no caer en abusos o equivocaciones en el resto de los expedientes en proceso de integración''.
Samuel del Villar insistió en que durante las acciones de presentación, arresto y consignación, no hubo ningún tipo de violencia ni contratiempos, ``en un hecho sin precedente, acatando la instrucción precisa del jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, de hacer valer el imperio de la ley usando todos los elementos a disposición de las instituciones de seguridad pública''.
Las operaciones, a decir de Gertz Manero, ``han provocado una reacción muy favorable dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, porque de alguna manera los miembros saben que hay una distinción: a nadie le conviene estar trabajando en una corporación donde no hay distinción entre delincuentes y policías. Se deben sentir satisfechos''.