Aumentarán 15% las tarifas de carreteras en 1999: Hacienda
César Martínez Ť El gobierno mexicano propuso al Congreso cobrar multas de entre 50 y 300 pesos a todos las personas que realicen una compra en el país pero que no exijan y obtengan a la vez el correspondiente comprobante fiscal, como medida para combatir la evasión en el pago de impuestos, informó ayer el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Tomás Ruiz.
El funcionario también informó que las tarifas de las carreteras de Caminos y Puentes Federales (Capufe) aumentarán 15 por ciento a lo largo de 1999, pero a través de incrementos graduales en función de las diferentes autopistas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Ruiz resaltó la necesidad de fortalecer la recaudación, en virtud de que las modificaciones efectuadas al sistema tributario mexicano en los últimos 20 años condujeron a una pérdida importante de ingresos públicos.
Una de las propuestas del gobierno es combatir la evasión y elusión fiscal, principalmente en el IVA ya que, según estimaciones de la SHCP, del potencial total que puede recaudarse por esta vía se evade 37.5 por ciento.
Una de las medidas destinadas a ese fin, anticipada cuando se presentó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos al Congreso, es facultar a las autoridades para, mediante sanciones, hacer obligatoria la exigencia de obtener la factura en todas las compras del público.
Ruiz explicó que el fisco sólo tiene dos herramientas para combatir la evasión: la capacidad de fiscalizar de las oficinas recaudadoras, y el nivel y contenido de las sanciones.
Actualmente las normas establecen la obligatoriedad para el vendedor de emitir la factura correspondiente, y para el comprador de exigirla. Sin embargo, mientras para el vendedor existe sanción por incumplimiento, para el consumidor no.
El subsecretario aclaró que la propuesta pretende ``perfeccionar'' la obligatoriedad para el comprador, mediante el otorgamiento a las autoridades de la facultad de cobrar multas de entre 50 y 300 pesos a todo aquel que no posea el comprobante fiscal de la compra.
Entrevistado luego de la comparecencia, Ruiz fue consultado sobre los detalles de esta sanción, pero no proporcionó datos sobre la forma en que se aplicaría.
El funcionario descartó otras vías usadas en otros países para incentivar la exigencia de comprobantes de compra a los consumidores, como el sorteo de premios entre quienes demuestren su tenencia, porque dijo que no ha tenido efectos recaudatorios importantes, o permitir una deducción mayor del IVA, porque tiene un costo fiscal muy alto y elimina el efecto positivo.
Otra medida propuesta por el gobierno para combatir la evasión fiscal es dar potestad para obligar a todos aquellos que actúan en el sector informal de la economía a inscribirlos en el Registro Federal de Causantes (RFC), ya que lo único que pueden hacer las autoridades es aplicar una multa, pero no tienen autorización para registrarlos unilateralmente.
Sobre los delitos de defraudación fiscal señaló que serían considerados como graves en caso que la transacción sea mayor a un millón 500 mil pesos, o que supere los 500 mil si además se comprueba que se utilizó documentación apócrifa, falsa o no se lleva contabilidad.
Con el fin de recuperar la base gravable del impuesto sobre la renta anunció que reduciría de 100 a 50 por ciento la posibilidad de consolidación fiscal por parte de los conglomerados de empresas para el cálculo del pago del ISR. Actualmente, las sociedades controladoras de varias compañías pueden consolidar los resultados completos de todas y, aunque algunas obtengan ganancias, si en conjunto no las tienen o arrojan pérdidas, logran diferir indefinidamente el pago del impuesto. La medida pretende limitar esa preferencia.
Si el Congreso no aprueba el paquete de medidas para incrementar la recaudación, en particular del impuesto a los servicios telefónicos que aportarían más de 11 mil millones de pesos a los ingresos del gobierno (0.22 por ciento del PIB), Ruiz advirtió que las únicas opciones son, o bien reducir más el gasto público --por lo que se inclinaría el Ejecutivo--, o aceptar un mayor déficit fiscal que induciría a tasas de interés más altas, debido a que tendría que recurrir a financiamiento cuya disponibilidad es hoy escasa y cara.