El nuevo acuerdo PRI-PAN sobre el Fobaproa se perfila con todos los inconvenientes de la iniciativa original. No permite superar los problemas del sector bancario. Tampoco aporta elementos para restablecer la legalidad. Contrario a la insistencia presidencial, por su altísimo costo fiscal, el acuerdo impedirá construir una economía competitiva y robusta.

Todo esto es normal pues, en realidad, el nuevo acuerdo no busca resolver esos problemas. El acuerdo es una operación contra la economía real para extraer el tributo destinado a pagar la carga financiera del rescate bancario. En otras palabras, asegurar el pago de intereses a los banqueros, mientras que la deuda principal se renegociará al vencimiento, reconduciendo el gravamen por más tiempo. El gobierno cree que con ese incentivo los banqueros internacionales recapitalizarán los bancos y los problemas desaparecerán. Se equivoca.

No basta aprobar un nuevo acuerdo en el Congreso para restituir la legalidad. La legislación federal en materia bancaria se violó. Hay que anular actos, reconstruir figuras jurídicas y deslindar responsabilidades. Sin eso, será imposible definir un nuevo sistema regulatorio para el sector bancario, minando gravemente la credibilidad de todo el sector financiero. El gobierno sostiene que impidió un pánico bancario con sus actos ilegales. Eso es falso. En realidad, sentó las bases de un ambiente malsano y duradero de crisis e incertidumbre financiera. Los efectos negativos se dejarán sentir durante una generación.

El sector bancario no saldrá a flote con el nuevo acuerdo y la cartera vencida seguirá creciendo. La ruinosa operación del nuevo Fobaproa será una hipoteca tan pesada sobre el resto de la economía, que hará imposible superar los tradicionales problemas de competitividad internacional, debilidad del mercado doméstico, y distorsión de las finanzas públicas. Esos problemas se refuerzan mutuamente y, al agravarse, repercutirán sobre el sistema bancario en un círculo vicioso, reduciendo la captación y rentabilidad, de tal forma que más temprano que tarde será necesario otro rescate de los nuevos banqueros.

Por estas razones el acuerdo PRI-PAN tiene un alcance limitado, aunque sus efectos negativos serán duraderos, por no decir permanentes.

Para que el acuerdo de la cúpula PAN-gobierno tenga sentido es indispensable encontrar los recursos fiscales que exige el costo financiero de la nueva deuda. ¿Estarán dispuestos los diputados panistas a seguir colaborando?

El problema es claro. Los intereses generados anualmente por la nueva operación ascenderán a 5 mil-6 mil millones de dólares (dependiendo de la recuperación de los pasivos del Fobaproa y la tasa de interés). Hay que añadir el costo fiscal del nuevo programa de quitas con el cual se quiere maquillar el acuerdo.

Generar estos recursos requiere trabajar ambos lados del presupuesto federal. Por el lado de los ingresos, hay poco margen de maniobra. Seguramente se piensa en reorganizar el IVA con el fin de manipularlo en tasas diferenciales (algo que puede permitir eliminar la tasa cero sin demasiado costo político). El impuesto sobre la renta no será tocado y su estructura seguirá siendo la del gobierno Salinas-Aspe, aunque el enorme sacrificio fiscal de esa reforma no trajo beneficios para la economía mexicana.

Elevación de precios y tarifas de bienes ofrecidos por el sector público significa que el sector energético trasladará el fardo a la economía real: gasolinas, gas y luz sufrirán aumentos significativos. La privatización de aeropuertos, ¿se le considerará otra fuente de recursos? No lo dude el lector.

Por el lado del gasto, el gobierno eliminará Conasupo y los subsidios a la tortilla. Procampo terminará por irse a pique, al igual que la Alianza para el Campo. El gasto social se estancará en migajas.

No lo olvide usted, cada vez que el gobierno anuncie que opera con finanzas públicas sanas, nos estará diciendo que la economía real está generando recursos para pagar el costo del Fobaproa.

Hay alternativas para el sistema bancario: hasta la dictadura de Pinochet fue menos obsequiosa del lobby bancario. En la crisis de 1982, su superintendencia bancaria y financiera ni siquiera emitió títulos que generaban intereses para recapitalizar los bancos. Aquí la cúpula PAN-gobierno prefirió representar a los banqueros frente a la nación, como si buscara imponer reparaciones de guerra a un pueblo vencido. Pero, cuidado. La historia enseña que las reparaciones de guerra impagables, por sus daños incalculables, fortalecen las tentaciones autoritarias, sobre todo en gobiernos que desprecian la legalidad.