Las Mendocinas, otra prueba para orden de captura a Raúl Salinas

Roberto Garduño Ť El juez undécimo de distrito en materia penal, Hiram García García, giró orden de aprehensión contra Raúl Salinas de Gortari por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 43 millones 400 mil pesos ``cometido en agravio de la sociedad''.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el juez obsequió la orden de captura contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas y sus alias: Juan Guillermo Gómez Gutiérrez, Juan José González Cadena y Manuel Nava Sánchez, en respuesta a la consignación que presentó el Ministerio Público Federal, el cual ofreció como pruebas del citado enriquecimiento la posesión de la hacienda Las Mendocinas y la inmobiliaria Acapatzingo. Esta última, han referido los abogados de Raúl Salinas, pertenece a su hermano Sergio, por lo que las autoridades ya realizan una investigación al respecto.

La nueva acción judicial provocó reacciones en los medios de comunicación, pues, como es del dominio público, ya existe un proceso por enriquecimiento ilícito, razón por la cual el Ministerio Público Federal salió al paso:

``En este mismo juzgado (el undécimo) Raúl Salinas de Gortari se encuentra actualmente procesado por el delito de enriquecimiento ilícito; la orden de aprehensión de que ahora se da noticia obedece a una ampliación del ejercicio penal en contra del procesado e involucra bienes diferentes''.

Esa nueva orden de captura aún se analiza por las autoridades. ``La PGR se encuentra actualmente estudiando la situación jurídica de Raúl Salinas de Gortari, a fin de verificar si existe algún impedimento legal para proceder a la ejecución de la orden girada, como podría serlo una suspensión de amparo; esta situación se dilucidará en las próximas horas.''

Orden de captura contra Gómez Gutiérrez

En relación con el mismo caso, el juez Hiram García giró una nueva orden de aprehensión en contra de Juan Manuel Gómez Gutiérrez por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, por haber fungido como prestanombres del hermano mayor de la familia Salinas de Gortari, cuando éste desempeñaba funciones de servidor público.

Gómez Gutiérrez hizo figurar como suyos los bienes que en realidad pertenecían a Raúl Salinas. Además se desempeñó como asesor financiero y contacto ante bancos extranjeros. Hoy se encuentra prófugo de la justicia, pues la evadió una vez que el mismo juez le decretó -hace dos meses- libertad bajo fianza en el primer proceso sobre enriquecimiento ilícito. Ahora el mismo juzgador pretende que la PGR le presente al señalado prestanombres.

Alegato contra los abogados

Debido a las reacciones que ha provocado entre los abogados de Raúl Salinas de Gortari la nueva consignación y orden de aprehensión contra su cliente, la PGR ocupa más de la mitad del contenido de un comunicado de prensa para desmentir y acusar a los penalistas.

La autoridad refiere que en la nueva orden de captura ``queda claramente evidenciada la falsedad'' con la que se condujo el licenciado Raúl F. Cárdenas -encargado del proceso de enriquecimiento ilícito-, quien hace dos semanas refirió que la orden de aprehensión que solicitó el Ministerio Público Federal fue negada.

``Es completamente falso que se haya negado orden de aprehensión alguna por enriquecimiento ilícito en contra de Raúl Salinas de Gortari''. Su defensa ``ha pretendido confundir a la opinión pública, afirmando que la presente fue una tercera o cuarta consignación, lo cual también es falso. Ni se negó la orden de aprehensión ni se trata de múltiples consignaciones, como ha pretendido sostener la defensa para justificar su precipitación''.

En relación con Eduardo Luengo, la PGR refiere que en el ejercicio de la defensa ``no se puede mentir'', por la afirmación que emitió el penalista acerca de que el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu se financió desde Suiza, a través de dos empresas de San Luis Potosí.

``Tampoco es posible que en un pretendido ejercicio profesional un abogado haga públicas declaraciones que podrían constituir amenazas veladas en contra de funcionarios e instituciones de la República, sea que lo haga a nombre propio o como mero mediador de sus representados; estas actitudes nada tienen que ver con la abogacía ni con el ejercicio profesional. De hecho, en algunos casos son constitutivas de delito''.

La arremetida de la procuraduría contra Luengo Creel es la más extensa, pues la autoridad refiere que éste ha realizado ``declaraciones ante los medios de comunicación que luego se niega a ratificar ante el Ministerio Público, sabedor de que su conducta podría generarle consecuencias jurídicas; esto ha sido ampliamente constatado por los medios de comunicación a quienes incluso dicho abogado ha citado como fuente de información''.