Alberto Aziz Nassif
Razones para el pesimismo

Hay en el horizonte nacional al menos tres problemas graves que han cimbrado al país en los días recientes: sin ser una novedad, el emblemático caso del ex banquero Cabal Peniche expresa los grandes hoyos negros de una corrupción que se ha desbordado por un crecimiento mafioso de los intereses económicos; el empantanamiento en las negociaciones sobre el Fobaproa muestra a una clase política plagada de obsesiones y con poca visión de largo plazo para el país, por lo que en unas cuantas semanas se logró que los ``avances'' democráticos de 1997, con un Congreso sin mayoría, se hayan neutralizado prácticamente; y la presentación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 1999, que en una palabra son una cucharada gigante de más de los mismo, más austeridad, menos recursos y mayor pobreza.

El caso Cabal Peniche significa un expediente -otro más- de esa política mafiosa que se hizo durante el sexenio salinista; se trata de las formación de grandes intereses económicos conectados al gobierno para reproducir un sistema de facciones y privilegios. No son excepciones a una regla, sino múltiples casos que se han ido develando lentamente. Hay algunas diferencias importantes respecto a la vieja y endémica corrupción del sistema político mexicano, esa que presentaba oportunidades para hacer negocios desde el presupuesto público; ahora se pasaron todos los límites, una parte muy significativa del pastel se fue por esas coladeras de varios de los neobanqueros y redes del salinismo, que crecieron y se fortalecieron a la sombra del árbol gubernamental; otra diferencia es que no se trata simplemente de los negocios típicos para sacar un porcentaje, sino de conexiones con delitos graves como el lavado de dinero. Los financiadores del actual grupo gobernante están acusados de delitos de cuello blanco; algunos están en la cárcel, otros siguen prófugos y unos más esperan el proceso de extradición. En esta pista oscura y subterránea de las mafias y del crimen organizado, hay factores de poder que se dirimen al margen de la sociedad y del derecho; se trata de una guerra sorda entre estos grupos facciosos que se reacomodan para saltar a la elección del 2000 y para incidir en ella, de tal forma que sus intereses no se vean amenazados.

En otra pista, la de la política institucional, los partidos políticos y el gobierno han sido incapaces de llegar a un acuerdo razonable para resolver el Fobaproa. Es una muy mala señal que se manda a la sociedad, a los ciudadanos que durante años han apostado a la vía de un avance político para fincar un sistema democrático que pueda establecer contrapesos de poder, hacer transparentes el manejo de los recursos públicos y, en una palabra, contener los abusos de poder y la impunidad con la que se mueven las mafias y el crimen organizado. ¿Para qué otra cosa puede servir la democracia? Pero los resultados son desalentadores, estamos prácticamente dentro de una dinámica polarizada de intereses y confusiones, en donde los actores políticos que han participado en este proceso han demostrado que no saben lo que es poner los intereses generales del país por encima de sus cálculos inmediatos de corto plazo. El gobierno y su partido no asumen los costos y le quieren pasar los platos rotos a la sociedad, y la oposición, PRD y PAN, no han tenido el talento para dejar sus pequeños desacuerdos a un lado y construir una solución.

Al gobierno zedillista, que pregona la inauguración de la democracia mexicana, se le olvidó que ésta también debe de servir para aliviar los problemas de la pobreza y la desigualdad. Los criterios de política económica para el año entrante muestran la obsesión por la macroeconomía y por cuadrar las grandes cuentas, mientras la otra parte, la microeconomía, sigue sin importar y se deteriora. La supresión de subsidios, como la liberalización del precio de la tortilla, son factores que afectan a los grupos mayoritarios del país; o las alzas generalizadas de bienes y servicios no son sino muestras de que el actual modelo económico ha fracasado para generar bienestar, reducir la desigualdad y acortar la enorme franja de polarización entre pobres y ricos.