Entre el 22 y el 24 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara el segundo Foro sobre Derechos Humanos, organizado por el Sistema de Universidades Iberoamericanas y el Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Occidente. Participaron decenas de organizaciones civiles que trabajan desde distintas trincheras por la promoción y defensa de los derechos fundamentales, por generar una cultura acorde con los derechos humanos a través de la educación y la investigación y por apoyar a diversos sectores marginados de la sociedad.
Fueron muchas las conclusiones a las que se llegó, luego de trabajar arduamente sobre tres ejes: la justicia, la diversidad y el bienestar.
Los participantes en el foro hicieron un acertado diagnóstico y varias propuestas que, encaminadas a mejorar los distintos aspectos de la convivencia social en México, constituyen sin duda una plataforma de acción para las organizaciones civiles, los partidos políticos, las autoridades gubernamentales y la ciudadanía en general.
En relación con la ancestral problemática de la justicia en nuestro país, se insistió en la necesidad de que las reformas en materia penal, aprobadas recientemente por el Senado de la República, deben ser congruentes con las normas que regulan el sistema público de protección a los derechos humanos: ello implica adoptar un sistema de justicia penal de tipo acusatorio que proteja eficazmente los derechos de las víctimas, los de los acusados y los de la sociedad en general. Para conseguirlo, se concluyó que es indispensable que las autoridades encargadas de investigar los ilícitos sean distintas de aquellas que custodian a los detenidos, además de adoptarse medidas legislativas y administrativas que supriman los poderes fácticos y legales conferidos a los agentes de autoridad para detener personas fuera de sus supuestos establecidos en la Constitución.
Otra importante propuesta consiste en que los medios de prueba -especialmente la confesión- deben desahogarse ante los jueces y nunca ante el Ministerio Público, el cual deberá ser dotado de autonomía para que pueda perseguir eficazmente los delitos cometidos por agentes del gobierno. Se plantea también eliminar la prisión preventiva y crear modernos sistemas de informática, capaces de detectar a quienes evaden la justicia, poner en operación penas alternativas al encarcelamiento y detener los proyectos anunciados para incrementar sustancialmente el número de policías, hasta que no se realicen los cambios estructurales necesarios para reordenar su función en el marco de un Estado democrático de derecho, lo que implica la completa derogación del sistema inquisitorial vigente.
Asimismo, se planteó la importancia de que las comisiones públicas de derechos tengan garantizada su plena autonomía respecto de otras instituciones de gobierno, además de ampliar su mandato para que puedan conocer casos de violaciones a los derechos humanos de la segunda y la tercera generación. Se contemplo también la urgencia de que los sistemas normativos de administración de justicia de los pueblos indios sean reconocidos a nivel constitucional, federal y local, para facilitar la conciliación y los medios alternativos de solución de conflictos, además de la importancia de revalorar en nuestras prácticas jurídicas los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, abandonado la peregrina idea de que se trata de entes extran- jeros que se entrometen en los asuntos políticos de la patria.
No menos ricos fueron los debates y las propuestas que se virtieron en torno a la diversidad, entendida desde las perspectivas de género, derechos sexuales, diversidad étnica y grupos vulnerables (enfermos terminales, discapacitados, ancianos, niños, etc.). Las conclu- siones en este rubro estuvieron per- meadas por la idea de que la diferencia debe ser recuperada como un elemento transformador de lo social, donde la perspectiva de género deberá ser un elemento central en la conceptualización y vivencia de los derechos humanos. Se consensó además la necesidad de integrar una agenda de trabajo nacional e internacional sobre los derechos indígenas, que potencie el uso de mecanismos internacionales con base en el Convenio 169 de la OIT.