En los últimos años, la situación de los derechos humanos en México ha preocupado a la comunidad internacional. La respuesta del gobierno mexicano ha pasado de calificar cualquier observación internacional de derechos humanos como producto de ``malas informaciones'' o ``atentados a la soberanía'' a una aparente apertura al escrutinio internacional.

En septiembre del presente año, el presidente Ernesto Zedillo sometió a la consideración del Senado la propuesta de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe mencionar que México y Brasil son los únicos países integrantes del Grupo de Río no sujetos a la jurisdicción de la Corte.

Por otro lado, ante la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en México, el gobierno mexicano se declaró dispuesto a tomar en cuenta las recomendaciones que le hiciera la CIDH en dicho informe.

Obviamente, aceptar la competencia contenciosa de la Corte y las recomendaciones de la CIDH muestra una mejora sustancial si la comparamos con la postura asumida anteriormente, y ello se debe en gran medida al papel desempeñado por la canciller Rosario Green.

A pesar de lo positivo de este cambio nos preocupa la falta de consistencia entre el discurso internacional y los resultados a nivel interno. Hoy, una de nuestras preocupaciones cumple cinco años. Hace 5 años fue detenido el general brigadier José Francisco Gallardo. Desde entonces ha sido objeto de 16 averiguaciones previas y 10 causas penales, además de una constante campaña de hostigamiento y difamación, situación que no cambió cuando la Comisión Interamericana resolvió que el Estado mexicano debía liberar inmediatamente al general por ser objeto de una desviación de poder.

El Estado Mexicano desconoció de esta manera la primera decisión de la CIDH en un caso individual en la historia de México.

Preocupa la ambivalencia del gobierno de México ante los foros internacionales en materia de derechos humanos, porque de nada servirá la aceptación de la competencia de la Corte si no piensa cumplir con sus compromisos internacionales: de nada servirá que en el discurso diga que acepta las recomendaciones de la CIDH si en los hechos no las cumple.

Y no sólo nos preocupa que las autoridades mexicanas no cumplan estas recomendaciones, sino que las violaciones que motivaron las recomendaciones sigan existiendo. Gallardo sigue preso, y la campaña de hostigamiento y persecución continúa. Hace algunas semanas la Secretaría de Relaciones Exteriores calificó a Gallardo de ``ex general'' cuando la sentencia impuesta aún no causa ejecutoria, es decir, el proceso todavía no termina.

Preocupa la actitud de la cancillería porque refleja que éste no es un asunto de cerrazón castrense sino de mala fe del Estado e inconsistencia jurídica, misma que crece con cada nueva averiguación previa que se le abre al general Gallardo, la última de las cuales es resultado de un cateo que se le hizo sin orden de autoridad competente.

Preocupa la cerrazón del Estado al no presentarse a la audiencia en la Comisión Interamericana para supervisar las acciones del Estado en cumplimiento de las decisiones en los casos Gallardo, Ejido Morelia, y Aguas Blancas, y su franco desafío a sus obligaciones internacionales.

Los compromisos internacionales deben asumirse para ser cumplidos. Esto distingue a los tratados de los discursos. La misma Corte Interamericana ha respaldado en un caso reciente la obligación de los Estados de cumplir con las decisiones de la Comisión (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo, Pan 83).

El cumplimiento de la decisión de la CIDH en el caso Gallardo sería un indicador del respeto a las leyes internas por parte de las autoridades mexicanas y de su compromiso con el Estado de Derecho. Constituiría un paso fundamental para superar la política de abusar de las leyes que le acomodan ignorando las que le son incómodas.

En conclusión, podríamos decir que la credibilidad del compromiso de México frente a sus obligaciones internacionales y en consecuencia con el estado de derecho depende en gran parte de la liberación del general Gallardo según dispusiera la CIDH en el informe 43/96 y que ordena:

1. Se libere inmediatamente al general brigadier José Francisco Gallardo.

2. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del general.

3. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecusión, difamación y hostigamiento en contra del general.

4. Adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas pendientes.

5. Se le pague una justa indemnización como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima.

El aceptar la competencia de la Corte y cambiar el discurso ante los organismos internacionales no eximen al Estado mexicano de apegarse a las normas de derecho internacional y cumplir con las obligaciones que éste le impone. Hoy es un buen día para empezar a demostrar el compromiso efectivo con los derechos humanos cumpliendo con la decisión de la CIDH liberando al general Gallardo.

*Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).