El traslado de los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a San Cristóbal de las Casas, donde se reunirán con una delegación de alto nivel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como el encuentro de ésta con diversos organismos de la sociedad civil en la misma ciudad chiapaneca, constituyen el eje que articula diversas expresiones favorables a la solución del conflicto armado en el estado, que está por entrar en su sexto año.

Del lado de la organización insurgente, la asistencia a esos encuentros expresa, por sí misma, -pese a las dificultades impuestas por el cerco militar y a la justificada preocupación zapatista por la seguridad de sus dirigentes que asistirán a San Cristóbal- disposición a buscar salidas políticas y pacíficas a la tensión militar imperante y a explorar caminos para insertarse en la vida democrática e institucional.

Por lo que respecta al gobierno federal, es de reconocerse que en las semanas recientes ha moderado el tono belicista, intransigente e intimidatorio con el que sus voceros habían venido abordando el conflicto. Todo parece indicar que el Ejército Mexicano se apresta a retirar los retenes de los caminos que los zapatistas utilizarán para trasladarse al sitio de los encuentros con la Cocopa y con los organismos civiles, y cabe congratularse por ello, aunque es de lamentar que el coordinador gubernamental para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, se haya negado, el pasado 16 de este mes, a informar con precisión sobre las previsiones oficiales a este respecto.

Datos adicionales para el optimismo son la respuesta que la organización de los encuentros de San Cristóbal ha tenido entre la sociedad civil -pese al natural desgaste acumulado en casi seis años de conflicto- y los miles de ciudadanos que se han ofrecido para facilitar los traslados de la delegación zapatista.

Por otra parte, resulta significativo que dentro del PRI estén emitiéndose diversas expresiones que, de una forma u otra, resultan favorables a la reactivación de las gestiones de paz y resulten contrarias al empantanamiento del conflicto que provocó el Poder Ejecutivo cuando se rechazó el documento elaborado por la primera Cocopa para plasmar en reformas legales los Acuerdos de San Andrés.

Entre estas expresiones destacan las muestras de respaldo que recibió de entre sus compañeros de bancada el senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía, integrante de la comisión legislativa, luego que los sectores chiapanecos de su partido más vinculados a los grupos paramilitares y a las oligarquías locales trataron de descalificar su meritorio desempeño como resuelto partidario y gestor de la concordia y la paz con justicia y dignidad.

Debe mencionarse también, en el ámbito de esa misma fracción senatorial, la difusión de un estudio sobre las preocupantes realidades sociales de Chiapas, por parte del grupo Galileo. Los datos recopilados en ese documento -en el que confluyó el trabajo de investigadores y expertos de primera línea, como Carlos Montemayor, Enrique Semo y Julio Boltvinik- muestran que la lacerante miseria, la injusta distribución de la propiedad agraria y la bancarrota institucional que imperan en Chiapas explican la profundidad y la extensión de la rebelión indígena mucho más específicamente que las numerosas teorías conspiratorias y policiales, puestas en circulación por las autoridades federales desde que estalló la rebelión.

Por otra parte, deben resaltarse las declaraciones conciliatorias hacia el EZLN formuladas ayer por el secretario de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ku Herrera.

Finalmente, cabe la esperanza de que los encuentros de San Cristóbal puedan realizarse sin contratiempos, que se aísle toda tentativa de provocación que pudiera venir de las oligarquías estatales y que en los días próximos logren cimentarse puentes de comunicación, de diálogo y de paz.