El fallo favorable a la capitalización de intereses sobre intereses, emitido el 7 de octubre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), colocó a ese organismo en el primer plano de la atención pública. La resolución correspondiente, que se refería a la preeminencia de unas leyes sobre otras, resultó difícilmente objetable desde los puntos de vista técnico y jurídico pero, en la medida en que estaba situada en el centro de la pugna entre los bancos privados y varios millones de deudores en riesgo de perder parte o la totalidad de su patrimonio, fue rechazada y condenada por diversos sectores de la sociedad.

Con este antecedente aún fresco en la memoria de la colectividad, y cuando las consecuencias del fallo están afectando a muchos mexicanos, el magistrado Juventino Castro y Castro presentó -en el libro titulado La Suprema Corte ante una ley injusta. Un fallo histórico respecto al llamado anatocismo, así como en entrevista con este diario- consideraciones de gran interés sobre la institución a la que pertenece.

Castro y Castro -quien, junto con otros tres ministros, votó en contra de la mayor parte de los resolutivos del 7 de octubre- señala, en primer lugar, que la SCJN debe dejar de considerarse a sí misma un simple ``tribunalote'', y asumir su papel como uno de los tres máximos poderes públicos del país. Ello implica, a juicio del propio magistrado, atender no sólo a la legalidad, sino también a la justicia, así como participar activamente, desde sus atribuciones constitucionales, en la solución de los grandes problemas nacionales.

Ciertamente, ello implica la necesidad de que los integrantes de la SCJN se mantengan atentos a la agenda política del país y a las tareas fundamentales en las que está empeñada la sociedad y que constituyen los principales reclamos hacia las autoridades: entre otros, revertir la escandalosa injusticia social que prevalece en el país -ahondada, con crisis y sin ellas, por la política económica del grupo gobernante-, lograr la plena normalización democrática, reconstruir la seguridad pública, restablecer la credibilidad de las instituciones y establecer estrategias que aseguren la soberanía y la viabilidad nacionales en el contexto internacional de la globalización.

Cabe esperar, finalmente, por el bien de la Suprema Corte de Justicia y por el de la nación, que el exhorto de Castro y Castro sea atendido por sus compañeros y se traduzca en una reactivación y una dignificación del Poder Judicial.