La Jornada 12 de noviembre de 1998

Gurría: si AN incumple, el Fobaproa saldría hasta 1999

Enrique Méndez Ť El secretario de Hacienda, José Angel Gurría, aseguró a diputados priístas que si Acción Nacional se retracta de los acuerdos con el PRI y el Gobierno, la conversión en deuda pública de los pasivos del Fobaproa se destrabaría hasta 1999, y que en ese caso los costos políticos los pagarían no el tricolor, sino los partidos de oposición.

Incluso el funcionario aseguró que ya quedó demostrado, con los resultados electorales del fin de semana -el tricolor ganó dos gubernaturas y la mayoría en cuatro Congresos locales--, que retrasar la solución de este problema no ha sido una limitante para que el PRI crezca en votos.

De no aprobarse este mismo año el Fobaproa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación tendría que destinarse una partida adicional exclusiva para el pago de intereses de la deuda con los bancos, comentaron legisladores priístas de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, con los cuales Gurría se ha reunido en diferentes ocasiones desde el viernes pasado.

Asimismo, comentaron que el titular de Hacienda les informó también que en 1999 habrá un ``recorte histórico'' en la inversión pública, y que si bien no crecerá el presupuesto destinado a gasto social, éste tampoco disminuirá.

Mientras, el presidente del PRI, Mariano Palacios Alcocer, también comentó a diputados federales que el Comité Ejecutivo Nacional estudiará durante sábado y domingo el documento de criterios de política económica que hoy presentará Gurría al pleno de la Cámara de Diputados, y que el lunes el partido hará pública su posición respecto de las expectativas económicas para 1999.

De entrada, integrantes del CEN del PRI aseguraron que una parte de la bancada en la Cámara de Diputados no está de acuerdo en la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). En este caso la explicación que les ha dado Hacienda, comentaron, es que sólo se pretende cancelar el presupuesto de 400 millones de pesos que se destinan a la operación de la estructura burocrática de la empresa, y que representan un fuerte gasto a la Federación.

Sus filiales, como Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) y Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), seguirían operando. En el caso de la primera no desaparecerá el subsidio, mientras que en el caso de la compra y venta de maíz ``el subsidio se transformaría''.

La parte de Conasupo que opera como holding desaparecería y sólo se mantendría una área que maneje la compra y venta de maíz para asegurar el abasto; adicionalmente, explicaron los legisladores, se permitiría el acceso directo del sector agropecuario en el mercado del maíz, en condiciones que fijará el gobierno federal.

Proyectos nacionales, pendientes

De acuerdo con las versiones de los diputados federales priístas, José Angel Gurría confirmó que el recorte a la inversión pública para 1999 será ``histórico'', pues quedará pendiente la conclusión de proyectos nacionales, hasta en tanto el gobierno encuentre nuevas fuentes de financiamiento.

Entre éstos, el funcionario resaltó proyectos en ampliación de infraestructura para la generación de energía eléctrica, de operaciones de Petróleos Mexicanos, y en el crecimiento de las telecomunicaciones, que son estratégicamente importantes para el país, pues también se retrasará la reposición de la flota que vigila los mares nacionales.

Gurría reiteró que el porcentaje del PIB será menor al de este año -el presidente Zedillo dijo ayer que sería de sólo 3 por ciento-, aunque comentó que el nivel de déficit público ``no va a crecer'', y confió en que paralelamente la inflación se mantenga en un dígito.

El titular de la Secretaría de Hacienda, dijeron, también ratificó que se incrementará el presupuesto destinado a seguridad pública, tema que junto con el del presupuesto del ramo 33 -partidas a estados y municipios- generará un fuerte debate, pues en el primer caso tendrá que definirse qué regiones del país necesitan una distribución mayor de recursos, mientras que en el otro existe ``una polarización'' entre el gobierno y los estados, pues es a los alcaldes a quienes la Federación entrega directamente las partidas para sus municipios.