Consensaron PAN-PRI salida al Fobaproa

Mireya Cuéllar Ť Después de casi ocho meses de discusiones, el PAN y el PRI harán públicas hoy dos iniciativas de ley que buscan ``encontrarle una solución de fondo al problema del Fobaproa'' y que serán presentadas al pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes. La propuesta de Acción Nacional será para crear el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, organismo que sustituirá al Fondo Bancario de Protección al Ahorro; la del PRI, para dar vida a la Comisión de Protección al Usuario de Servicios Financieros, que ``procurará la equidad'' en las relaciones banca-usuario.

La decisión panista de presentar hoy su iniciativa -tomada anoche- provocó inicialmente el rechazo del PRI, que acusó al PAN de dar un ``albazo'' y le disputó la paternidad del documento -en una reunión privada que concluyó cerca de medianoche-; sin embargo, en una declaración pública fue considerada ``una contribución muy importante'' a la solución del Fobaproa por el subcoordinador del PRI, Fidel Herrera Beltrán.

Luego de su larga reunión, priístas y panistas acordaron que ambas iniciativas serán publicadas hoy en la Gaceta Parlamentaria y entrarán hasta el próximo martes al pleno. Acción Nacional pretendió que su iniciativa entrara hoy al pleno de la Cámara pero el PRI no lo permitió. La iniciativa panista, denominada Ley de Protección al Ahorro Bancario, establece que toda la cartera que actualmente se encuentra en manos del Fobaproa será regresada a los bancos y que el nuevo instituto se constituirá únicamente en ``garante del pago de la misma''.

El instituto no podrá hacer frente a crisis ``sistémicas'' de los bancos, aunque de manera ``excepcional'' podrá apoyar a alguna institución y se financiará con aportaciones de los banqueros y una partida que anualmente le asignará la Cámara de Diputados. La iniciativa no le otorga facultades para endeudarse.

``No se reconocen como pasivos de deuda pública las operaciones celebradas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro en la ejecución de los programas de saneamiento financiero y de capitalización y compra de cartera, y en consecuencia los avales y las obligaciones solidarias otorgadas por el gobierno federal en los pagarés y en los contratos correspondientes no se reconocen como deuda pública'', señala el quinto transitorio de la iniciativa panista, cuya paternidad también reclaman los priístas porque buena parte de ella fue redactada y consensada en el grupo técnico-jurídico de la Mesa de Alto Nivel.

El Fobaproa, plantean los panistas, subsistirá en fase de liquidación ``mientras se pasan al instituto los activos vis a vis pasivos, una vez que como resultado de las auditorías se determine que son operaciones válidas y legítimas''.

Las operaciones de origen inconstitucional e ilegal se revertirán, devolviendo a los bancos que hubieran participado en dichas operaciones la cartera contra la cancelación de los pagarés suscritos por Fobaproa y avalados por el gobierno federal.

Sin embargo, en virtud de que ``de declararse como no reconocidos los pasivos asumidos por el gobierno federal se causarían mayores daños y perjuicios que al reconocerlos, inmediatamente se constituye la garantía del instituto sobre el valor de tal cartera en favor de los deudores y en beneficio de los bancos, de manera que si el deudor de la cartera no paga, el instituto cubrirá el importe del riesgo compartido al banco hasta por el monto efectivo no cubierto''.

Igualmente, se apunta, como una medida que compromete a los bancos en la efectividad de la cobranza, se propone que asuman un porcentaje como mínimo de recuperación de cobranza.

Si como consecuencia de las auditorías fueren detectadas operaciones ilegales, ilícitas o fraudulentas, o contrarias a los sanos usos y prácticas bancarias, los bancos tendrán que cubrir el importe de dichas operaciones mediante la disminución de la garantía en que para tal cartera se haya constituido como garante el instituto.

