Legisladores de la derecha chilena, en pro de poner fin al ``Estado pretoriano''

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 12 de noviembre Ť Diputados de la derecha chilena abogaron por el fin del ``Estado pretoriano'' que permite a los militares intervenir en política, al tiempo que el ejército afirmaba que la detención en Londres de Augusto Pinochet es una pérdida de la ``soberanía'' nacional.

Se debe terminar con este tipo de ``Estado pretoriano'' en el que las fuerzas armadas intervienen en asuntos políticos a través del Consejo de Seguridad Nacional y de los senadores designados, señaló de manera sorpresiva el diputado Arturo Longhton, del partido opositor Renovación Nacional.

De este modo aludió a la reunión recién efectuada el miércoles por el Consejo de Seguridad Nacional, a convocatoria del presidente Eduardo Frei poco antes de que emprendiera una gira al extranjero, cuyo propósito fue abordar el tema del arresto del ex comandante en jefe del ejército y hoy senador vitalicio.

El consejo, integrado por cuatro militares y cuatro civiles, puede representar a Frei en situaciones que afecten la seguridad interna del país, que en esta ocasión fue convocado por el presidente no sólo a raíz de su gira, sino también porque antes así lo habían demandado los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y la derecha.

En este marco, el diputado Longhton y sus colegas de partido Lily Pérez y Osvaldo Palma se pronunciaron por la necesidad de mejorar la institucionalidad legada por los militares, por lo que se mostraron en favor de analizar el papel polémico de los llamados senadores institucionales o designados.

Tales legisladores designados, que son nueve y fueron nominados por Pinochet por ley, suelen sumar sus votos a los de la oposición de derecha y con ello se constituyen en mayoría, de tal modo que durante los últimos ocho años han frenado todo intento de reformas constitucionales democráticas.

Justamente, tras el arresto de Pinochet los designados paralizaron su labor junto con los derechistas, y la víspera presentaron un proyecto para que el Senado rechace la posición del gobierno español de cursar una orden de extradición del ex dictador.

La derecha también instó al gobierno chileno a que convoque a una reunión con los embajadores acreditados en Santiago para que conozcan las ``transgresiones'' de España en los asuntos internos de Chile, e igualmente se instruya a los diplomáticos chilenos sobre este asunto y se informe al Mer- cado Común del Sur.

El comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, reafirmó la preocupación de las fuerzas armadas sobre el caso Pinochet, en torno a quien pidió su liberación, y consideró que es ``grave que la postura asumida por nuestro país no haya sido acogida ni entendida por otras naciones'', además de que añadió que era inaceptable lo que estaba ocurriendo.

Esta situación ``nos afecta y constituye una pérdida de nuestra soberanía. Esto último es esencial para entender la gravedad, la importancia de esta materia'', declaró el jefe militar al hablar en Caldera, a 850 kilómetros de Santiago, en una zona desértica en donde unos 20 mil soldados participan en maniobras militares.

En otros asuntos, mientras se informaba del hallazgo de dos cuerpos de 15 fusilados en 1973 por la caravana de la muerte, el Tercer Juzgado del Crimen se declaró incompetente y trasladó a otro tribunal una querella contra quienes otorgaron un pasaporte diplomático al ex dictador para su viaje a Gran Bretaña.