Grupo Galileo: gobernabilidad en Chiapas, sólo con nuevo pacto social

Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť Quienes suponen que la gobernabilidad en Chiapas se dará automáticamente con la derrota o el desarme del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se equivocan, pues la gobernabilidad sólo se restablecerá mediante un nuevo pacto social fundado en el reconocimiento de las comunidades indígenas y la reconciliación de todos los sectores sociales chiapanecos, se advierte en un amplio estudio del Grupo Galileo, elaborado por expertos en el tema y presentado ayer ante el pleno senatorial.

A nombre de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que conforman esa corriente, Eloy Cantú leyó el resumen de una investigación que abarca mil 300 cuartillas, que se encargó a 16 especialistas y que ``devela una realidad que impresiona y conmueve, un presente de inaceptable injusticia y de pobreza ofensiva'' en Chiapas.

Con base en ese estudio, coordinado por Cesáreo Morales y en el que participaron entre otros Carlos Montemayor, Julio Boltvinik, Jan de Vos y Enrique Semo, el Grupo Galileo planteó ayer en la tribuna del Senado de la República la necesidad de una nueva política nacional para el estado de Chiapas, conformada sobre acciones concretas y decisiones responsables.

El Grupo Galileo, precisó Cantú, considera imprescindible ``buscar una nueva vía de solución al conflicto en Chiapas que supere tanto la terquedad de no reconocer los errores cometidos, como la pretensión de aprovecharse de ellos''.

De entrada, el legislador regiomontano Eloy Cantú dio a conocer la determinación del Grupo Galileo de ``apoyar la labor y acreditar los esfuerzos en favor de la paz en Chiapas'' que realiza uno de sus integrantes, el senador Pablo Salazar Mendiguchía.

Precisó luego que los galileos se opusieron, el pasado mes de marzo, a que el Senado dictaminara las iniciativas de ley sobre derechos indígenas, bajo el argumento de que cualquier resolución legislativa que no fuera resultado de la negociación, mantendría la insatisfacción de las partes en conflicto y crearía un cúmulo de problemas legislativos y de operación para llevar a la práctica las disposiciones constitucionales aprobadas.

Una nueva visión para una nueva política

En ese mismo sentido, agregó, el Grupo Galileo decidió integrar un grupo de 16 investigadores expertos en diversos aspectos de la realidad chiapaneca -como Arnulfo Embriz, Carlos San Juan Victoria, Enrique Zapote, Carlos Martínez García y Jacinto Arias-, quienes confluyeron en el estudio Chiapas: una nueva visión para una nueva política.

El presentar los resultados de la investigación -en la que también participaron Laura Ruiz Mondragón, Enrique González Tiburcio, Marisol Melesio, Ronald Nigh, Raúl Perezgrovas y Carlos Uriel del Carpio- ``no tiene más propósito que el de dar claridad, si ello todavía fuese necesario, a la convocatoria que nos hacen las comunidades indígenas a compartir su dignidad, a enfrentar junto con ellas el dolor de la injusticia, a reivindicar su autonomía sustentada en la cultura y las tradiciones, a acompañarlas en su decisión de tomar en sus manos su propio destino''.

Ese proyecto del Grupo Galileo abunda en datos. Boltvinik delinea ``el mapa de la pobreza en Chiapas'' y advierte que del total de la población de ese estado, o sea 3 millones 210 mil habitantes, 90.2 por ciento son pobres y 75 por ciento son ``indigentes'', es decir, ``pobres en extrema pobreza''.

Además, 81.6 por ciento de los indígenas recibe menos de un salario mínimo y en algunos municipios, como San Andrés Larráinzar, la situación es todavía más grave.

Latifundios y guardias blancas

Uno de los principales problemas -se agrega en el estudio encargado por los senadores priístas- es la lucha por la tierra, el ``factor de la inestabilidad que históricamente se ha generado en los pueblos indios'', sobre todo por la actuación del gobierno local y la aparición en los 70 de guardias blancas.

Así, cien propietarios poseen 12 por ciento de las tierras aprovechables para la agricultura y la ganadería, esto es, unas cuantas familias ligadas al gobierno local acaparan los mejores terrenos del estado de Chiapas.

La lucha por la tierra

Se resalta que es la lucha por la tierra la que ha impulsado a los indígenas a un nivel cualitativamente superior de participación política y de organización, y que la llamada ``base social del zapatismo'' está constituida por una compleja constelación de organizaciones campesinas.

En ese estudio del Grupo Galileo se señala asimismo que ``dado el lugar que ocupa la Iglesia católica desde hace más de 30 años'' entre las comunidades indígenas de Chiapas, ``es un interlocutor indispensable en la solución del conflicto político que vive la entidad y un actor necesario en los procesos de pacificación y reconciliación''.

La Iglesia católica no puede suplir a la política

Jan de Vos, encargado de esa parte del estudio, resalta sin embargo que esta situación debe superarse ``porque no es lo mejor para los indígenas ni para la democracia ni para la justicia una Iglesia en funciones de suplencia política''.

Hace notar que la fuerza del clero católico en Chiapas corresponde a ``la disfuncionalidad de las instituciones públicas y se mantendrá así mientras los agravios de la desigualdad no encuentren respuesta'' adecuada.

Por lo que se refiere a la gobernabilidad y el marco político del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Enrique Semo da un diagnóstico determinante: ``En Chiapas se mantiene una oligarquía incapaz de modernizar económicamente la entidad, políticamente reaccionaria y dispuesta a defender sus privilegios, en medio de una población campesina, mayoritariamente indígena, sumida en la explotación, la ignorancia y la miseria''.

La gobernabilidad no se restablecerá, precisa, con la derrota o el desarme del EZLN, sino con un nuevo pacto social que liquide el rezago agrario, afectando latifundios formales y simulados, acabando con las haciendas donde hay cárceles privadas y guardias blancas.

Asimismo, con la creación de municipios indígenas realmente autónomos y con la modificación del Congreso estatal, para abrir paso a una real representación indígena.

Hace notar que en la actualidad el estado de guerra en la entidad ha agudizado al máximo todas las contradicciones locales, por lo que se requiere un acuerdo de paz con el Ejército Zapatista, el restablecimiento de un gobierno estatal legítimo, representativo y plural, y la superación paulatina de los conflictos.

A su vez, Carlos Montemayor resalta que si se quiere avanzar en la solución del conflicto debe entenderse a la guerrilla como un proceso social y no como un acto de delincuencia.

La reforma jurídica abre más caminos que mil discursos

Alertó sobre el peligro de que el gobierno federal realice los proyectos de desarrollo social como parte de una ``lógica de guerra'', porque ello provocaría desencanto entre las comunidades indígenas y el riesgo, como sucedió en el estado de Guerrero en la década de los 70, de la reaparición de la guerrilla.

Como conclusión, el Grupo Galileo plantea una serie de propuestas; entre ellas está el buscar la justicia en Chiapas ``en diálogo tanto con la nación como con el mundo''.

Esta nueva visión plural sobre el conflicto chiapaneco ``nos convoca a pensar en acciones concretas y en decisiones responsables. Una nueva reforma jurídica, en cuyo marco se solucione la lucha por la tierra, abrirá más caminos a la justicia que mil discursos''.