No deja de sorprender lo rápido que se arrepiente el PRI-gobierno de los procesos democráticos que él mismo propicia. Quizás piensa que la modernización política es un repliegue táctico temporal revocable. En 1996 el viejo gran partido (en lo sucesivo VGP), que todavía controlaba el Congreso, ``autorizó'' que el IFE se independizara del gobierno. A partir de 1997, cuando el IFE logró las primeras elecciones creíbles de nuestra historia, el VGP, que resultó perdedor, se enojó y lanzó una campaña contra la institución. Hoy parece empeñado en provocar una crisis mayor. Creo que hacia allá apunta su retirada majestuosa e inesperada del Consejo General del IFE.

La disputa de fondo es la investigación que está haciendo el instituto a impulso del PRD y el PAN sobre el origen dudoso y el monto excesivo de los recursos de campaña del VGP en 1994. Este ha convertido el tema en algo intocable; se opone a que siquiera se inicie una pesquisa. Es obvio: está defendiendo la legitimidad de la elección del presidente Zedillo.

El problema legal que sirvió como pretexto al retiro del PRI carece de sustancia. 1) El PRD pidió con anticipación que en la sesión extraordinaria del Consejo General citada para el pasado martes 17 se informara sobre el estado de la investigación. 2) Al iniciarse la reunión, el consejo tomó en cuenta la petición del PRD y resolvió incluir el tema como asunto general. La votación fue contundente: siete votos a favor, uno en contra y una abstención. 3) Si bien de acuerdo con el reglamento en las reuniones extraordinarias del consejo sólo pueden tratarse asuntos previamente agendados, el artículo 7.4 del mismo ordenamiento autoriza al consejo a decidir sin necesidad de debates todo asunto que se considere de obvia y urgente resolución. Los consejeros consideraron que estaban en el caso y simplemente lo incluyeron. 4) La disposición que sirvió para resolver es clara e inequívoca. Permítaseme dar aquí ``una interpretación auténtica''. Cuando fui consejero ciudadano del IFE, se me mandató para elaborar el reglamento de marras. Doy testimonio de que la excepción del artículo 7.4 me fue sugerida por los partidos que querían garantizar la ``libertad de expresión'' en el consejo. Este principio se estableció en el artículo 2o. No me dejarán mentir ni el presidente José Woldenberg (quien sorpresivamente votó en contra), ni Fernando Zertuche, secretario ejecutivo; ambos eran consejeros ciudadanos en la época del reglamento y votaron a favor de la aprobación, como todo el consejo. 5) El representante del PRI reaccionó a la resolución abandonando la sesión y su partido anunció que se iría del instituto, quizás con la certeza de que así le abriría un hueco capaz de hundirlo.

La reacción extrema del VGP pudiera estar anunciando una estrategia desestabilizadora: 1) Medios controlados o influidos por él están desde hace meses en una campaña para ennegrecer la imagen de la institución. 2) Es probable que la mano del gobierno estuviera en los conflictos para la designación de secretarios ejecutivos muy cercanos al oficialismo. 3) En los círculos del poder probablemente hay mucha irritación por la independencia creciente del consejo. Puede haberse consolidado la voluntad política de doblegar al IFE a ``como dé lugar'', incluso de iniciar algunos juicios políticos contra consejeros muy independientes. 4) Pudiera estarse estimulando una crisis de liderazgo en la institución; provocar la renuncia del presidente y/o de uno o varios consejeros. Podría haber la expectativa de recomponer el consejo de cabo a rabo. Lo que no es fácil, pero tampoco imposible, como se demostró en 1996.

Si existe la voluntad de atacar al IFE por parte del gobierno, ésta podría ser autodestructiva. Las elecciones presidenciales del año 2000 están poniendo nerviosos a todos. Por primera vez en 70 años, los resultados son inciertos. Un IFE verdaderamente independiente podría reconocer el triunfo de un opositor, aunque los consejeros reconocerían sin dudarlo el triunfo del PRI, si éste realmente lo obtiene. Si la institución está desgastada o dividida internamente y el VGP gana con poca diferencia, el reconocimiento podría carecer del peso necesario. Una impugnación y un complejo y violento proceso poselectoral podrían desencadenarse. A la mejor el VGP no cree que los tiempos han cambiado, pero el México político de 1988 ya no existe. El 2000 podría ser la fecha de un desastre, si las instituciones electorales rinden un veredicto que no sea creíble para la población. Todos los que están a favor de la paz y la estabilidad política, dentro y fuera del sistema, deberían defender al IFE de las amenazas externas, vengan de donde vengan.