En los años recientes y de hecho hasta los tiempos actuales, tanto el debate como los avances logrados en el proceso de la reforma política del Distrito Federal se han centrado, sustancial y exclusivamente, en pactos y acuerdos de los partidos políticos, sin la presencia y participación de la sociedad en su conjunto.

Ha sido un error histórico de doble vía: por un lado se ha impuesto el corporativismo de un partido hegemónico y de Estado, como el PRI, resistente al cambio y evasivo para convocar abiertamente a la ciudadanía. Junto a ello, la fuerza opositora hasta antes del 6 de julio del 97 ha sido minoritaria y sus propuestas legislativas fueron bloqueadas recurrentemente por un presidencialismo de extensivos efectos autoritarios en las cámaras de Diputados y Senadores. Por otra parte, los ciudadanos han creado y sostenido dificultosamente sus agrupaciones representativas -ignoradas sistemáticamente por el poder-, que apenas empiezan a convertirse en fuerzas reales de la llamada sociedad civil.

Es cierto que los partidos políticos son instancias de representación de los ciudadanos e intermedian sus aspiraciones con el deber de transformarlas en realidades, pero no todos se sienten representados ni se identifican con sus plataformas ideológicas y posiciones políticas o hasta escépticamente guardan distancia de ellos.

Por ello, ahora se tiene la gran oportunidad histórica no sólo de emprender una reforma política definitiva -la que viene del 68 y esperábamos que se concretara desde hace dos décadas-, sino un cambio con y para los ciudadanos.

Estoy convencido de que la reforma política no sería plena sin la participación ciudadana, pues por más que se esmeraran partidos políticos y legisladores nunca podrían, ni deberían, suplir la riqueza de ideas y pluralidad de las voces de los hombres y las mujeres de la ciudad.

Concluidos los trabajos de las mesas de la reforma política, convocadas en febrero de este año por el propio gobierno de la ciudad de México, se inicia un nuevo proceso, aún más importante, que es el de traducir en iniciativas de ley los múltiples e importantes consensos que avalaran, unánimemente o por mayoría, los cinco partidos políticos participantes.

Ya la Asamblea Legislativa se apresta a elaborar y presentar diversas iniciativas, pero de manera especial por su urgencia las correspondientes a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley Electoral. Así también, de acuerdo con sus facultades, la Cámara de Diputados, mediante la Comisión del Distrito Federal, anunció que en este mismo mes comenzará el proceso de revisión y análisis legislativos de los resultados obtenidos en la mesa 3, o sea, la relativa a la ``organización jurídico-política del Distrito Federal'', que fueron ya entregados formalmente por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Junto a estas positivas acciones debe sumarse la reciente realización del foro Sociedad civil y reforma política de la ciudad de México, con la participación de una treintena de organizaciones civiles y ciudadanas, las cuales formularon un amplio y sólido documento que representa en sí una gran aportación a estos trabajos legislativos.

En un acto prácticamente inédito en la historia de la Cámara de Diputados entregaron ya su propuesta a la mesa directiva de la Comisión del Distrito Federal, conformada por PAN, PRD y PRI. De manera similar, expertos en diversas materias jurídicas, aunados a quienes fungieran como secretarios técnicos de las tres mesas de reforma política entregaron su propia propuesta ayer en dicho recinto legislativo.

Como se ve, están dados los factores y condiciones indispensables para debatir y legislar. Como nunca antes interactúan diputados, organizaciones ciudadanas y especialistas en la materia. Hay muchas coincidencias y se ha formado un consenso mayoritario. En su momento, a más tardar en el próximo período de sesiones de marzo-abril del 99 o anticipadamente, si se pacta y abre para estos efectos un período extraordinario, sólo faltará que dictaminen y voten los diputados de las distintas fuerzas políticas ante la mirada de millones de ciudadanos, que seguramente también harán su propia evaluación y votarán mayoritariamente, cuando les corresponda, a favor de quienes respondieron con más decisión y compromiso a sus ideales de democracia, cambio social y prosperidad común.