Finalmente, tras dos años de larga espera, si el Ejecutivo o el señor Albores no hacen nada para impedirlo y los grupos paramilitares no realizan provocaciones, el EZLN reanudará el diálogo en San Cristóbal el próximo día 20. Pero no con el gobierno, sino con las representaciones de la sociedad civil y la Cocopa. Es una esperanzadora oportunidad para reiniciar la búsqueda de caminos políticos para la solución del conflicto.

Debe decirse: si se han perdido dos largos años sin negociaciones, con su secuela de amenazas, acoso a las comunidades de parte del Ejército, impunidad y crecimiento de los grupos paramilitares, Acteal, muertes, sacrificios y provocaciones, la responsabilidad es única y exclusiva del gobierno. En ningún momento ha abandonado su estrategia encaminada a lo imposible: la derrota de los indígenas, del EZLN y la liquidación de la esperanza.

Las frecuentes declaraciones presidenciales en favor del diálogo y la paz han sido sólo para el consumo exterior, pues no ha dado ni uno solo de los dos pasos prácticos indispensables para restablecer la confianza y crear condiciones para nuevos contactos con los zapatistas: uno hubiera sido el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y otro la desmilitarización. Escamoteó el cumplimiento de los acuerdos que en representación del gobierno federal firmó el señor Antonio Bernal hace más de dos años, rechazó la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena elaborada por la Cocopa y decenas de miles de efectivos del Ejército siguen ocupando aquella zona, todos los días hacen demostraciones intimidatorias.

A casi cinco años de haberse iniciado el conflicto a nadie engaña ya el gobierno con sus declaraciones en favor del dialogo y la paz, ya que más vale un paso práctico de distensión que cien discursos. Nada justifica, por ejemplo, la presencia en la zona del conflicto de 20 o 60 mil soldados y oficiales fuertemente armados para una guerra, cuando hay una tregua desde enero de 1994 y una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas. ¿Qué acaso todavía se mantiene la demencial idea de negociar desde posiciones de fuerza? ¿O es que los militares se niegan a abandonar la zona y tienen su propia política? ¿Se insiste en la estúpida conclusión formulada primero por Gustavo Iruegas y repetida por Rabasa de que las medidas de distensión deben ser recíprocas y equivalentes?

Gracias a la iniciativa del EZLN, el conflicto puede salir de las vías muertas a las que lo condujo el gobierno con su negativa a cumplir los acuerdos de San Andrés. Los zapatistas van a dialogar con la representación de la sociedad y del Congreso de la Unión porque no tienen ni pueden tener confianza alguna en la buena fe del gobierno y su doble discurso de todos los días abona el recelo. Pese a lo anterior, frente a esta iniciativa del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, el gobierno está obligado a dar mínimas muestras de cordura, a crear las condiciones de seguridad necesarias para el encuentro en San Cristóbal. Para ello es necesario que lleve a los soldados a sus cuarteles y evite que los paramilitares realicen actos de provocación. Debe ser así, pues necesita reconstruir un mínimo de su credibilidad tirada a la basura hace dos años.

La dirigencia del EZLN ha dado el primer paso con su iniciativa de reuniones, pero son las organizaciones de la sociedad, entre ellas los partidos políticos, así como la Cocopa, los que pueden crear nuevamente las condiciones para la solución del conflicto. La consulta es una oportunidad para que millones de mexicanos y mexicanas expresen su opinión, pero también se esperan iniciativas de los partidos que presionen al poder Ejecutivo a entrar por el camino de la solución política del problema. La Cocopa, pese a sus naturales divergencias internas, puede ser un factor decisivo en este proceso. Ojalá.

Correo electrónico: [email protected]