EL TONTO DEL PUEBLO Ť Jaime Avilés
Zapatistas en el Fobaproa

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de noviembre Ť Hace un año -cuando el Fobaproa todavía era un cadáver guardado en el ropero central de Los Pinos-, la administración del doctor Ernesto Zedillo solicitó al Congreso una partida de 15 mil millones de pesos para el ``saneamiento'' de la banca. Hoy, doce meses después -bajo la sombra del mayor fraude financiero que se recuerde en la historia de México-, el Ejecutivo pide 183 mil millones de pesos para lo mismo.

La diferencia, cabe advertirlo, es de mil 200 por ciento. ¿Por qué? Porque con el anteproyecto de Ley Federal de Egresos para 1999, presentado el viernes de la semana anterior por José Angel Gurría, secretario de Hacienda, el enigma del Fobaproa ha quedado prácticamente resuelto.

Para los hombres del ``gobierno'' es de vital importancia pagar, al costo político que sea, la deuda que tienen con los banqueros. Y vital, en este caso, quiere decir cuestión de vida o muerte, porque la mafia, ya se sabe, no perdona. Trátese de quien se trate.

Repasemos, brevemente, la película.

Marzo de 1998.

El Ejecutivo federal envía al Congreso de la Unión una iniciativa de ley, que propone convertir en deuda pública 552 mil millones de pesos, cantidad que de 1994 a 1998 el régimen entregó a los bancos privados en forma de pagarés avalados por el Banco de México.

Mayo de 1998.

El Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Andrés Manuel López Obrador, alerta a la opinión pública sobre las catastróficas consecuencias que tendría para la economía del país la aprobación de esta medida.

Agosto de 1998.

Después de una eficiente campaña de información sobre la inconstitucionalidad del Fobaproa, el PRD organiza una consulta pública al respecto y 3 millones y medio de personas votan contra la iniciativa presidencial.

Septiembre de 1998.

Al rendir su cuarto informe de actividades, Zedillo se abstiene de mencionar el tema Fobaproa y, mucho menos, la consulta. En la Cámara, el PRI modifica levemente la iniciativa presidencial y sugiere que el Congreso convierta en deuda pública sólo 70 por ciento de los 552 mil millones de pesos: o sea, 386 mil millones.

El PAN, a su vez, se pronuncia por legalizar un salomónico 50 por ciento: 276 mil millones. Y el PRD descubre que el salvamento de los cinco bancos que permanecen vivos, y que integran de hecho el sistema de pagos del país, vale 160 mil millones de pesos. Nada más.

Octubre de 1998.

Mientras el PRD se mantiene al margen de las negociaciones e insiste en que antes de hablar de números se debe sancionar la patente ilegalidad del Fobaproa y castigar a los responsables, el PAN y el PRI alcanzan un acuerdo de principio: convertir en deuda pública 63.3 por ciento de los 552 mil millones de pesos.

Noviembre de 1998.

Para contrarrestar la indignación de su propio grupo legislativo y el repudio de sus tradicionales simpatizantes, el PAN fija como único requisito para votar con el PRI que Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, sea sometido a juicio político.

Pero Ortiz, pieza clave en el esquema de complicidades que manejó el Fobaproa a espaldas de la ley, es también uno de los hombres más estrechamente ligados a los intereses políticos del doctor Zedillo. El titular del Ejecutivo, en consecuencia, se niega férreamente a entregar la cabeza del ex secretario de Hacienda, y de momento la alianza PRI-PAN vuelve a desvanecerse.

Bloqueada la vía legislativa que hubiese podido legalizar el Fobaproa, salvar a los inculpados y pagar a los banqueros, el ``gobierno'' opta por una salida autoritaria. Pide 183 mil millones de pesos, como ya se dijo arriba, para el ``saneamiento'' de la banca. Esa cantidad representa 33.3 por ciento de los 552 mil millones del Fobaproa. Y si en el año 2000 repite la dosis, el régimen habrá saldado 66.6 por ciento de su deuda con los banqueros que lo elevaron al ``poder'': 366 mil millones de pesos, 3.4 por ciento menos de lo que había demandado el PRI, pero 3.3 por ciento más de lo que aceptó el PAN.

¿Por qué habla el tonto del pueblo de una ``salida autoritaria''? Es muy sencillo. Si los partidos rechazan en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Egresos para 1999, como ocurrió un año atrás con la de 1998, la iniciativa pasará a la Cámara de Senadores y será aprobada automáticamente gracias a la mayoría absoluta del PRI.

Hay, sin embargo, otras preguntas que no pueden ser contestadas con la misma facilidad. ¿Por qué si el sistema bancario nacional requiere nada más de 160 mil millones de pesos para seguir funcionando, el ``gobierno'' se empeña en crear una situación económica desastrosa para la población, con tal de ``rescatar'' a los bancos que ya están muertos?

¿Por qué el ``gobierno'' se obstina en mantener bajo siete llaves la información que guardan las tumbas del Fobaproa, donde todos sabemos que están los dineros de origen altamente sospechoso que financiaron las campañas electorales del PRI en 1994, tanto la de Luis Donaldo Colosio-Ernesto Zedillo, como la de Roberto Madrazo Pintado en Tabasco?

No hay, no parece haber, una explicación distinta: quienes bajo la tutela de Salinas de Gortari invirtieron enormes cantidades de dinero en el proyecto político ``encabezado'' por la actual administración, recibieron los famosos pagarés del Fobaproa como garantía de que tarde o temprano recobrarían esos fondos y, más aún, gozarían de toda la impunidad necesaria para aumentar sustancialmente sus ganancias.

