Desea sufragar 80% de los connacionales que residen en el exterior: expertos

José Gil Olmos Ť La aplicación del voto de 10 millones 787 mil mexicanos que radican en el extranjero -15.38 por ciento del electorado total, estimado en 70 millones 158 mil personas para los comicios del año 2000- constituye un capítulo inédito en la historia electoral del país y un reto para sus instituciones, advierte la comisión de especialistas que entregará este lunes su informe al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).

Luego de medio año de evaluaciones jurídicas, políticas, demográficas y de derecho internacional, el grupo concluyó que hasta 80 por ciento de los mexicanos que viven fuera del territorio desea sufragar en la elección presidencial del 2000. Además, sostiene que es viable llevar a cabo en tiempo y forma esta modalidad de voto en que participarían los mexicanos residentes en el extranjero, incluso los que estuvieran de viaje o de vacaciones, los que tienen doble nacionalidad o los que están naturalizados en otro país.

La mayor parte de quienes radican fuera del territorio nacional vive en Estados Unidos. Del total, 98 por ciento (9 millones 800 mil personas) se encuentra en ese país y, según los especialistas, podría ser atendido con la instalación de 9 mil 141 casillas distribuidas en 38 estados.

Se confía en que el SIN no interfiera

Según los cálculos, basados en sendas encuestas, entre 83 y 21 por ciento de esta población estaría dispuesta a participar en los próximos comicios presidenciales, incluso la que tiene una situación migratoria irregular, calculada en 2 millones 700 mil personas, pues se espera que el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) estadunidense no ponga en marcha algún operativo que interfiera en el proceso.

De la población total de connacionales en Estados Unidos, 402 son personal diplomático; 7 millones 126 mil, inmigrantes nacidos en México (de esta última cifra, un millón adquirió la nacionalidad por naturalización), y 2 millones 674 mil que nacieron allá son hijos de padre y/o madre mexicanos. Esto es, podrían votar 3 millones 700 mil mexicanos que tienen doble nacionalidad.

En síntesis, el informe indica que 98 por ciento de la población involucrada en el proyecto de voto en el extranjero, para la elección presidencial del año 2000, estaría clasificada en Estados Unidos como sigue: residente en ese país, 90.7 por ciento; visitante en territorio interior o zona fronteriza, 3.4; trabajando como inmigrante temporal, 4.3; transmigrante o conmuter, 0.3 por ciento. El restante 1.3 se radicaría en otros países o también trabajando en Canadá.

Los especialistas calculan que 7 millones 100 mil mexicanos nacidos aquí radicarían en territorio estadunidense en el año 2000. De ellos, 84 por ciento estaría concentrado en cinco estados: California, 46.3 por ciento; Texas, 21.3; Arizona, 6.6; Illinois, 6.3, y Nueva York, 3 por ciento. Existen también en Florida, Oregon, Colorado, Nuevo México y Nevada.

No obstante, un dato importante para la organización electoral considera que la mitad de los ciudadanos en edad de votar y nacidos en México, se concentran en ocho condados ubicados en cuatro estados. En California, los de Los Angeles, Orange y San Diego; en Illinois, el de Cook; en Texas, los de Harris, El Paso y Dallas, y en Arizona, el de Maricopa.

Con base en los patrones de asentamiento y localización de las casillas electorales, los especialistas sugieren tres observaciones de logística: instalar módulos de registro y casillas en las ciudades y condados de mayor concentración poblacional; organizar un servicio electoral adecuado desde las ciudades fronterizas del norte de México que podría brindar acceso a la población y diseñar distintas estrategias de logística electoral que tuvieran en consideración, de manera simultánea, los patrones de concentración y dispersión a nivel estado, condado, zona metropolitana y barrio.

Para realizar el proyecto, los especialistas ubicaron tres posibilidades para el registro de mexicanos con derecho a voto en otros países: una campaña de credencialización fuera del país; expedir en el extranjero una tarjeta de identificación electoral con fotografía, y tramitar credencial y registro de votantes solamente en territorio nacional.

En cuanto al desarrollo de las campañas, acceso a los medios de comunicación y los instrumentos de fiscalización, la comisión de especialistas resalta la necesidad de establecer principios generales que garanticen el acceso a la información de candidatos y las plataformas de los partidos que los postulan.

Se recomienda que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) se otorguen facultades al Consejo General del IFE para contratar tiempo en los medios masivos de comunicación, así como el uso de instalaciones en el extranjero donde se puedan realizar actos de campaña.

En cuanto a los instrumentos de fiscalización, se plantea que sean los partidos los que establezcan estas medidas con eficacia, para lo cual podrían contratar servicios y compra de materiales en el extranjero a través del IFE.

Punto importante es la recomendación de establecer en el Cofipe una figura de tope a los gastos de campaña presidencial en el extranjero, cuya base de cálculo sea distinta a la que actualmente se emplea para limitar esos recursos en territorio nacional. Por otro lado, se aconseja mantener el principio de inhabilitar a los partidos para recibir apoyo económico de otros institutos similares, personas físicas o morales del extranjero y de los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

Finalmente, la comisión de especialistas propone elaborar un nuevo capítulo o libro dentro del Cofipe sobre la organización del voto de los mexicanos en el extranjero; crear un padrón de ciudadanos mexicanos en el exterior; definir las reglas referentes al desarrollo de la jornada electoral y de la votación; la disposición de normas sobre el escrutinio y cómputo de casillas, y el establecimiento de un reglamento sobre la remisión del expediente electoral.