Tanto la propuesta del Ejecutivo de crear una policía federal preventiva, como las severas advertencias del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero, a los mandos de la corporación a su cargo, confirman, desde perspectivas muy diferentes, lo que la ciudadanía sabe por dolorosa experiencia: que los cuerpos policiacos del país están muy lejos de cumplir con lo que las leyes y la sociedad demandan de ellos.

La idea de establecer una policía de rango nacional, incluida en la iniciativa gubernamental de reformas al Código Penal, en principio suscita dudas que deberán ser despejadas en el curso del debate público.

Ciertamente, la prevención del delito requiere de acciones e instrumentos de coordinación, mecanismos centralizados de toma de decisiones y la eliminación de desencuentros o rivalidades entre las diversas corporaciones preventivas estatales. En esa medida, la propuesta dada a conocer ayer por el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, parece plausible en una primera lectura.

Por otra parte, a la luz de las graves infiltraciones de la delincuencia organizada en la Policía Judicial Federal y el extinto Instituto Nacional de Combate a las Drogas, se duda que en el ámbito federal existan mejores condiciones que en los estatales para combatir la corrupción, la connivencia y las complicidades entre policías y delincuentes.

Asimismo, es necesario preguntarse si la medida propuesta no constituye un inadmisible retroceso en los aún incipientes y precarios avances del federalismo en años recientes, y si no representará una regresión centralista y presidencialista.

En otro sentido, la creación de una policía federal preventiva plantea una disyuntiva por demás difícil: o bien se disuelven las corporaciones estatales correspondientes y se lanza a decenas de miles de efectivos al desempleo -lo que equivale, en la gran mayoría de los casos, a nutrir las filas de la criminalidad-, o bien se genera una peligrosa duplicidad o triplicidad de funciones entre preventivos municipales, estatales y federales.

En el ámbito del Distrito Federal, respecto a las declaraciones formuladas ayer por Gertz Manero, es claro que en las palabras del funcionario hay, por una parte, una acusación no muy velada contra los 16 jefes recientemente destituidos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detrás de cuya salida los índices delictivos se incrementaron 20 por ciento en un lapso de apenas diez días; por otra parte, el titular de la dependencia acusa recibo y responde a una ``declaración de guerra'' contra la sociedad capitalina por parte del hampa y de sus cómplices infiltrados en los cuerpos de seguridad.

Asimismo, Gertz Manero emplaza a los mandos que aún permanecen en la corporación a presentar resultados efectivos en una semana. De esa manera, se busca acelerar que en las filas de la SSP se deslinden los cuadros comprometidos con sus obligaciones legales de los elementos delictivos que aún permanecen infiltrados en la institución.

Ante tal circunstancia, es por demás probable que en días próximos se produzcan confrontaciones decisivas en la estructura de la policía preventiva capitalina, y cabe hacer votos por que los elementos honestos logren desenmascarar y depurar a los delincuentes uniformados.