La violenta ocupación del recinto del Senado de la República, realizada anteayer por un grupo de maestros de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), representa un hecho lamentable que en nada ayuda a la solución de las demandas de los profesores y sí, por el contrario, desacredita a su movimiento ante la opinión pública, reduce aún más los espacios de diálogo para la atención de sus peticiones y los coloca, a los ojos de importantes grupos políticos y sociales, en el sector de la intransigencia y la inmoderación antes que en el de la búsqueda de soluciones civilizadas y democráticas a los diferendos laborales y sindicales. Para colmo, luego de que el Senado interpusiera una denuncia de hechos ante las autoridades judiciales, los maestros que participaron en la toma de la sede parlamentaria podrían enfrentar procesos legales, circunstancia que, presumiblemente, debilitaría su imagen pública y su capacidad de negociación.

Ciertamente, las demandas de los maestros de la sección 9 del SNTE son pertinentes y deben ser resueltas conforme a derecho. El respeto al resultado de la elección democrática de sus dirigentes, el fin del ``bloqueo'' que, a decir de los inconformes, la SEP realiza en su contra, y la erradicación de las prácticas caciquiles en el sindicato magisterial, son exigencias legítimas que deben ser consideradas y atendidas. Pero el uso de la fuerza, aunque podría entenderse como una opción desesperada y extrema ante la cerrazón de las cúpulas sindicales o gubernamentales, es una medida equivocada y contraproducente. Tanto para el SNTE como para los integrantes de la disidencia, la violencia desencadenada en el Senado debe ser una llamada de atención sobre los riesgos que se corren de no alcanzarse pronto acuerdos equitativos y satisfactorios para ambas partes.

Históricamente, los maestros constituyen uno de los grupos sociales más combativos y conscientes de sus derechos, de su importancia para el desarrollo nacional y de la necesidad de establecer un régimen democrático, justo y plural tanto al interior de su gremio como en el país. La participación activa de los mentores ha sido fundamental en la lucha de la clase trabajadora por obtener mejores salarios y condiciones laborales, y también, ha sido determinante en los esfuerzos en favor de un sindicalismo libre y autónomo y en el proceso de consolidación democrática del país. Sin embargo, tanto en la SEP como en el SNTE subsisten prácticas excluyentes y autoritarias que obstaculizan la labor de los profesores, deterioran la calidad de la educación impartida a los millones de alumnos del sistema educativo nacional, erosionan la convivencia de las diferentes corrientes del magisterio y conducen a conflictos como el que se suscitó el miércoles pasado.

Cabría esperar, así, que las autoridades, la directiva gremial y los disidentes se conduzcan de manera civilizada, tolerante y receptiva a las demandas de los maestros, y respondan de manera pronta y completa a las acuciantes necesidades que aquejan tanto a los trabajadores como a los educandos. Mientras persistan, en cualquiera de las partes, actitudes sectarias, violentas o intransigentes se corre el riesgo de agravar los conflictos gremiales y será más difícil alcanzar los acuerdos que permitan una efectiva democracia sindical y el mejoramiento del sistema educativo del país.