Propone el Ejecutivo crear una policía federal preventiva

José Gil Olmos Ť La formación de una policía federal preventiva (PFP), que inicialmente operaría con 10 mil elementos en todo el país; la elevación de la pena máxima de prisión a 60 años, y una nueva clasificación de delitos graves -entre ellos daños patrimoniales, secuestro, corrupción de menores, violación, lavado de dinero, derechos de autor, robo de autos, acopio y tráfico de armas-, son algunas de las reformas que integran el paquete de iniciativas a los códigos y leyes penales que el Ejecutivo enviará hoy al Senado de la República.

En conferencia de prensa conjunta, el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, y el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, dieron a conocer el contenido general de las iniciativas con las que apuestan a reducir los índices delictivos, la corrupción y la impunidad, como parte de la Cruzada Nacional contra la Delincuencia.

De la nueva corporación policiaca, Labastida explicó que tardará año y medio en integrarse y unificará en una sola institución a las policías Federal de Caminos, de Fiscalización y de Migración. De ser aprobada, estará dirigida por un comisionado que será nombrado o removido por el presidente de la República, y quedaría bajo la coordinación de la Subsecretaría de Seguridad Publica, actualmente encabezada por Jesús Murillo Karam.

Señaló que se ha propuesto que la PFP tenga autonomía técnica y administrativa en el ejercicio de sus funciones en todo el territorio nacional, pero exclusivamente para delitos federales. A petición del Ministerio Público, podría auxiliar a éste en la investigación y persecución de los delitos, y también a petición de otras autoridades colaboraría en la protección de la integridad física de las personas en situaciones de peligro y la preservación de sus bienes. Asimismo, podría actuar en los servicios de protección civil, en casos de desastre y calamidades públicas o situaciones de alto riesgo.

Ninguna semejanza con la DFS

Labastida manifestó que la iniciativa de ley plantea la depuración de los policías de las tres corporaciones que formarán la PFP, y que de acuerdo a como se dé esa depuración, mediante exámenes especiales, en un año y medio quedaría completamente formada. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es tener elementos con ``honorabilidad, honestidad, eficiencia y capacitación''.

Agregó que con la PFP se privilegiarán las tareas de acopio información y el diseño de estrategias de inteligencia policiaca que eviten la comisión de los delitos. Esto es, conjuntar la información que se tiene dispersa.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la nueva corporación no tendrá ninguna similitud con la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que en la década de los 70 tuvo como objetivo realizar investigaciones políticas en contra de movimientos guerrilleros urbanos.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre la pena de muerte, Labastida reiteró su posición de que la Secretaría de Gobernación está abierta el debate. No obstante, reconoció que la aplicación de la pena capital en otros países ``no ha inhibido los índices de delincuencia''.

En cuanto al segundo paquete de reformas penales, el titular de la PGR, Jorge Madrazo, informó que se trata de propuestas de cambios a los códigos Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y de Procedimientos Penales para el fuero federal, a la Ley de Propiedad Industrial, a la Ley que establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con las reformas propuestas a los códigos y leyes penales, quedarían catalogados como delitos graves la corrupción de menores o incapaces, la trata de personas, la explotación del cuerpo de un menor de edad, la falsificación y alteración de moneda, la falsificación y utilización indebida de documentos relativos al crédito, los delitos contra el consumo y las riquezas nacionales.

De igual manera, la violación, el asalto en carreteras o caminos, las lesiones calificadas, el secuestro, algunas modalidades de robo calificado, la comercialización habitual de objetos robados, la sustracción o aprovechamiento indebido de hidrocarburos, el robo de vehículo, la extorsión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos previstos en materia de derechos de autor.

También serán delitos graves el acopio de armas, las posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la introducción clandestina de armas de fuego y el tráfico de indocumentados.

Destacó que las iniciativas también proponen que sean calificados de graves delitos como traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, piratería, genocidio, evasión de presos, ataques a las vías de comunicación, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo y los que atentan contra la salud.

De la misma manera, citó que se propone sancionar el cohecho activo en transacciones comerciales internacionales y cuando el sujeto activo es un servidor público de un gobierno extranjero, en virtud de que ya se encuentra tipificado en el código mexicano el cohecho de servidores públicos nacionales.

En cuanto a los delitos informáticos, apuntó que se trata de poner una barrera al acceso no autorizado a las computadoras, el sabotaje a bancos de datos, la intersección de la comunicación por la cual se transfieren bases de datos o informes en ellos contenidos.

``Actuar con hechos concretos''

Al describir los ejes esenciales de las propuestas de reformas penales, Madrazo habló de la negativa del otorgamiento de beneficios preliberacionales en delitos que son los más frecuentes y que ofenden a la sociedad como el abuso sexual, la violación y la violación equiparada, las lesiones calificadas, el homicidio calificado, la privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales, el secuestro, el lavado de dinero y el robo a transeúnte o en transporte público.

El procurador aclaró que en la iniciativa para sancionar la revelación de constancias, documentos o informes de averiguaciones previas y de procesos penales, el servidor público es el que sería castigado y no los periodistas que reciben de manera filtrada esa información. Ello porque los presuntos responsables dan a conocer tanto las órdenes de aprehensión como los mandatos judiciales antes de que sean ejecutados.

Durante la conferencia de prensa, tanto el secretario Labastida como el procurador Madrazo señalaron que, a diferencia de las propuestas de años pasados para abatir los índices de delincuencia, en esta ocasión se trata de ``actuar con hechos concretos, con decisiones que habrán de reflejarse''.