Las elecciones recientes dejaron un mal sabor de boca en los grandes partidos de la oposición, no obstante que el PRD obtuvo la victoria en Tlaxcala, a la cabeza de una exitosa coalición electoral. Tanto el PAN, que vio frustradas sus esperanzas en Sinaloa, como el PRD en Michoacán, denunciaron la vuelta a las prácticas fraudulentas por parte del PRI, es decir, una suerte de ``restauración'' de los peores métodos del priísmo tradicional.

En general, las reclamaciones se refieren a la inequidad en la competencia partidista. La acusación más fuerte contra el partido oficial es que éste sigue utilizando ilegalmente los programas gubernamentales como recurso que acaba por ensuciar las elecciones, lo cual, ciertamente, constituye un delito que no puede pasarse por alto.

Es muy importante ir al fondo de estas acusaciones para evitar que el horizonte se contamine otra vez con el virus de la desconfianza en el proceso electoral. No podemos darnos el lujo de volver atrás, cuestionando la frágil credibilidad de las elecciones, pero también, como de pasada, socavando la legitimidad de los programas de mayor peso social que debían sostenerse como prioridad estratégica.

Sin embargo, es un error de interpretación atribuir solamente a esa práctica -cuya existencia es innegable- la indiscutible recuperación electoral que, en general tiene el PRI, sobre todo si se contrastan los resultados con el acta de defunción que los partidos opositores ya le habían extendido. No se pueden explicar los triunfos de la oposición como victorias de la democracia, y sus derrotas como simples resultado del atraso. Algo falla en esta argumentación.

Es verdad que existe en el país una cultura política arcaica desde el punto de vista democrático que condiciona el voto popular. Buena parte de la presencia electoral oficialista se explica, ciertamente, por las inercias del pasado, pero es mucho decir que el PRI es por definición el partido del atraso, considerando en esta categoría a los ciudadanos más pobres del campo y las ciudades.

Esa afirmación es bastante superficial si se consideran algunos datos de las últimas elecciones. Hemos visto, por ejemplo, al PRI recuperar algunas de las grandes ciudades que le habían sido arrebatadas por la oposición, como Puebla y, tal vez, Morelia que tenían gobiernos panistas. Morelia es un caso singular, pues ya ha sido gobernada por los tres partidos, de modo que allí hay un alternancia real, que no es una figuración y una disputa a tres bandas del voto urbano que no está decidida de antemano.

Sin embargo, es evidente que la transición también es un proceso desigual y combinado entre lo nuevo y lo viejo. En Tamaulipas, el gobernador Cavazos hizo añicos a sus adversarios usando los peores métodos, pero la oposición tampoco presentó allí al mejor candidato posible, todo lo contrario. En Tlaxcala, en cambio, el PRI se partió en dos y, sin embargo, la victoria de Sánchez Anaya, un ex priísta connotado, habría sido imposible sin la coalición que surgió gracias a la reforma que dio vida a los partidos pequeños, cuya utilidad marginal ahora se acrecienta. La incomprensible división del PRD en Michoacán explica mejor que otros argumentos de otra índole su consistente retroceso electoral en el estado donde nació mas fuerte. El PAN, por su parte, sigue circunscrito a una visión antediluviana de la democracia, sin conexión posible con el mundo de los desposeídos al que sigue dándole la espalda, como ocurre en Puebla y otros estados de la República. ¿Deben extrañar los avances del PRI?

Si atendemos al conjunto de los procesos y sus resultados, no obstante las inexcusables involuciones priístas, es claro que se consolidan los precedimientos democráticos en las elecciones, poniendo en la balanza electoral el juicio de los ciudadanos sobre la gestión de los partidos, estén dentro o fuera del gobierno las consideraciones relativas al contenido de sus programas y a la capacidad de sus candidatos o gobernantes para responder a las necesidades de una población mejor informada, más crítica, pero también menos ilusionada en los cambios.

Los partidos políticos tendrán que reflexionar mucho y seriamente sobre los desafíos que estas realidades les plantean.