Eugenio Bermejillo
La iniciativa de Zedillo, que rompía con lo acordado en San Andrés y llegó a las cámaras por vías ajenas al proceso de paz, no logró siquiera el consenso necesario para su aprobación en la comisión senatorial correspondiente. El intento gubernamental de que se aprobara su iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena durante el periodo de sesiones de principios de año fracasó. Las posibilidades de la iniciativa se reducen aún más en el actual periodo de sesiones: empujar una ley que, a ojos de muchos pone en peligro el diálogo de paz, corre el riesgo de calentar más el ya de por sí tenso ambiente en el que se desarrolla la discusión sobre el rescate financiero y la carrera electoral del 2000.
Ante la posibilidad de tropezarse por segunda vez con la piedra del Congreso de la Unión, el gobierno ha puesto a hibernar su iniciativa. Sin embargo, no renuncia a su objetivo de achicar los Acuerdos de San Andrés. Los Congresos de los estados, menos visibles y más dóciles, resultan instrumentos cómodos para diluir la traducción a reformas constitucionales de los Acuerdos de San Andrés. La Secretaría de Gobernación está girando instrucciones a los poderes de los estados de la federación --como si fueran una dependencia a su cargo--, para que impulsen reformas a las Constituciones locales a modo. Estampe su firma donde dice Honorable Congreso y, más rápido que en fast track, demuestre lo inútiles e inviables que son los Acuerdos de San Andrés, lo terco que son sus defensores.
A diferencia de la solución por la vía del diálogo, el camino centralista y autoritario que escogió el gobierno implica el control de las organizaciones indígenas; requiere dejar claro que la gente común está para obedecer leyes, no para participar en el proceso de su formulación.
La intensa polémica y participación que ha despertado la reforma federal sobre derechos indígenas, --con casi tres años de ocupar espacio en los medios de comunicación y en las mentes de personas que antes no se ocupaban de temas constitucionales-- contrasta con el carácter, ya no digamos cupular, sino secreto, con el que se conducen las reformas a las Constituciones locales.
Mientras se multiplican las ediciones resumidas y/o comentadas de la iniciativa de la Cocopa y de los Acuerdos de San Andrés, se mantienen a prudente distancia los textos de las reformas de los diversos estados que han modificado sus constituciones en materia indígena. ¿Qué esconden?
A los organizadores del Primer Encuentro sobre Derechos Indígenas y Cultura en Baja California alguien les ``filtró'' que había una iniciativa de ley del diputado priísta saliente, Juan Valenzuela. Un mes después de realizar un plantón frente al Congreso y haberse entrevistado con representantes del gobierno y de la Cámara todavía no conocían el texto de la iniciativa. ``Sabemos de la trascendencia de los Acuerdos de San Andrés y la participación en un sentido democrático y de unidad, como jamás se había hecho con otra ley. Esto es bastante valioso. Ernesto Zedillo quiere modificar los Acuerdos y ha hurtado esa iniciativa'' señala Julio Sandoval Cruz, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Independiente Triqui de Baja California. ¿Algún ciudadano sabe qué dice la iniciativa que está proponiendo Roberto Albores al Congreso chiapaneco?
El caso de Oaxaca es diferente. Aquí se pusieron a trabajar los tradicionales mecanismos de clientelismo y coptación. Aunque no sin problemas: a principios de año varios presidentes de municipios indígenas protestaron públicamente por haber sido incluidos, sin su consentimiento, en un desplegado promovido por personal de la Secretaría de Desarrollo Social en apoyo a la iniciativa de Zedillo. La promoción de la ley indígena oaxaqueña no fue la de sus pueblos, sino la del gobernador.
El caso de Veracruz es ilustrativo de la naturaleza de la reciente fiebre legislativa. El pasado 7 de septiembre importantes organizaciones indígenas del centro, sur y norte de este alargado estado, publicaron en los periódicos locales un carta titulada ``Rechazo Total a la Ley Indígena de Chirinos''. Desde hace tiempo estas organizaciones se reunieron como Comisión de Seguimiento de los Encuentros de los Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz, instancia que, entre otras tareas, realizó consultas en sus regiones para delinear una legislación indígena veracruzana. Un primer resultado de este esfuerzo fue la presentación ante la Cámara de un proyecto de ley sobre derechos indígenas que cuenta con el respaldo de cinco mil ciudadanos veracruzanos.
La carta denuncia que la reforma constitucional fue aprobada en sólo 4 días ``sin haberse hecho pública y con el desconocimiento de los pueblos indígenas'' y, por supuesto, sin tomar en cuenta el proyecto de ley consensado por los indígenas. El documento afirma que la reforma no reconoce la autonomía, los sistemas normativos y el uso y disfrute colectivo de las tierras y territorios y otros derechos indígenas y que es anticonstitucional, porque se opone al convenio 169 de la oit. Se pronuncia a favor de la consulta convocada por el ezln ``para que todos los municipios y ciudadanos del país demos nuestro punto de vista''. Y concluye: ``No habrá en el Estado de Veracruz una sola organización indígena que apoye la Ley Chirinos. Por estas razones afirmamos que esta ley nacerá muerta''.
Ejemplos como el de Veracruz ponen de manifiesto el carácter de la ``nueva relación del Estado con los pueblos indígenas'' que están proponiendo, en los hechos, los que siempre se han opuesto a los derechos indígenas y ahora tienen prisa por legislar sobre ellos.