El viernes pasado, en la Cámara de Diputados, en el marco de la presentación de las propuestas gubernamentales de Presupuesto y Ley de Ingresos para el año próximo, se dio a conocer el aumento del precio a las gasolinas y diesel en casi 31 por ciento, de aquí a diciembre de 1999, con 15 por ciento en lo inmediato. En el documento, presentado por el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, se propone también implantar un impuesto especial al servicio telefónico de 15 por ciento, además del establecimiento de impuestos estatales de 2 por ciento sobre las ventas finales.

Por su parte, el subsecretario Martín Werner anunció ayer que el precio de la energía eléctrica se incrementará 13 por ciento durante el próximo año, e informó que ya fue liberado el precio de la tortilla. Cabe preguntarse si tal anuncio se hizo con el conocimiento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dependencia a la que habría correspondido dar a conocer tal situación.

Vistas en conjunto, las medidas propuestas y anunciadas constituyen la acción más recesiva emprendida desde 1995.

Por si no bastara la inevitable contracción económica que resultará de los sucesivos recortes al gasto público, también las alzas de impuestos y los incrementos de las tarifas de energía y del precio de la tortilla serán causantes de inflación y reducirán el poder adquisitivo de los salarios.

Si se concretan los designios económicos del gobierno, los sectores mayoritarios de la sociedad habrán de encontrarse en una economía decreciente -e incapaz, por ello, de generar los empleos que se requieren- y ante una severa y generalizada carestía.

En ese contexto, la suspensión de los subsidios a la tortilla y la liberación de su precio constituyen un golpe injustificable a la alimentación de la mayor parte de los mexicanos, para quienes representa el elemento más importante de su dieta.

Al parecer, los altos funcionarios de Hacienda piensan que la pobreza en México es una condición marginal y excepcional, e ignoran el hecho simple de que la mayoría vive o sobrevive en ella, y que el precio controlado de la tortilla y el subsidio a su producción y consumo debe mantenerse como una medida general.

En esta perspectiva, la afirmación de Werner de que este acoso económico y fiscal a la población tiene como objetivo ``proteger el crecimiento, el empleo y el gasto social'' constituye un recurso retórico que ofende el sentido común, tanto como el actual manejo de las finanzas nacionales lesiona a los habitantes del país y especialmente a los pobres, quienes -es necesario insistir- son la mayoría de los mexicanos.

No es difícil imaginar la exasperación social que va a generar, en caso de aprobarse, este paquetazo, particularmente si se considera que además de imponerle a la población un panorama inflacionario y recesivo, se le exige que asuma la deuda de 550 mil millones de pesos que el gobierno utilizó para salvar a los banqueros.

Cabe esperar, por último, que resulte infundada la certidumbre de Werner sobre la aprobación de estas medidas por parte de la Cámara de Diputados, y que el Legislativo actúe con el espíritu ético y la sensibilidad política ausentes en las oficinas del gabinete económico.