Traficantes de armas también han cooptado a agentes de esos cuerpos
Roberto Garduño, enviado y Luis Boffil, corresponsal, Mérida, Yuc., 13 de noviembre Ť La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunciará hoy que el Ministerio Público tomará ``un papel de avanzada en la garantía de la protección de los derechos humanos''. Asimismo acordó restructurar los cuerpos policiacos, debido a la inflitración del narco y de los traficantes de armas.
Al término de la segunda jornada del encuentro, Samuel del Villar, procurador general de Justicia del DF, destacó que se hará un reconocimiento al Presidente de la República por la suscripción del convenio internacional con el que se acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las posibles violaciones que pudieran ocurrir en territorio nacional.
Los procuradores hablarán hoy sobre la actuación del Ministerio Público, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como garante y protector de los derechos humanos de la población.
``La función del Ministerio Público es garantizar la protección de los derechos humanos cuando son violentados por la actividad criminal. Nosotros tenemos que perseguir a los violadores de los derechos humanos cuando constituyen actos criminales. Todo crimen, en última instancia, o todo delito es una violación de derechos humanos'', abundó.
Del Villar refirió que también se aprobó el suministro y asignación de recursos a las procuradurías para adquirir la mejor tecnología que apoye los procesos de homologación de fichas de captura y así hacer efectiva la impartición de justicia.
Por otra parte, los procuradores de todo el país acordaron restructurar las policías de inteligencia e investigación, porque reconocieron que los traficantes de drogas y armas se han infiltrado en esas corporaciones.
El debate principal en la sexta Conferencia de Procuración de Justicia se centró en la ausencia de intercambio de información y la consecuente impunidad de las bandas organizadas de criminales.
El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, moderaba las intervenciones de sus homólogos estatales, quienes coincidieron en que a nivel federal ``faltan definiciones y unificar criterios'' para proponer un nuevo esquema de seguridad policial que incluya nuevos métodos de operación.
Trascendió que la ausencia de contactos y de intercambio de información entre las procuradurías del país propició que algunos participantes pidieran con urgencia una mayor coordinación de las policías de Caminos, Fiscal, de Aduanas y de Migración, ``que no son investigadoras, sino preventivas y de orden administrativo''.
El procurador de Baja California, Jesús Ponce Beltrán, dijo que más que crear una policía nacional se deben unificar criterios y actividades administrativas, de investigación y de persecución. La posibilidad de crear una fuerza policial que actúe en todo el territorio del país fue descartada porque ``ni siquiera existe coordinación interestatal, mucho menos habrá recursos humanos, materiales y tecnológicos para implementarla'', coincidieron.
Una de las seis comisiones que se reúnen en esta ciudad es la que prepara el dictamen sobre el futuro de las corporaciones policiacas en México. Ya presentaron sus conclusiones los grupos de Prevención, de Acuerdos con el Poder Judicial y de Coordinación.
Hasta ahora, indicaron algunos procuradores, las policías judiciales lo más que notifican a sus contrapartes de otros estados son delitos como el tráfico de armas y secuestros, pero ``la idea es que este espectro se amplíe, para no mezclar los órganos de inteligencia con los de investigación''.