Comité de Naciones Unidas recomienda a la justicia de GB encausar a Pinochet

Reuters, Ap, Afp y Dpa, Ginebra, 20 de noviembre Ť El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura recomendó a Gran Bretaña someter a juicio a Augusto Pinochet aun si decide no extraditarlo, en tanto que en España se especula que de proceder la extradición del ex dictador el proceso podría ser muy largo y el acusado tardaría en pisar la cárcel.

En Santiago, al tiempo que las querellas contra el ex dictador aumentaban a 14, la Iglesia católica chilena abogó por el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, y el gobierno dijo aguardar con ``serenidad'' el fallo de la justicia británica.

``Hace 20 años los dictadores, cuando eran depuestos, podían esperar un retiro feliz y cómodo. Pero ahora, la ley internacional sobre los derechos humanos los ha alcanzado'', y «Este es el caso en que se en- cuentra Pinochet, declaró el presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el canadiense Peter Thomas Burns.

Subrayó que los ex dictadores que mataron, mutilaron y torturaron a conciudadanos están confrontados al hecho de que el derecho humanitario internacional se ha desarrollado y que los estados están entonces obligados a atenerse a esta realidad, al aludir a la Convención contra las Torturas de 1984, que Gran Bretaña ratificó.

Tras exhortar formalmente a la justicia británica a que procese a Pinochet si opta por no extraditarlo a España, resaltó que hoy poco importan las convenciones y tratados internacionales pues la opinión pública considera que cuando se verifica un crimen contra la humanidad, o un acto de genocidio, los autores deben ser juzgados.

La ley británica sobre inmunidad estatal que protege a los jefes de Estado de medidas aplicadas por otros estados debe ser cambiada, a fin de cumplir con las obligaciones emanadas de la ley internacional.

Por ello, sobre el caso Augusto Pinochet, insistió en que ``tienen que investigar, tienen que tratar de armar un caso y luego formular los cargos''.

El comité contra la tortura, que se reúne dos veces por año para examinar las legislaciones y práctica de los estados que hayan ratificado la Convención de 1984, puntualizó que Gran Bretaña al menos debe considerar la opción de procesar al ex dictador chileno si no quiere arriesgarse a violar tratados internacionales.

Confía Thatcher en que se hará justicia

En Londres, la ex primera ministra Margaret Thatcher expresó su ``confianza serena'' en que la justicia reinará en la Cámara de los Lores a la hora de emitir su fallo el próximo miércoles, y aconsejó a los partidarios del pinochetismo no emitir opiniones contingentes para no afectar negativamente la decisión de los jueces.

Se informó que el veredicto será dado a conocer a las 13 GMT del miércoles, el cual se referirá al fallo y no a la resolución en detalle, en una sesión restringida a la prensa acreditada y a las partes interesadas, aunque el texto final se pondrá a disposición del público a las 15:30 GMT en la página www.parlamient.uk, en Internet.

En Madrid, medios de prensa especulaban que de proceder la extradición debería esperarse un trámite largo, incluso hasta de un año, y que el juez Baltasar Garzón primero ordenaría el arresto domiciliario del ex general, o que lo enviaría a una clínica, hospital o residencia, y que debido a su salud y su edad avanzada pasaría sus ratos en la comisaría o en un centro sanitario bajo vigilancia policial.

Asimismo, los reportes indican que el juez está por recibir documentos claves para enjuiciar al ex dictador, pues ya han salido del Palacio de Justicia de Asunción, Paraguay, los famosos Archivos del terror, que fueron solicitados en enero y septiembre pasados.

En la capital española y en Viena se mantienen movilizaciones en favor del enjuiciamiento de Pinochet, mientras que el ministro italiano de Justicia, Oliviero Diliber- to, declaró que la simple posibilidad de juzgar al ex militar tiene ``enorme valor simbólico, removerá conciencias y abrirá nuevos principios en el derecho internacional''.

En Alemania, un tribunal federal ordenó a fiscales locales analizar si Pinochet puede ser acusado por abusos de los derechos humanos, y en París el diario Liberation publicó un relato sobre el asesinato del sacerdote francés André Jarlan, perpetrado en Chile en 1984.

Mientras tanto, en Uruguay el semanario Brecha dio a conocer detalles sobre ocho hombres que golpearon, arrancaron uñas y rompieron huesos a un dirigente sindical tirado en el piso, entre otros casos de chilenos torturados por el pinochetismo.

Por otro lado, peruanos y abogados españoles presentaron en Barcelona una querella criminal contra el presidente Alberto Fujimori y su antecesor Alan García, acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal.

A su vez, el escritor Mario Vargas Llosa insistió en que todos los dictadores latinoamericanos, de derecha e izquierda, desde Alfredo Stroessner a Fidel Castro, deberían correr la misma suerte que Pinochet, e incluyó a Fujimori.

Demandan obispos aclarar el paradero de desaparecidos

En el marco de la Conferencia Episcopal, en Santiago, los obispos chilenos pidieron aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos durante el régimen militar.

El arzobispo Francisco Javier Errázuriz expresó que ``es importante para la transición que al menos los casos más significativos sean cabalmente esclarecidos'', reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez.

En tanto que los obispos valoraron los esfuerzos de los tribunales chilenos por hacer justicia sobre aquellos sucesos y pedían un cambio de actitud para acceder a la plena reconciliación, el ministro de la Presidencia, John Biehl, acogió el mensaje como un llamado a la paz y la concordia y a colaborar con la justicia.

El viceministro chileno del Exterior, Mariano Fernández, dijo que en el gobierno hay tranquilidad sobre el fallo que se espera de la justicia británica, en contraste con comentarios de algunos sectores de derecha que advirtieron que si no regresa Pinochet ``hervirá la olla''.

Por su parte, tanto el ex presidente Patricio Aylwin como el líder del Senado, Andrés Zaldívar, se inclinaban en favor de que el fallo de la Cámara de los Lores ratifique la inmunidad diplomática para el ex gobernante de facto, a quien la derecha espera hacerle un ``homenaje'' el miércoles, día del fallo y de su cumpleaños.

Mientras, familiares de víctimas de la dictadura y representantes comunales presentaron nuevas demandas contra Pinochet por la muerte de 76 dirigentes municipales y pobladores entre 1976 y 1990, para elevar a 14 las querellas en su contra.

En contraposición, un juez dictaminó que no será reabierta la investigación por la muerte de Tucapel Jiménez, líder sindical asesinado por la dictadura.