Un fallo contra el general no pondría en jaque la democracia, replica Santiago

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 9 de noviembre Ť El gobierno de Chile desmintió hoy que las fuerzas armadas se encuentren en estado de alerta como medida de presión por la detención de Augusto Pinochet en Gran Bretaña y su eventual procesamiento en España, al tiempo que hizo un llamado a enfrentar con serenidad el desenlace en el caso del ex dictador.

En caso de que el fallo de la Cámara de los Lores sea adverso al ex gobernante de facto, Santiago pedirá a Gran Bretaña que Pincohet sea repatriado por razones humanitarias, dijo el ministro del Interior, Raúl Troncoso.

El funcionario desmintió, por otro lado, que un eventual juicio al ex general pueda poner en peligro la estabilidad política del país y el proceso de transición a la democracia, como lo señalaron hoy los abogados de Pinochet en su argumentación ante los Lores.

Subrayó que esa aseveración carece de fundamento, pues la transición chilena es suficientemente sólida como para verse afectada , aunque reconoció que sí influye la situación en la relación interna entre los ciudadanos, los vínculos internacionales del país y podría llegar a tener consecuencias en el aspecto económico.

El ministro del Exterior Miguel Insulza descartó romper relaciones con España por el procesamiento del senador vitalicio chileno, lo cual, manifestó, ``no ayudaría en absoluto''.

Y después de España y Gran Bretaña, ``¿Con quién vamos a romper?. ¿Qué vamos a hacer con nuestras relaciones exteriores?. ¿Las vamos a incinerar al gusto o interés de algunas reacciones extremas?'', se preguntó Insulza.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Abel Matutes, manifestó que anoche mantuvo conversaciones telefónicas con su par chileno sobre el caso Pinochet, y que Insulza le dijo que consideraba positiva la postura del gobierno español.

El presidente del Senado de Chile, Andrés Saldívar, convocó a una sesión especial de la Cámara para el miércoles, con el fin de analizar las relaciones con España. Mientras, el ministro de Defensa chileno, José Florencio Guzmán, aseguró que todas las unidades militares funcionan con normalidad. Tras reunirse con el presidente Eduardo Frei para abordar la situación en las instituciones castrenses y la conformación de un nuevo alto mando del ejército, Guzmán indicó que esta transferencia se ha hecho con toda normalidad.

Dentro de este cambio del alto mando, el ejército chileno ascendió al rango de Mayor general al general Sergio Espinosa Daviles, ex jefe de una misión de paz de la ONU y objetado por su posible participación en abusos de derechos humanos.

El ahora mayor general ocupará también el cargo de inspector general del ejército, de acuerdo con un comunicado de la institución Castrense. La diputada socialista Fanny Pollaloro dijo que testigos reconocieron a Espinosa como participante en sesiones de tortura durante el régimen militar y que comandó un pelotón de fusilamiento.

Frei aprobó el nuevo alto mando, que significa también el retiro de once generales, muchos de ellos considerados allegados a Pinochet.

Guzmán salió al paso a versiones atribuidas a fuentes de prensa y parlamentarias, según las cuales el ejército se mantenía desde el viernes en estado de alerta en respuesta a que el consejo de ministros de España tramitó la solicitud de extradición de Pinochet.

Ante esto, indicó, no existe ninguna señal de que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de la policía de carabineros deseen convocar al consejo de seguridad para tratar la situación del actual senador vitalicio, ocasión que sería aprovechada para el llamado y desmentido golpe blanco.

Guzmán dijo que constitucionalmente es posible que al menos dos comandantes en jefe convoquen al consejo --que reúne a la cúpula civil y militar del país--, pero no hay ninguna señal de que eso vaya a ocurrir, porque se está actuando con un criterio conjunto.

El canciller Insulza también desmintió el presunto estado de alerta en las fuerzas armadas, lo mismo que el secretario general de gobierno, Jorge Arrate, quienes exhortaron a la serenidad del país.

El presidente Frei admitió que el incidente, con relación a Pinochet --con su secuela de manifestaciones en favor y en contra--, demostró que la reconciliación entre los chilenos aún no es una realidad, y ``en los próximos tiempo tendremos que dar nuevos pasos y acciones para avanzar en este proceso'', precisó.

Por lo tanto, añadió el mandatario, ``sean cuales sean las circunstancias que tengamos que enfrentar, yo invito a todo el país a la serenidad y a la tranquilidad''.

De su lado, la coalición gobernante rechazó categóricamente la propuesta derechista encaminada a formar una gran coalición nacional que excluiría a la izquierda del oficialismo. ``Plantear esta medida de desesperación como si se estuviera viniendo abajo el edificio institucional me parece absolutamente desproporcionado'', afirmó el presidente de la Democracia Cristiana, Enrique Krauss.

Dirigentes derechistas plantearon la víspera la conveniencia de reditar una antigua alianza de los años setenta entre la gobernante Democracia Cristiana, la principal fuerza política del país, y partidos derechistas para encarar la crisis por la detención de Pinochet.

El presidente del Partido Socialista, el senador Ricardo Núñez, señaló que no serán los esfuerzos derechistas ni las insinuaciones que provengan de ex altos mandos del ejército los que dividirán a la Concertación.

Legisladores de Argentina, Uruguay y Chile, como representantes de países que padecieron graves violaciones a los derechos humanos, expresaron su apoyo a la corriente para enjuiciar al ex dictador chileno, en una declaración que fue enviada al gobierno británico, según se dio a conocer en Buenos Aires.