La Jornada lunes 9 de noviembre de 1998

Cuento de María Novaro sobre las reformas cinematográficas

Señora directora: Les ruego publique este comentario, a propósito de la más reciente nota de Raquel Peguero acerca de ciertas encuestas de opinión sobre la iniciativa de reformas a la ley cinematográfica.

Ahí les va un cuento:

Le preguntan al ejecutivo de una de las poderosísimas compañías distribuidoras de cine hollywoodense en nuestro país:

``¿Por qué están gastando tantísimo dinero en encuestas, en cientos de miles de volantes, en desplegados (a veces anónimos) que aparecen en los diarios?, ¿por qué insisten tanto en el asunto de que se les autorice el doblaje al español de todas sus películas? ¿Qué no les basta que esas películas suyas ocupen ya 95 por ciento de todas las pantallas que hay en México?''.

Y el ejecutivo contesta (con acento gabacho, claro): ``No, no nos basta. Queremos el ciento por ciento. Queremos controlar todo lo que ven''.

Así de simple.

Pero bueno, es un cuento.

¿O no?

Saludos.

María Novaro.

Refiere las condiciones laborales de los empleados de la CLFC

Señora directora: Siendo un lector más de los miles de trabajadores que leemos La Jornada, diario que atinadamente usted dirige, leí con mucho interés la entrevista que hizo Jesusa Cervantes -el domingo 18 de octubre en Masiosare- a los compañeros de la Comisión de Seguridad e Higiene del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rubén Sánchez, Adolfo Lievie, Roberto Carlos y a los compañeros linieros Arturo Mecalco, Gustavo Cipriano y Adolfo Galván Zúñiga, todos ellos que también describen el quehacer y riesgo a que esta expuesto el trabajador diariamente en los departamentos operativos.

Del mismo interés resultan las aportaciones de Leticia Campos, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, al señalar el deterioro del cuerpo, en forma más rápida, de quienes estamos expuestos a la tensión constante de manejar la energía eléctrica, y del doctor Arturo Fajardo Gutiérrez, de la Unidad de Investigaciones Médicas Epidemiológicas de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social -del Hospital Siglo XXI- que habla de los estudios que indican la constante exposición a campos magnéticos que provocan leucemia, tumores cerebrales y hasta malformaciones en los hijos de trabajadores.

En el departamento de cables subterráneos, también se corren grandes riesgos para los que laboramos reparando el equipo dañado por el tiempo o instalando nuevos servicios.

Al bajar a las bóvedas, esas que se ven en las banquetas con rejillas o pozos de visita (PV), para hacer los trabajos necesarios en su interior, se pasa junto a cables de baja tensión (BT) y cables de alta tensión (AT) que conducen 6 mil voltios y 23 mil voltios, que conectan a los transformadores de 500 hasta 750 kilovatios de estas bóvedas, de las cuales se distribuye el servicio por BT a los usuarios. Aun cuando las reparaciones que se hacen a estos cables es sin potencial, una mala maniobra del operador puede ser de grandes consecuencias, pero aparte de estos cables desenergizados previamente para su reparación, pasan otros en estos PV que se encuentran energizados y de los que siempre se tiene temor de que puedan fallar (tronar), encontrándose un trabajador dentro del PV, que llega a medir de 2.5 a cuatro metros de profundidad, según el lugar para ejecutar estos trabajos. Las cuadrillas están formadas por tres compañeros el responsable, empalmador A, el empalmador C, y el practicante de empalmador con salarios de: 117 pesos 73 centavos, 98 pesos 26 centavos y 85 pesos 63 centavos, respectivamente -para quienes piensan que los trabajadores de Luz y Fuerza estamos muy bien pagados. A pesar de las condiciones climatológicas, del riesgo natural que se corre, y del estado del equipo que con muchos años de servicio en esta empresa tan importante -que da servicio a millones de habitantes- y los riesgos que implican los trabajos que son necesarios para mantener las instalaciones en condiciones de prestar este servicio, continuamos laborando.

Atentamente,

Roberto Rodríguez, trabajador del Departamento de Cables Subterráneos, sección, instalación y mantenimiento.

Se inconforman por el proceso electoral en el CCH

Señora directora: El 2 de noviembre, en El Correo Ilustrado se publicó una carta relacionada con el desplegado del 28 de octubre, de la página 47. Como firmantes del mismo, mucho agradeceremos la publicación de la presente.

La carta citada simplemente continúa la mascarada en que convirtieron las autoridades del CCH las elecciones del Consejo Técnico. La verdad es que violentaron la legislación y burlaron la voluntad de los profesores del colegio, como lo acreditamos con las copias de las actas de cierre de casilla y de escrutinio de los cinco planteles, de las áreas histórico-social y de talleres.

