Liberan a criminales por la elasticidad del Código Penal
José Galán Ť Las nuevas modalidades de delincuencia organizada han convertido en ``obsoletas'' las actuales leyes, por lo que ``ya no corresponden a la realidad actual, y ante el hecho de que el crimen organizado no es readaptable'', el subsecretario de Gobierno, Leonel Godoy Rangel, se manifestó por sustituirlas y establecerlas en un marco jurídico local.
Luego de asegurar que el sistema de impartición de justicia debe actuar sin interferencia de otro poder, ``fuera de los vaivenes políticos, con imparcialidad e independencia'', el funcionario capitalino reveló que esta semana la administración de Cuauhtémoc Cárdenas enviará a la Asamblea Legislativa dos nuevas iniciativas de ley: la Ley de Ejecución de Sanciones y la Ley de Reclusorios para el Distrito Federal.
Godoy Rangel consideró que ``el grave flagelo'' que significan el crimen organizado y el crimen colectivo ``se deben castigar con penas que logren destruir su poder económico y que disuelvan la organización criminal'', al enviar a sus miembros ``a prisiones de máxima seguridad, junto con todos aquéllos que socialmente no sean readaptables''.
``El crimen organizado no es readaptable y, por lo tanto, quienes lo realizan no deben de obtener su libertad'', dijo. ``Por las características que presentan este tipo de personas, como la organización colectiva y su poder económico, es necesario buscar alternativas penales que logren castigar a ese cáncer social, cruel y poderoso''.
Para el funcionario, la reforma penitenciaria deberá ser un medio para prevenir los nuevos delitos, readaptar a los delincuentes ``con sentido humanístico'', y tener como base el trabajo y la educación para alcanzar su libertad por medio de los beneficios que les otorga la ley.
En el caso de la primera iniciativa de ley de ejecución de sanciones, la intención gubernamental es atender a los sentenciados, es decir, a todos aquéllos que han sido encontrados culpables de algún delito, mediante el estudio del comportamiento, el perfil criminógeno y a la respuesta que den a sus terapias sicológicas y pedagógicas, para poder alcanzar la libertad antes de cumplir toda la sentencia.
La ley vigente, que data de 1971 y que se denomina Normas Mínimas para la Readaptación del Sentenciado, da margen de discrecionalidad a la autoridad para conceder todos esos beneficios, ``porque carece de requisitos claros'', dijo Rangel Godoy.
``En la nueva iniciativa, se establecerán los criterios precisos que deberán cumplir los internos para obtener los beneficios de las libertades anticipadas, con el fin de que la autoridad ofrezca al reo y a la sociedad certidumbre en el otorgamiento de los beneficios'', señaló.
Por su parte, la ley de reclusorios regulará el funcionamiento de las cárceles y penales del Distrito Federal, ``para que los presos tengan una atención más técnica que ayude al funcionamiento del sistema de cárceles, manteniendo ocupados el mayor tiempo posible a los reclusos'', agregó.
El funcionario consideró que para combatir la corrupción, la sobrepoblación, la drogadicción y el alcoholismo en los reclusorios capitalinos, es necesario dotarlos de suficiente personal técnico, como son sicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, ``por lo que se propone en dicha iniciativa la creación de las figuras de técnico penitenciario y supervisor de aduanas''.
El gobierno capitalino considera que estas nuevas figuras ``coadyuvarán a combatir la corrupción y cumplir con los programas de readaptación social''.