Defiende el diputado Bartolini la ley de fomento cultural en el DF

Renato Ravelo Ť Para el diputado Miguel Bortolini, la ley de fomento cultural no es ``nacionalista'' ni está en contra de las leyes federales de conservación patrimonial ni establece un mecanismo de control de la creación a través de los consejos ciudadanos de participación.

En conferencia, Bortolini defendió la ley en seis puntos, con cita de artículos. Empezó por desmentir a quienes bautizaron a esta polémica legislación ``la ley Bortolini''. Es producto de una amplia consulta ciudadana, sostuvo. El documento es una respuesta a ``las precisiones'' que sobre la iniciativa de ley le hiciera el Instituto de Cultura, por medio de Alejandro Aura.

Dice la respuesta: ``se antepone, como criterio en contra, el carácter nacionalista, conservador o tradicionalista del documento en cuestión, sin citar justamente las abiertas propuestas que en cuanto a la vinculación de la cultura local, con la nacional y la universal, el documento en realidad propone''. Y cita dos artículos en los que no se ``expone que la cultura local deba establecer una `lucha' en contra de la cultura universal''.

El cuestionamiento principal a la ley que promueve el diputado Bortolini es el relativo a los consejos de participación ciudadana por barrio, por colonia, por delegación. Pero se dice que éstos son burocráticos y sin criterios de calidad artística, sino de participación política. Dos apartados dedica el diputado para su defensa:

En el primero, cita el artículo tercero, el de los principios de la ley, para demostrar que éste garantiza ``la creación, la ejecución, la interpretación y las formas de expresión y difusión de la cultura como un ejercicio de libertad, no sujeto a censura o limitación alguna''. También cita otros dos sobre los derechos de los ciudadanos y las funciones de los consejos.

No desmiente el carácter burocrático de los mismos, pero sí ratifica que al menos en la letra ésta no sería una burocracia que tenga en sus funciones la censura. El segundo apartado es más contundente, pues sería una burocracia sin costo: ``sus integrantes desempeñarán sus cargos de manera honorífica'', y ocuparían sólo unas 17 oficinas elementalmente equipadas.

Dos apartados de la repuesta salen un poco de la discusión central del proyecto; son los relativos a la competencia que se da en la ley para la protección del patrimonio y el reconocimiento al Instituto de Cultura.