La propuesta del Presupuesto Federal para 1999 no le deja mucho espacio para moverse a la política económica, tampoco amplía la visión del país que tiene el gobierno. Esa es la oferta política que hace y, como tal, indica el achicamiento del horizonte para las expectativas de la sociedad, al contrario de lo que dice el discurso oficial. Este es uno más de los inacabables ajustes a los que se ha sometido al país desde 1982. El secretario de Energía expresó el mensaje de modo claro. El gobierno necesita aumentar sus ingresos y para ello ya se aumentó el precio de la gasolina, háganle como puedan.

La presentación de este presupuesto expresa la especie de callejón sin salida en la que se ha metido a la economía mexicana con la serie de reformas que, siendo necesarias, han sido conducidas de manera torpe e incompleta, con enormes irregularidades políticas y administrativas y con un quebranto social de grandes proporciones. Estamos ahora frente a una especie de impotencia a la que se somete a la sociedad ante la falta de una propuesta positiva que constituya una convocatoria política creíble. El programa económico se encontró inevitablemente con su tope que, por cierto, no puede adjudicarse sólo a los choques externos como suele hacerse, ya que siendo fuertes sin duda, éstos encontraron un terreno fértil para provocar un nuevo desequilibrio. El problema está esencialmente adentro, en la frágil estructura productiva y financiera del país. Y se requiere mucho más que una propuesta presupuestal como la que se ha hecho para ``blindar'' a la economía. Otra vez nos vamos a quedar con una mala metáfora y el blindaje habrá que ponerlo en la lista de otras célebres, como la administración de la abundancia o la entrada a las grandes ligas.

Las opciones que se han tomado para vincularse con las nuevas modalidades de la mundialización de los mercados no ha reducido la vulnerabilidad de la estructura de la economía. Se sigue defendiendo a ultranza el libre comercio, cuando habría también razones para revisar el funcionamiento y las repercusiones que ha tenido el Tratado de Libre Comercio. Se mantiene el apego de la gestión monetaria a las corrientes de capital, pero mientras que en los países de origen bajan las tasas de interés, como ocurrió ya por tercera vez en los últimos meses en Estados Unidos, aquí las tasas suben y tienen ahora un piso del orden de 32 por ciento y a muy corto plazo. Y en este escenario no logra plantearse un modelo viable de relación que promueva el funcionamiento de un mercado verdaderamente más competitivo y que al mismo tiempo le confiera un espacio real de acción al Estado. Y no se trata de una adoración por el Estado, sino de entender que si el capitalismo no funciona sin mercados, tampoco puede hacerlo sin el Estado. Sea lo que sea la llamada Tercera Vía, pero los europeos están en esa línea política y es claro que a muchos partidos socialdemócratas les ha funcionado la propuesta en las urnas.

En el fondo del modelo económico que se aplica ya por casi 20 años, y en el que se ubica el Presupuesto 1999, está la necesaria definición política frente al problema más relevante del país y que es la desigualdad. A pesar de lo que se dice formalmente, México es una nación cada vez más desigual y ahí está su mayor debilidad; el único blindaje posible, si se quiere seguir con esta metáfora, es la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de una clase media que soporte la demanda interna. Pero los dogmas políticos son tan fuertes que es notorio el horror que provoca entre el gobierno, las cúpulas empresariales y muchos economistas profesionales cualquier medida económica que incluya las políticas de ingreso. Todas las propuestas son de austeridad, como si ella fuera por sí sola a crear las condiciones en que las fuerzas del mercado -como una señal divina- asignen eficientemente los recursos y multipliquen las oportunidades de empleo y eleven los ingresos reales de la población.

La discusión del presupuesto no sólo en el Congreso sino entre la sociedad, va más allá de una cuestión práctica asociada con la administración durante el próximo año. Hay, claro está, un elemento práctico en el acuerdo sobre la política económica, pero ello no elimina la exigencia política de ver más allá del final de esta administración. Y lo que parece es que este gobierno lo que más quiere es que llegue el año 2000.