La propuesta del Ejecutivo de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos ha generado un consenso amplio entre los partidos políticos y en los organismos empresariales. La manera como concibe el eje Hacienda-Banco de México lo que nuestra economía requiere es cada vez menos compartida, pese a que sus propósitos, a primera vista, pudieran resultar razonables, aunque no necesariamente congruentes, y ciertamente desmedidos.

Se proponen tres objetivos centrales: a) proteger los niveles de crecimiento y empleo; b) reducir al máximo posible la inflación; c) conseguir la fortaleza fiscal y financiera necesaria para evitar la crisis de fin de sexenio. Las frecuentes intervenciones de Gurría recalcan que se trata de ``garantizar un cambio ordenado hacia la siguiente administración''.

Nadie estaría en contra de ``lograr el mayor crecimiento posible del ingreso y el empleo'', al tiempo que se reduce significativamente la inflación; sin embargo, no son necesariamente compatibles, por lo menos en relación con lo que la sociedad, y no el Ejecutivo, demanda. El crecimiento que se propone de 3 por ciento para 1999 y de 5 para el 2000, reduce las metas establecidas en el Pronafide (5.2 y 5.6 por ciento).

Con esta meta la tasa media anual de crecimiento del PIB de 1983 al 2000 será de sólo 2 por ciento, muy lejos del ``crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable'' que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo de Salinas y en el de Zedillo; menos de la tercera parte del resultado obtenido entre 1970 y 1982 (6.2 por ciento), periodo que para los neoliberales es conocido como populismo y caracterizado como el causante de ``todos nuestros males''. En realidad, el neoliberalismo ha conducido a la economía a una situación de semiestancamiento; por ello, si 3 por ciento es el mayor crecimiento posible es verdaderamente insuficiente.

Pero lo que resulta más grave es que si se revisa la evolución prevista de los componentes de la demanda agregada, se aprecia que el consumo disminuirá su variación real de 6.4 por ciento en 1998 a 1.8; la inversión privada lo hará de 15.3 por ciento a 4.1, y las exportaciones de 8.2 a 5.9 por ciento. Esto, como lo señaló Navarrete (El Financiero, 16/nov/98), no es congruente y sugiere que la meta de 3 por ciento de crecimiento no parece factible.

Lo que en realidad está en el centro es el objetivo de reducir la inflación y todo indica que la meta de 13 por ciento ordena el paquete propuesto. Es bajo esta idea que puede comprenderse la noción de que con una sólida posición fiscal podrá evitarse la crisis de fin de sexenio, como si en 1994 el problema hubiesen sido en las finanzas públicas; en ese año hubo, en la terminología neoliberal, finanzas públicas sanas.

Según los análisis presentados en el PND y en el Pronafide, en 1995 y en 1997 la explicación de las crisis recurrentes se encuentra ``en el bajo nivel de ahorro y en la elevada dependencia del ahorro externo''; hoy se nos trata de hacer creer que conseguir un déficit fiscal de 1.25 por ciento del PIB ``garantiza un cambio ordenado'' en el 2000. El argumento es simplemente demagógico.

El planteamiento hacendario es recaudatorio y recesivo, por ello ha concitado un rechazo generalizado. Los propios diputados del PRI cuestionan la pertinencia de la propuesta presupuestal; los únicos que la defienden son los funcionarios del gobierno federal. Es claro que la discusión inducida por Hacienda respecto al incremento al IVA respondía a una estrategia que fuera abonando el terreno para proponer otro tipo de acciones, cuyos efectos son similares a los del IVA.

El aumento a gasolina y diesel, la propuesta de un impuesto al servicio telefónico, así como la de ``permitir a las entidades federativas la aplicación de un impuesto a las ventas finales, a una tasa máxima de 2 por ciento'', pueden ser equivalentes al impacto sobre los ingresos de las familias de un incremento al IVA, pero sin el costo político de aumentar este impuesto.

Envalentonados con las siete victorias del PRI en las elecciones para gobernador, los funcionarios de Hacienda creen que pueden engañar al Congreso y los contribuyentes, pero olvidan que ya no son mayoría y que, pese a todo, hoy gobiernan menos entidades que hace un año.