``Ejercicio del poder gubernamental'', la Operación Cóndor: defensa de Pinochet

Reuters, Ap, Dpa y Afp, Londres, 12 de noviembre Ť Con el alegato de que la Operación Cóndor formó parte de las funciones de una política de Estado de Augusto Pinochet, al igual que del resto de las dictaduras sudamericanas, concluyó la defensa la presentación de sus argumentos en favor del ex dictador chileno.

Así, mientras los cinco magistrados de la Cámara de los Lores daban por terminada estas audiencias y anunciaban que su fallo sobre la inmunidad de Pinochet lo emitirán en una ``fecha indeterminada'', Francia pidió hoy oficialmente la extradición del ex militar para que responda por la desaparición de ciudadanos franceses.

Al concluir el sexto día de audiencias, el juez Gordon Slynn refirió que éste es un ``caso importante y muy difícil''.

Asimismo, trascendió que la sentencia se conocerá la próxima semana, y que al menos dos jueces estarían en contra de conceder la inmunidad, uno a favor y entonces los otros dos podrían decidir el caso.

La defensa reiteró que a Pinochet debe respetársele la ``inmunidad absoluta'' como ex jefe de Estado, sobre la base de que la ley británica es tan amplia como para proteger aun a un Adolfo Hitler, y alegó que aunque esto podría ser criticable moralmente, el asunto es que esta es la ley vigente.

El abogado defensor Clive Nicholls aseveró que la inmunidad del hoy senador vitalicio cubre también su rol en la Operación Cóndor, un plan sistemático organizado en los años 70 por las dictaduras militares de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y que coordinaba Chile para reprimir y eliminar a los opositores políticos.

Asentó que la coordinación internacional de dicho plan requería la participación de los implicados como representantes de Estado, y por ello queda cubierta la ``inmunidad soberana'', por lo que Pinochet actuó en ``ejercicio del poder gubernamental'' y tiene derecho a la inmunidad personal.

Incluso citó la Convención de Viena de 1961, en el sentido de que le otorgaría al general en retiro dicha prerrogativa por ser ex jefe de Estado, y que como tal es válida para todos sus actos, y nuevamente subrayó que la ley británica de 1978 le protege, como lo estableció el fallo del Tribunal Supremo que declaró nulo su arresto.

Pero el abogado que representa a España y a los fiscales españoles y británicos, Christopher Greenwood, refutó que Pinochet no tiene derecho a ninguna inmunidad y que Gran Bretaña no tiene obligaciones con Chile para permitirle que regrese a su país.

Hizo énfasis en que acciones de tortura, toma de rehenes y los crímenes de lesa humanidad constituyen comportamientos que el derecho internacional ha prohibido inequívocamente durante todo el periodo que se discute, por lo que conductas criminales de esa naturaleza no están incluidas en las funciones de un jefe de Estado.

Ante la importancia de este caso y por el precedente que sentará, los cinco magistrados invitaron al experto David Lloyd Jones para que dé una opinión independiente en condición de ``allegado del tribunal''.

``Esencialmente es cuestión de interpretación'', comentó, y que una observación estricta del acta británica de inmunidad otorgaría inmunidad de arresto por hechos que ``formasen parte de determinada política estatal, aunque esta política fuese terrible''.

Frente a la Cámara de los Lores manifestantes chilenos han hecho actos de protesta con carteles que rezan ``Pinochet debe pagar'' y ``Buscado: Augusto Pinochet'', mientras el ex dictador permanece en una clínica bajo vigilancia policial.

En tanto que la justicia estadunidense hizo saber por primera vez que se estudia una demanda para empezarle un proceso legal a Pinochet, el Ministerio de Justicia de Francia anunció que se presentó hoy un pedido de extradición del golpista sudamericano, cuya documentación se entregó a las autoridades británicas por medio de la cancillería.

Con anterioridad, el magistrado investigador Roger Leloire había emitido una orden internacional de arresto contra Pinochet por la desaparición de los franceses Marcel Amiel-Baquet, Rene Chanfreau y Etienne Pesele, entre 1973 y 1975.

Luego añadió a la investigación el caso de Jean-Yves Caludet-Fernández, quien desapareció en Argentina en 1975 en el marco de la Operación Cóndor.

En Roma, el Ministerio de Justicia dio su autorización a la fiscalía para que se inicie una investigación sobre Pinochet por denuncias de desaparecidos italianos que ha recibido, al tiempo que el partido de los Verdes pidió a la fiscalía que solicite la extradición del acusado por ``homicidios agravados''.

La secretaria de Justicia estadunidense, Janet Reno, anunció que su despacho estudia una petición para iniciar un proceso judicial contra el ex gobernante de facto chileno, de acuerdo con una denuncia de la familia de Ronnie Moffit, quien murió en el atentado dinamitero de 1976 en la capital estadunidense en el que también fue asesinado el ex canciller chileno Orlando Letelier.

Reno dijo que acababa de recibir la denuncia, y a la pregunta de por qué no se ha detenido a Pinochet cuando han arrestado a terroristas en otras partes del mundo, la funcionaria respondió: ``Como he indicado, estamos estudiando el asunto, por lo que sería prematuro formular comentarios''.

En Panamá, un sondeo de opinión arrojó que 49 por ciento de los panameños apoya la detención de Pinochet.