En el ``Itinerario Político'' del sábado pasado, el periodista, siempre bien informado, Ricardo Alemán, quien por cierto se encuentra ahora dando una batalla por la libertad de expresión, relata un incidente ocurrido en abril de 1994, que nos lleva a varias reflexiones.

Dice Ricardo Alemán que un poco después de la muerte de Luis Donaldo Colosio y a unos días de conocerse el destape del candidato que lo sustituiría, Ernesto Zedillo, para convencer a los integrantes del consejo de administración de Banca Unión de que ese banco cooperara con las campañas del nuevo candidato presidencial y del aspirante a la gubernatura de Tabasco, Carlos Cabal Peniche usó como argumento que esa práctica era normal y, según el texto de ``Itinerario Político'', dijo en que era normal en todo el mundo que los bancos apoyen las candidaturas políticas, a sus candidatos, ``para luego recibir los beneficios una vez que están en el poder''.

Tal argumentación fue suficiente y los conspicuos consejeros, aceptaron la propuesta del ahora preso en Australia y decidieron que su banco cooperara en campañas políticas.

Lo asombroso de todo esto radica, para mí, en la facilidad con que hombres de negocios, supuestamente experimentados, se dejaron envolver en un asunto poco claro. Dar dinero para campañas políticas no es función que las leyes autoricen a las instituciones de crédito, que manejan dineros ajenos y ahorros populares.

Pareciera que en la crónica de Ricardo Alemán la razón de esta aceptación fue que si se hacía en ``todo el mundo'', no había porque no hacerlo aquí.

En una reciente reunión, en una escuela de derecho de la ciudad de México, abogados y doctores muy serios y estudiosos, argumentaban algo parecido en contra de las reformas a la Constitución propuestas por el doctor Zedillo y aprobadas, con algunas modificaciones, en las cámaras de senadores y de diputados; estas reformas, decían, no compaginan con tales o cuales doctrinas modernas del derecho penal, sostenidas por autores alemanes, que en este campo han desplazado ya a las teorías de los italianos, quienes en este asunto están atrasados algunos lustros.

Para estos distinguidos juristas, no fueron suficientes las exigencias populares de mayor eficacia en la persecución de los delitos, ni que se les haya explicado que el cambio fue para que el auto de formal prisión, con el que se inician los procesos penales, no tuviera tantas exigencias, como si fuera una sentencia al final del juicio. Si no se está al día con las doctrinas europeas, nuestras modificaciones en materia penal, no son aprobadas por ellos.

En estos ejemplos que cito, reaparece una característica nacional de admiración extrema a lo que se hace fuera del país, así como cierto menosprecio, quizá inconsciente, a lo que producimos nosotros mismos pensando en nuestra propia realidad.

Ni banqueros, ni juristas, en ambos casos, se preocuparon por otra cosa que no fuera cotejar si lo que aquí se va a hacer, corresponde con lo que se hace ``en el mundo'' o lo que se hace ``en Europa''. No les importó si lo propuesto es positivo o negativo, más adecuado o menos adecuado, legal o ilegal, sino tan sólo saber si podemos comprarnos, como se decía en el porfiriato, con ``las naciones civilizadas''.