Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM mencionado hoy en estas páginas indica que, hoy en día, un trabajador promedio debe laborar 34 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica alimenticia, sin considerar gastos de vivienda, salud, educación, vestido, calzado y cultura. En 1987, el tiempo de trabajo necesario para tal fin era de 8 horas. Otro indicador de la severa devaluación que ha sufrido el trabajo en décadas recientes puede encontrarse en la edición de ayer de este diario, en la que se presenta información oficial tomada de los anexos del cuarto Informe de gobierno de Ernesto Zedillo, según la cual el salario real alcanzó, en el año en curso, su nivel más bajo desde 1965.

No puede ignorarse que el retroceso salarial sostenido coincide en el tiempo con la serie de administraciones neoliberales que comenzó en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Y, aunque el poder adquisitivo del salario no forma parte de la obsesión de las autoridades económicas por vigilar el buen desempeño de los indicadores económicos, es precisamente este dato en el que se refleja, con mayor crudeza, el fracaso de la ideología económica imperante en el país.

La gráfica descendente -e inapelable-- de los sueldos deja sin fundamento alguno la larga retahíla de promesas oficiales que, desde 1983, ofrecen recuperación económica, mejorías reales en el nivel de vida y bienestar para la población. Por el contrario, el ataque sistemático contra los ingresos de los trabajadores ha tenido consecuencias devastadoras para el conjunto del país y para su economía: ha hecho inviable el empleo fijo y regular para millones de ciudadanos y los ha lanzado a las filas de la economía informal; les ha anulado las posibilidades de contratación de créditos; ha provocado la contracción del mercado interno y ha lesionado la calidad de la mano de obra nacional, con lo cual la economía mexicana, en su conjunto, ha perdido competitividad en el ámbito de la economía global.

Adicionalmente, el deterioro de los ingresos salariales y la reducción del número de asalariados han incidido negativamente en las perspectivas de recaudación fiscal, lo que acaso explica -aunque no justifique- la actual obsesión de las autoridades hacendarias por exprimir a los causantes más allá de lo ética y legalmente permisible.

Este panorama económico se traduce, en lo humano, en cancelación de expectativas y en un sistemático deterioro del nivel de vida de la mayor parte de los mexicanos, los cuales, hoy en día, trabajan más y ganan menos que hace tres décadas.

Cabe preguntarse, por último, cuánto tiempo más podrá soportar la sociedad esta tendencia depredadora antes de desembocar en el dislocamiento económico o en un descontento generalizado que conduzca a la ingobernabilidad.