Proponen acotar el poder del presidente de la SCJN

Jesús Aranda Ť La próxima elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prentende ir más allá de la votación nominal por un candidato. En esta ocasión, los ministros discuten ya el perfil de quien habrá de encabezar el máximo tribunal del país, con la intención de dejar atrás errores y enfrentamientos que incluso llevaron a la mayoría a solicitar, en febrero de 1997, la renuncia del actual presidente del órgano, José Vicente Aguinaco Alemán, por no estar de acuerdo con su estilo de trabajo.

Hasta ahora los ministros coinciden en que el ``perfil'' del nuevo presidente debe ser el de una persona incluyente, que ``comparta'' con el pleno el reto de dirigir al Poder Judicial de la Federación y que ``tenga la fuerza moral y civil de anteponer, ante actos propios o comunes que puedan deparar beneficios personales, familiares o de amistad, el deber judicial''.

Señalan que los sucesos políticos, económicos y sociales ocurridos en el país han hecho necesario que el sistema jurídico se ajuste a las necesidades actuales. En este sentido, el ``deber judicial'' se traduce no sólo en la independencia del juzgador para aplicar las normas, sino también en la autonomía que deben ejercer los jueces, ``sin subordinación a los titulares de otras funciones del Estado, esto es, sin recibir órdenes ni instrucciones de nadie; lo que garantiza el libre ejercicio de la función jurisdiccional''.

En los documentos elaborados por los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela, a partir de un documento inicial que presentó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se enfatiza la necesidad de acotar el poder del presidente de la Corte y también que los ministros jueguen un papel determinante para lograr un mejor equilibrio en la administración de justicia, así como el control y vigilancia de la judicatura federal.

Mariano Azuela señala que el próximo presidente debe ser ``un representante del pleno ante el exterior, y no un representante del exterior hacia el pleno''; es decir, reconoce la sumisión que caracterizó al Poder Judicial Federal (PJF) en años pasados.

En un documento de trabajo entregado a sus compañeros en fecha reciente, Azuela -quien junto con Juan Díaz Romero integró la Corte antes de la reforma constitucional de 1994-, afirma que para el periodo 1999-2002, se darán las condiciones para elegir un titular con un perfil ``más idóneo'', en una sociedad donde el proceso democrático exige lo que llama ``presidencia participativa'', que no significa minimizar la importanicia de la presidencia frente al exterior, sino su verdadero fortalecimiento. Insiste en que es imprescindible acotar el poder de esta instancia para que actúe de forma ``compartida y limitada'', que al interior del pleno se sustente siempre en la razón y convenza a la mayoría, y al exterior se imponga con mayor fuerza, ``en tanto que ninguna decisión podrá tomarse unilateralmente''.

Azuela advierte que es posible que ``si ese perfil choca con la convicción de alguno, éste tendrá que declinar, si se le elige''.

Características del próximo titular de la Suprema Corte

Enumera 22 características del futuro presidente, entre las que destacan: la preocupación dinámica por fortalecer todo lo ``positivo'' y corregir todo lo ``negativo'', en especial situaciones de corrupción y de mediocridad; supremacía del carácter institucional frente a propósitos o caprichos personales; supresión de actitudes de vanagloria y prepotencia; respeto absoluto a la independencia y autonomía de ministros, magistrados y jueces, esfuerzo permanente por conservar e intensificar la unidad e integración de los ministros; preocupación por el funcionamiento inmediato de los Comités de Trabajo (propuesta en la que hay consenso también), y por la formulación de un programa específico de actividades, con distribución de responsabilidades.

Asimismo, plantea promocionar las relaciones externas con funcionarios y estimular el acercamiento con todos los órganos federales y locales de impartición de justicia, así como con organizaciones prestigiadas de abogados y facultades de derecho.

En febrero de 1997, después de que La Jornada diera a conocer las cintas grabadas entre Aguinaco Alemán y su hijo Fabián, el pleno de la Corte se reunió en secreto y solicitó al presidente del tribunal que renunciara por el bien de la máxima instancia de justicia del país.

Esta solicitud, inédita, no pasó a más, aunque sí quedaron en claro ``la prepotencia'' y la forma en que se habían manejado las cosas al interior de la Corte. El malestar era tal, que incluso Aguinaco dijo que aceptaría renunciar ante el Presidente de la República, a lo que los ministros dijeron: ``Vicente, nosotros te nombramos, ante nosotros presentas tu renuncia''. Sin embargo, institucionalmente la fractura se contuvo.

Góngora Pimentel destaca por su parte que, además del reconocimiento en el ámbito jurídico, el nuevo presidente debe tener ``fuerza moral y civil'', que tenga ``la capacidad de compartir con sus pares'' la inquietud de superación en conjunto y en lo individual; que tenga honestidad para aceptar los errores en que incurra y juntos ``como una familia, enmendarlos''; que no utilice o trate de utilizar mezquinamente el apoyo de sus compañeros para obtener un beneficio a futuro sea político, social o económico, alejado de todo principio moral; que estimule la convivencia sin condiciones ni pretensiones en el Poder Judicial Federal (PJF); que tenga la capacidad de guardar un equilibrio jurídico, político y social a través de consensos, sin que se lastime la autonomía y juridicidad de ese poder.

Que se cumpla con estos requisitos, subraya, le dará más fuerza moral, política y social para encumbrar al PJF, ``sin sujeción de ninguna índole''. Asimismo, indica: ``no debemos perder la confianza en quien resulte presidente, porque su elección es nuestra propia decisión; debemos evitar que se repitan sucesos que han sido reprobables y que, como consecuencia, vulneran el ámbito de la administración de justicia''.

La ministra Olga Sánchez Cordero coincide también en términos generales con sus compañeros, pero asevera que ``más allá de las bondades o defectos'' del Consejo de la Judicatura Federal, ``es apremiante'' una reforma constitucional que delimite con toda claridad que el pleno de la Corte, ``tenga facultades plenas para vigilar la actuación del Consejo como órgano subrodinado''.

Hay consenso entre los ministros porque sea antes del 15 de diciembre cuando, en sesión secreta, se defina quién será el próximo presidente de la Corte, aunque formalmente el cambio de estafeta sea el 4 de enero de 1999. No obstante que se han manejado varios nombres, suenan con insistencia los de Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.

Esta sucesión seguramente se definirá con votos divididos, pero se estima que no surgirá ninguna fractura al interior de la Corte. Por eso, se considera la idea de anteponer ``el perfil a la persona'', consideraron los ministros consultados.