Costaría $230 mil millones la solución de AN al Fobaproa

Mireya Cuéllar Ť La solución al problema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro planteada por Acción Nacional -en una iniciativa que presentó el jueves pasado ante el pleno de la Cámara de Diputados- tendrá para los contribuyentes del país un costo de alrededor de 230 mil millones de pesos, 41.7 por ciento del adeudo total del Fobaproa (552 mil millones de pesos), y será saldado en los próximos años -no se ha definido si en 10 o 20- vía partidas presupuestales anuales.

El costo fiscal -cuya única diferencia con la deuda pública es el nombre jurídico, y que aquél se paga en anualidades presupuestadas- está estimado a partir de lo que es ``viable e idóneo, no de una quimera, no sueño, no ilusión'', afirmó el diputado Fauzi Hamdan, al presentar la iniciativa el pasado jueves. Es una propuesta, apuntó, ``que conduce a un justo equilibrio en los márgenes de actuación en las políticas financiera y bancaria''.

Y desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el panista convocó a las otras fracciones a sumarse a la propuesta, ``aceptando que puedan enriquecerla'', porque ``no estamos cerrados a proposiciones sanas, viables''.

El esquema, que es en términos generales el mismo que se había ``amarrado'' con la Secretaría de Hacienda y el PRI, contiene dos diferencias de fondo; es menor el costo fiscal ``la de la Mesa de Alto Nivel implicaba que los ciudadanos pagaran 63.4 por ciento de esa deuda'' e impide jurídicamente a quienes participaron en la administración del Fobaproa ser integrantes de la junta de gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que sustituirá al fondo.

En este último aspecto, a los panistas ``se nos pasó la mano'', comentó el vicecoordinador Juan Miguel Alcántara, porque tal y como está redactado el segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la iniciativa, no sólo Guillermo Ortiz y Eduardo Fernández tendrían que renunciar, sino el mismo secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y los vicegobernadores del Banco de México ( Everardo Elizondo, Guillermo Güemes, Jesús Marcos Yacamán y José Julián Sidaouri). El párrafo mencionado dice: ``Ninguna persona que haya participado en la administración del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o como representantes del fiduciario respectivo, miembro de su comité técnico, o funcionario o apoderado de dicho fondo, podrá ser integrante de la junta de gobierno...'' del instituto.

En la estructura del instituto está prevista la participación del secretario de Hacienda. Así que ese asiento sólo lo podría ocupar un nuevo titular de Hacienda, porque el requisito es que no haya tenido nada que ver con Fobaproa y actualmente José Angel Gurría es miembro del comité técnico del fondo, junto con el gobernador del Banco de México y dos vicegobernadores, así como Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero como ese párrafo tiene nombre y apellido, la misma noche del jueves los panistas empezaron a reconsiderar y le harán algunas acotaciones para que los únicos que estén impedidos para participar en la nueva institución sean: Guillermo Ortiz; Eduardo Fernández, presidente de la CNBV; Pedro Zamora, vicepresidente jurídico de la CNBV; y Javier Arrigunaga, director general de Fobaproa.

Los ajustes se harán ``para no injustamente dejar fuera a gente con solvencia moral'', comentó el diputado Alcántara.

De cómo enterrar el cadáver que está en el clóset

El Fobaproa subsistirá ``en fase de liquidación'', mientras se pasan al Instituto para la Protección al Ahorro los activos-pasivos, una vez que como resultado de las auditorías, se determine que son operaciones válidas y legítimas.

A todos los bancos se les regresará cartera que ahora está en Fobaproa -los no intervenidos, como Bancomer, Banamex y Serfin... y los que fueron intervenidos y vendidos o que tuvieron que asociarse para sobrevivir-, porque la capitalización fue general para todo el sistema, aunque a algunos se les compró más o menos cartera.

Las operaciones ilícitas o fraudulentas tendrán que ser asumidas por los bancos ``mediante la disminución de la garantía (o pagarés) que para tal cartera se haya constituido como garante el instituto''. Esto, porque en primera instancia el instituto garantizará todas las operaciones, es decir el monto total de los pagarés Fobaproa en manos de los banqueros. De no ser así, dicen los panistas, el sistema financiero entraría en crisis el mismo día que se aprobara la iniciativa.

Una vez separada la cartera ``lícita'' de la ``fraudulenta'', el nuevo instituto también regresará a los bancos la cartera lícita y a cambio éstos ``voluntariamente'' -dice la iniciativa- podrán optar por ``cancelar las operaciones que mantenían con el Fobaproa'', es decir, regresar los pagarés que les dio el fondo cuando les compró la cartera vencida, o en su caso ``ejercitar sus presuntos derechos al amparo de los títulos de crédito que emitió el fondo'', o sea, irse a los tribunales y ampararse contra la decisión del Congreso, si se aprueba la iniciativa del PAN (artículo 5o. transitorio).

Suponiendo que ninguno de los bancos que tiene en sus manos pagarés del Fobaproa decidiera ampararse -según algunas versiones hubo negociaciones con los banqueros-, ya sobre el monto de la cartera ``lícita'' que los mismos bancos se encargarán de cobrar, porque toda les será devuelta, el instituto emitirá ``garantías'' o instrumentos de pago que cubran el ``derecho de cobro''.

Habrá un mecanismo -fideicomiso- para que los banqueros puedan vender -``afectar'', dice la iniciativa- los derechos de cobro que les devuelva el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y de esta manera estén en posibilidades de emitir títulos de crédito, con el objeto de realizar colocaciones y obtener liquidez.

El instituto emitirá, 30 días naturales después de su legal instalación, la reglas generales bajo las cuales se les otorgarán a los bancos las garantías de derecho de cobro. Algunas de ellas son: ninguna operación que realice el instituto podrá constituir deuda pública directa o contingente; se deberá convenir con los interesados una fórmula equitativa de participación de pérdidas que mejore la originalmente convenida con el Fobaproa; se procurará que el costo, derivado de los créditos que no fueron pagados y que hayan sido objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, sea absorbido por la institución, así como por el sistema financiero, entre otras.