Sin embargo, esto no ha sucedido así. El tiempo sexenal se agota: a Zedillo le quedan apenas dos años y si no les paga por las buenas -como ya lo intentó y fracasó, al tratar de legalizar el Fobaproa en el Congreso-, tendrá que pagarles por las malas, aumentando 30 por ciento el precio de la gasolina, encareciendo 15 por ciento el servicio del teléfono, creando un IVA extra, de 2 por ciento, en toda la hermosa provincia mexicana, etcétera, etcétera.

En el contexto del desorden económico mundial, el ``gobierno'' apela otra vez a la cantaleta de las medicinas amargas, dolorosas e inevitables. Pero nadie puede tragarse ya este cuento. En las cúpulas del dinero se dice con alarma que los nuevos impuestos afectarán gravemente los planes de expansión de las empresas, acarrearán quiebras y despidos, abatirán los mercados internos y provocarán más delincuencia y mayor inseguridad.

En la calle, desde que el aumento a la gasolina entró en vigor el pasado lunes, ha comenzado a hincharse una ola de enfurecimiento general, que puede adquirir la forma de una monumental protesta, como se vio ayer, durante las manifestaciones del PRD. Y mientras el PAN se muestra de nuevo perplejo, haciendo sus lentas ecuaciones políticas con el torpe ábaco de Felipe Calderón y el abanico de plumas de Vicente Fox Perot, que se saben parados sobre arenas movedizas, en el PRI ha sonado la alerta roja: el paquetazo económico significa la liquidación de sus débiles expectativas para el año 2000.

Estamos, pues, ante la última paradoja del presidencialismo a la mexicana. El Presidente de la República tiene una deuda política con sus patrocinadores ocultos -a quienes protege con el ``secreto bancario''-, y para cubrirla se ve obligado a llevarse entre las patas de sus caballos a su propio partido, a las pocas industrias que funcionan y a una población que su régimen ha empobrecido como nunca.

Sin duda alguna, vivimos los mexicanos en el inicio de una nueva y formidable batalla cívica contra los abusos de la irracionalidad. Antes de aceptar el monstruoso programa de impuestos anunciado por el secretario de Hacienda, nos asiste el pleno derecho de saber quiénes habrán de beneficiarse con este nuevo sacrificio que quieren imponernos.

¿Por qué el representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral se retiró de ese organismo, cuando el martes de esta semana la mayoría de los consejeros ciudadanos votó a favor de reabrir el tema del financiamiento de las campañas que ese partido efectuó en 1994?

¿No es evidente que quienes suministraron esos dineros son los mismos que están en las tumbas del Fobaproa, celosamente defendidos por los hombres del círculo concéntrico de Los Pinos?

¿Por qué no ha prosperado la denuncia penal que Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Procuraduría General de la República, exigiendo que se investigue a fondo el origen de los recursos que Colosio, Zedillo y Madrazo Pintado recibieron para sus campañas electorales?

¿No es obvio que todo queda íntimamente relacionado entre sí y que al solicitar, con terquedad admirable, 183 mil millones de pesos para dar un primer pago a los banqueros el año próximo, el ``gobierno'' ha resuelto con tétrica claridad el enigma del Fobaproa?

La única pregunta que resta, dice el tonto del pueblo, es la siguiente: ahora que ya conocemos la verdad, ¿qué vamos a hacer?

Este es el panorama que se despliega en torno del ``Encuentro de la sociedad civil con el EZLN'', que fue inaugurado ayer en ésta, la ciudad de los coletos. Con todos los hoteles a su máxima capacidad, con hombres y mujeres que han venido de todo el país, desde Tijuana y Monterrey pero también desde Mérida, al punto que quizá por primera vez el contingente mayoritario no es el de la gente de la ciudad de México, la reunión abre un nuevo capítulo en la lucha a favor de la paz justa y digna en Chiapas y por el reconocimiento de los derechos de los indígenas.

Encabezada por el mayor insurgente Moisés -que con esta misión recibe del EZLN un reconocimiento a sus largos años de discreto y valioso servicio en las filas del zapatismo-, la delegación de 29 comandantes de los indígenas rebeldes del sureste deberá trabajar en dos pistas. En una, para pactar con los que sí tienen rostro las condiciones de la consulta nacional, anunciada por Marcos, sobre los acuerdos de San Andrés. Y en la otra, para discutir con los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación sobre las perspectivas, más bien escasas, de restablecer algún tipo de diálogo con el ``gobierno''.

Aunque nada se sabe al respecto y poco es lo que ha trascendido, en los pasillos del ex convento del Carmen, donde se hospedan los jefes insurgentes, se rumora que los zapatistas refrendarán su determinación de enviar a sus representantes a cada uno de los 2 mil y pico de municipios en que se subdivide este país, para defender la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas redactada por la Cocopa en noviembre de 1996.

Lo previsible es que para el domingo en la noche, cuando concluyan los trabajos, se habrá definido una agenda mínima que ordenará el proceso de organización de la consulta. En opinión del tonto del pueblo, que se ha inscrito como delegado del comité de diálogo de Tecamacharco, el reto que a partir de este momento se abre ante el EZLN será cómo vincular los objetivos de su admirable movimiento en esta nueva etapa con los esfuerzos que demandará de la sociedad civil, simultáneamente, la batalla del Fobaproa.

Dicho mejor así: cómo juntar una cosa con otra, en un momento en que los zapatistas, a la luz de la Quinta Declaración de la Selva Lacandona están a favor de una gran convergencia con todas las fuerzas políticas y sociales que dicen luchar por la paz, la transición pactada y la democracia en su acepción más amplia.

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