Este lunes 16 fue a dado a conocer el Informe final que presenta la comisión de especialistas que estudia las modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Esta comisión se integró en el Instituto Federal Electoral el 12 de mayo pasado con 13 especialistas en la materia, para estudiar los procedimientos posibles de sufragio de los mexicanos en el extranjero. De esta manera, el IFE y la comision de especialistas cumplieron ya con lo que el artículo octavo transitorio del Cofipe les ordenó hacer, ahora la pelota pasa a la cancha del Congreso de la Unión.

El informe final de la comisión, que consta de 115 páginas con aproximadamente 500 cuartillas más de anexos, señala: ``la Comisión concluyó que es viable llevar a cabo la elección presidencial del año 2000 con la participación de los votantes mexicanos en el exterior y, que para ello es posible acudir a diversas modalidades para la emisión del voto, aquí identificadas, que cumplen con la racionalidad jurídica del sistema electoral mexicano''.

Los expertos formulan no sólo un procedimiento para el voto en el extranjero, sino seis diferentes que, combinados entre sí, resultan en 23 fórmulas posibles, que son más que suficientes para que el Congreso de la Unión encuentre una guía para dar el paso siguiente, que es reformar el Cofipe.

Las conclusiones del informe incomodaron a opositores del voto de los mexicanos fuera del país; aún antes de que se presentara oficialmente, se apresuraron a tratar de retratarlo como un documento partidista. El interés de los opositores en desacreditar los resultados de la investigación de los expertos se explica porque el estudio dejó sin sustento los principales argumentos con que cobijaron las motivaciones reales de su oposición.

Queda claro que los ``problemas logísticos'' tienen más que una solución. Queda claro que el IFE sí tiene capacidad para organizar en el extranjero las elecciones presidenciales del año 2000 y que lo único que necesita es que los legisladores le den el marco jurídico y el presupuesto. Queda claro que el costo de esas elecciones no es de mil millones de dólares, como especuló el secretario de gobernación; lo cierto es que, de acuerdo con el estudio, la versión más costosa sería de sólo un tercio de esa cifra y la menor, 13 veces inferior a lo dicho por Labastida Ochoa.

Es previsible que los principales opositores al voto no cambiarán su postura a partir del estudio que demuestra la viabilidad del sufragio de los conacionales en el extranjero, porque lo cierto es que su resistencia no se deriva de las dificultades reales o inventadas que le atribuyen a ese tipo de sufragio. Para ellos, el problema real es el miedo que tienen de que los resultados desfavorezcan al partido en el gobierno. De ahí, la coincidencia de que los principales voceros de opiniones contra el voto sean, a su vez, personajes vinculados al poder Ejecutivo.

Hasta 1996 se sostenía que el obstáculo para que se realizaran comicios fuera del territorio mexicano se encontraba en la Constitución, que supuestamente no permitía a los electores votar fuera de su distrito electoral: la Carta Magna se reformó para salvar ese obstáculo. Hasta ayer se afirmaba que las dificultades eran ``técnicas'', ``logísticas'', ``económicas''. La comisión de especialistas les encontró soluciones viables. ¿Ahora qué?

Si el Congreso de la Unión se negara a reglamentar el voto de los mexicanos fuera del país por miedo del partido oficial a no ganar las elecciones en Estados Unidos, entonces, en esa lógica, el Congreso deberá prepararse también para prohibir el voto en los estados de la República donde la oposición tiene posibilidades de ganar.

Si el presidente Ernesto Zedillo y los cuatro partidos que en 1996 pactaron por escrito legislar para que los mexicanos pudieran votar en el extranjero no van a cumplir con lo que firmaron, ¿dónde quedará la honorabilidad de los firmantes?

* Raúl Ross Pineda reside en Chicago y es coordinador de la Coalición de Mexicanos en el Exterior Nuestro Voto en el 2000.