Es indispensable alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, que deje perfectamente claro que no se permitirá nunca más actuar con impunidad. Pero para ello es necesario investigar a fondo a las autoridades de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo ello con el propósito de conocer quiénes se beneficiaron indebidamente con los créditos del Fobaproa.

También es necesario dejar perfectamente claro que hubo una actuación apegada a las leyes por parte del Ejecutivo federal, en lo referente al rescate bancario, y si esto no queda claro, entonces se deberá buscar el procedimiento para que sea la Suprema Corte quien resuelva esta situación, por medio de una controversia constitucional.

Y no debe haber impunidad, pues seremos entonces la gran mayoría de los mexicanos quienes de una u otra forma tendremos que pagar algo así como 552 mil millones de pesos -para estas fechas ya pueden sumar alrededor de 620 mil millones de pesos-, que es el costo del fraude bancario más cuantioso en la historia del país. No sería justo que por encima de la severa crisis que padecen los mexicanos, ahora tengan adicionalmente que pagar el enriquecimiento de un grupo de banqueros. Las autoridades lo saben, y lo saben muy bien, que Cabal, Rodríguez y Lankenau no fueron los únicos beneficiarios de ese fondo.

Habría pues que aprovechar que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, ofreció -si el Congreso la da la oportunidad- demostrar la legalidad de las decisiones que tomó como secretario de Hacienda durante el proceso de rescate bancario, antes de determinar la procedencia de la demanda de juicio político interpuesta por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Los partidos opositores aseguran que Guillermo Ortiz violó la Ley de Deuda Pública al emitir pagarés respaldados por el gobierno, por un monto de 65 mil millones de dólares, sin autorización previa de la Cámara de Diputados. ``Hago patente mi respeto irrestricto al Congreso de la Unión, a sus deliberaciones y decisiones'', dijo Ortiz, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, pero también buena parte de sus más cercanos colaboradores han realizado un intenso cabildeo, entre diversos legisladores, para analizar la verdadera magnitud del juicio político en su contra.

El gobernador del Banco de México, quien ocupa ese puesto desde el primero de enero pasado, tiene plena confianza ``en que el Poder Legislativo procederá en el examen de las denuncias con estricto apego a derecho y que tendré la oportunidad de demostrar la legalidad de las decisiones que tomé como secretario de Hacienda'', y así debe de ser.

Melée

La inestabilidad macroeconómica global refleja a estas alturas la enorme asimetría que existe entre un mundo financiero internacional cada vez más complejo y dinámico y la ausencia de un marco institucional apropiado para regularlo... Así, el monto de la deuda externa de América Latina y el Caribe llegó en 1997 a 644 mil millones de dólares, lo que significa que se multiplicó por nueve desde 1975, según un informe divulgado por el Sistema Económico Latinoamericano (Sela). Si bien el monto total de la deuda externa engloba a la totalidad de países de la región, 90 por ciento de la misma se concentra en siete países: Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Chile... Con el tiempo, la denuncia que Carlos Romero Deschamps presentara hace unos años ante el presidente Ernesto Zedillo, en el sentido de que ``se está desmantelando a Petróleos Mexicanos'', no sólo ha tomado cuerpo, sino que ahora se demuestra que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana también participa en ese saqueo. Un ejemplo concreto es el otorgamiento de apoyos monetarios para mejoramiento de la vivienda de los trabajadores petroleros, fondos garantizados de acuerdo con una de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Si un sindicalizado desea remodelar su vivienda, entre sus prestaciones se cuenta la de un apoyo ``totalmente gratuito'' por más de 30 mil pesos, mismos que en un número indeterminado de ocasiones se obtienen con documentación falsa -principalmente de personal jubilado o liquidado de la propia empresa- elaborada por algunos elementos del sindicato y validada por ciertos funcionarios de la paraestatal. La PGR tomó cartas en el asunto y cuenta con el nombre de algunos funcionarios de Pemex y del sindicato que desde hace algunos años han participado en ese acto ilícito, entre ellos uno de apellido Pinter, quien según las autoridades no estaría involucrado en el fraude, pero sabe mucho sobre él, y otro más de nombre Antonio y de apellido Barajas.