Los datos consignados en las mismas señalan 13.4 por ciento mayor de votos emitidos que el de profesores que aparecieron registrados en los padrones. Si hay más votos que votantes, ¿cómo lo explican?, ¿esto es la legalidad? Es causal de anulación de las elecciones con 5 por ciento de diferencia, (la fracción IV del artículo 25 del reglamento para la elección de consejeros técnicos dice ``...Es una tradición... revisar las urnas..., acción que..., la Comisión de Legislación y Elecciones ejerció, ...lo que exigía la rectificación que efectivamente se realizó...'').

A confesión de parte, relevo de prueba, el comunicador institucional reconoce explícitamente la transgresión de: las bases III, VI incisos f, g y h, y VIII de la convención respectiva; los artículos 1, 6, primer párrafo, 7a. fracción III, V y VI y 14 del estatuto general de la UNAM; artículo 60, 69, 74 y 75 del reglamento interno de la UACB del CCH, fundamentos legales que establecen el ámbito de competencia de cada una de las Comisiones del Consejo Técnico, y de las cuales se desprende que la única instancia facultada legalmente para hacer el escrutinio de los votos es la comisión de escrutinio, bajo la supervisión de la de vigilancia.

En consecuencia, la comisión de legislación y elecciones carece, de modo absoluto, de facultades legales para realizar las funciones que alegremente narra el comunicador institucional.

En todo caso, que nos diga ¿dónde se encuentra legislada esa facultad?, y más aún, que nos diga, ¿en donde está escrita la facultad para modificar el escrutinio realizado por la instancia designada ex profeso para hacerlo?

La comisión de legislación y elecciones debió ceñirse al cumplimiento de sus funciones legales; es decir, a la supervisión del proceso y a la elaboración del dictamen de si fue o no legal el mismo, que es el ámbito de competencia que la legislación universitaria le otorga y reconoce. Excederse, como lo hicieron, es violentar la legislación universitaria.

Revocar de hecho el resultado y el alcance de las actas previas de resultados totales elaboradas por las comisiones encargadas, constituye un acto dictatorial, pues pretenden imponer en los hechos su voluntad, por encima de la legalidad, la normatividad electoral universitaria y la voluntad de los profesores del CCH.

Además de la anulación del proceso electoral, es fundamental que termine la impunidad de las autoridades del CCH. No pueden seguir por encima del marco legal, a su libre arbitrio. Toda autoridad tiene la obligación de fundar y motivar, conforme a derecho, su proceder. Exigimos se deslinde y finque la responsabilidad universitaria en que han incurrido, tanto por acción, como por omisión.

Profesores: Juan de Dios Hernández y Roberto Tocaven.

Aclaración a dos notas de la sección cultural

Señora directora: Rogamos a usted la publicación de las siguientes aclaraciones acerca de un par de notas aparecidas el 5 de noviembre en la sección cultural.

La primera es una de Renato Ravelo, en la página 46, que se titula: ``Solicita Aura a Echeverría devuelva obra de Diego Rivera''.

Cabe aclarar que en el texto entregado a la prensa, y leído durante la sesión de trabajo con la Comisión de Cultura de la ALDF, se señala:

``Con base en los datos hechos públicos por la revista Proceso 1109, habremos de solicitar al ex presidente Luis Echeverría Alvarez la donación de los cinco tableros, obra de Diego Rivera, pintados entre mayo y noviembre de 1993 para la New Workers School en Nueva York, que tiene en su poder, ya que sería de enorme interés el tenerlos en exhibición en el Museo de la Ciudad, toda vez que no son conocidos del público y que fueron declarados patrimonio nacional en 1959, junto con el resto de la obra de Diego Rivera''.

La segunda aclaración se refiere a la nota aparecida en la página 27, cuya cabeza señala: ``El rayo láser del Monumento a la Revolución fue donado a la UNAM''. El señor Alejandro Aura en conferencia de prensa, y cuyo texto se entregó en un boletín informativo, dijo que ``se ha estudiado la posibilidad de entregarlo al Centro de Instrumentos de la UNAM, que podrá darle un uso legítimo, a pesar de las limitaciones de su envejecimiento''.

Mucho agradeceré la publicación de estas aclaraciones.

Atentamente,

Agustín Sánchez González, director de Información Cultural del Instituto de Cultura de la Ciudad de México.

Respuesta del reportero

Señora directora: Solicitar la donación de algo que pertenece a la nación, de acuerdo con el decreto de 1959 es, en términos llanos, una devolución. No entiendo la aclaración de Agustín Sánchez.

Renato Ravelo.

Sobre el caso del aparato láser

Señora directora: en el mismo documento invocado por el señor Agustín Sánchez, leemos respecto al ``caso láser'': ``El ICCM no acepta que haya incurrido en una falta de responsabilidad al proponer entregarlo a una institución de investigación y docencia''. Luego, que el aparato, por las razones dichas en la nota periodística, físicamente no esté en manos de la UNAM, es distinto, pero de ningún modo contradictorio con el anuncio. ¿O el ICCM convoca a los medios para sencillamente conversar sobre las múltiples posibilidades de acción que estudia?

César Güemes.