En el décimo aniversario de la instalación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal -hoy Asamblea Legislativa-, se propusieron dos políticas distintas para la capital (La Jornada, 12-XI-1998).

Manuel Aguilera, a nombre del PRI, llamó a los capitalinos a ``poner alto a la violencia delictiva, al envenenamiento del aire y conjurar el peligro de la sed masiva y del hundimiento irremediable de la ciudad''. Fijaba así lo que su partido considera los problemas torales del DF y las tareas fundamentales de sus poderes ejecutivo y legislativo. Por su parte, Martí Batres, a nombre del PRD, partido que gobierna el DF, definió como tarea fundamental la reforma jurídico-política para la capital y en particular, la creación del estado 32; la conversión de la ALDF en Congreso local; la formación de una representación vecinal y la introducción de formas de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum.

El planteamiento del PRI se centra en tres problemas graves de la vida cotidiana, pero que son efectos y no causas de la ``inviabilidad'' de la gran metrópoli. En el origen de la violencia están la miseria creciente de la población nacional y local, la exclusión social, la corrupción de la burocracia, la policía y los órganos de justicia, la permisividad de la ley, el autoritarismo del poder político y la cultura masiva del imperio del más fuerte. La contaminación atmosférica se deriva del proceso anárquico y disperso de urbanización seguido por la ciudad, su gigantismo y afuncionalidad, el atraso del transporte público, la irracionalidad del sistema de microbuses, el privilegio al automóvil privado y la ineficacia de la policía encargada del tránsito.

El desequilibrio hidráulico tiene que ver también con las condiciones históricas de desarrollo urbano y, en lo que se refiere a la ``sed masiva'', con la hiriente desigualdad en la distribución socio-territorial de los servicios públicos. Todo ello es resultado de varias décadas de políticas económicas, sociales y urbanas erráticas y equivocadas aplicadas por el PRI desde el gobierno nacional y local. Al remitir a los efectos y no a las causas, el dirigente priísta trata de tapar con palabras la responsabilidad de su partido y sus gobiernos en la ``inviabilidad'' actual de la metrópoli.

El PRD pone el acento en la reforma -parcial, por limitarse a lo local y a una parte de la gran metrópoli- del régimen político de partido de Estado y a la apertura de mayores y mejores condiciones jurídicas y administrativas para el tránsito a la democracia participativa. Así planteado el problema, el PRD llama al PRI y PAN, que han empantanado la reforma política para el DF durante los últimos seis meses, a comprometerse con la democracia. En este camino, podemos suponer, aunque no garantizar, que un régimen democrático pleno podría abrir las vías para enfocar la acción estatal y societaria hacia la reversión de las causas estructurales de estos y otros problemas cruciales de la capital.

Pero ningún partido se refirió a la que aparece como piedra clave de la cuestión metropolitana: la política económico-social neoliberal aplicada en los últimos 15 años a nivel nacional, que perpetua y agrava la inequidad en la distribución de la riqueza y las condiciones de vida urbanas, incrementa el desempleo y la informalidad, agudiza la pobreza en que vive más de la mitad de la población de la metrópoli y la falta de educación y salud; tampoco llamaron a crear condiciones reales para definir democrática y científicamente un proyecto de ciudad diferente, que permita en el mediano y largo plazos, resolver estos problemas, atacando sus causas estructurales.

Los cimientos de la ``viabilidad'' económica, social y física de la ciudad de México se encuentran en garantizar a todos los ciudadanos las condiciones necesarias, adecuadas y suficientes para hacerla plena y racionalmente productiva: empleo estable y bien remunerado, acceso a educación, salud y recreación de calidad y en cantidad suficiente, disponibilidad de vivienda adecuada y servicios para todos, etcétera; todo ello, en la equidad distributiva y la justicia social. Sin ellas, construir una ciudad democrática, habitable, productiva y ambientalmente sustentable es solo retórica inviable.