No será presidido por el secretario de Hacienda

El instituto será un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y estará encargado de administrar el Seguro de Depósitos Bancarios, tal y como ya se había acordado en la Mesa de Alto Nivel.

Para dotar al instituto de autonomía orgánica y funcional se propone que su gobierno y administración estén a cargo de una junta de gobierno y de un secretario ejecutivo. Dicha junta estará integrada por seis miembros, tres de ellos ex oficio el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como por tres vocales designados por el Ejecutivo y aprobados por las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Senadores, teniendo el carácter de presidente un miembro ciudadano, quien tendría voto de calidad.

En la exposición de motivos el PAN plantea que las iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso en abril pasado -la creación de dos entidades públicas descentralizadas, Fogade y Corebi, y el reconocimiento incondicional como deuda pública directa los 552 mil 300 millones de pesos- son ``totalmente inadmisibles'' porque el gobierno carecía de facultades expresas para intervenir y tomar acciones en el rescate bancario. Lo que el país requiere, dicen los panistas, es una solución que evite la quiebra del sistema financiero y las consecuencias nocivas para la vida de todos los mexicanos.

El instituto administrará un seguro de depósitos

El objetivo primario de la iniciativa es establecer un seguro de depósitos a favor de quienes realicen cualquiera de las operaciones de préstamo, ahorro y depósito en el sistema bancario.

Se propone que el monto máximo que se garantice sea el equivalente a 400 mil unidades de inversión por persona física o moral y a cargo de una misma institución.

La recapitalización del seguro de depósitos prevé que las instituciones estarán obligadas a aportar al instituto tanto cuotas ordinarias como extraordinarias, siendo las primeras no menores al cuatro al millar del importe a que asciendan las operaciones pasivas de las instituciones en un año.

Las extraordinarias serán de tres al millar sobre las operaciones pasivas de las instituciones, también en un año, para recapitalizar al sistema bancario cuando se advierta que los recursos sean insuficientes para hacer frente a sus obligaciones.

La iniciativa prevé ``de manera excepcional'' el otorgamiento de apoyos financieros para sanear alguna institución que enfrente problemas de liquidez o solvencia.

El documento panista tiene 93 artículos, divididos en seis títulos y 15 artículos transitorios.

Se protegerían los derechos de los usuarios de la banca

La iniciativa de Ley de la Comisión de Protección al Usuario de Servicios Financieros, que será hecha pública hoy por el PRI, establece que ésta será un organismo descentralizado de la administración pública federal, que tendrá facultades ejecutivas para dictar y hacer cumplir sus laudos.

El objetivo de dicha comisión será promover y proteger los derechos e intereses de los usuarios de la banca; analizar y establecer los lineamientos sobre la información en torno a los servicios y productos financieros que ofrezcan las entidades, y supervisar que dicha información -dirigida a los usuarios- sea emitida de forma clara y veraz.

Deberá procurar equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre los usuarios y las entidades financieras; furgir como ventanilla única para la recepción de quejas; informar al público sobre aquellas entidades que mantienen niveles óptimos de atención, así como sobre aquellas que tengan los niveles más altos de quejas.

La iniciativa, que cuenta con 72 artículos distribuidos en cinco títulos y tres transitorios, establece que será una entidad sectorizada de la Secretaría de Hacienda, con un órgano de gobierno presidido por dicha secretaría y un director general.

Tendrá un consejo consultivo, el cual estará integrado por autoridades hacendarias, el presidente de la comisión, representantes de los bancos y de los usuarios, para dar representatividad a las partes integrantes.

La comisión tendrá atribuciones para resolver controversias y no sólo fungirá como árbitro, que es la facultad que actualmente tienen la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Luz al final del túnel

El diputado priísta Fidel Herrera consideró que estas iniciativas constituyen ``la luz al final del túnel'', y confió en que serán dictaminadas apropiadamente. La Cámara, comentó, ``se mueve en dirección correcta para encontrar una solución al problema de la crisis bancaria''.