Castro y Castro cuestiona el carácter legalista de la SCJN

Jesús Aranda Ť La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre anatocismo dejó en evidencia la necesidad de que el máximo tribunal asuma, de una vez por todas, su papel como poder político que es, además de que debe tener un mayor contacto con los problemas económicos, políticos y sociales del país para actuar de manera conjunta con los poderes Legislativo y Ejecutivo en la solución de los grandes retos nacionales, considera Juventino V. Castro y Castro, ministro de ese órgano, quien se opone a la idea de que la entidad sea, simplemente, un ``tribunalote''.

Preocupado porque la decisión de los ministros sobre la capitalización de intereses afectó negativamente la credibilidad y confianza del máximo tribunal, Castro y Castro advierte la gravedad que tiene el hecho de que la población deje de confiar en sus instituciones, particularmente en la Corte, que se había ganado poco a poco el respeto de la sociedad, según plantea.

Entrevistado por cuatro medios nacionales en relación con la publicación de su libro La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta. Un fallo histórico respecto al llamado anatocismo, Castro y Castro insiste en que los ministros deben asumir el papel político que le asigna la constitución al máximo tribunal y defiende los tres votos particulares -en ocho de los temas que revisó la Corte sobre el anatocismo-, en los que dejó de manifiesto su posición ante un sistema de leyes (bancarias y financieras) ``que están cargadas para un solo lado''.

Asimismo, reconoce las consecuencias negativas que tienen -tanto para las instituciones, como al interior del pleno de la Corte-, el hecho de que se maneje de manera pública la idea de que siete ministros (los que votaron por legalizar la capitalización de intereses ``son unos diablos''; mientras que los cuatro -entre ellos él-, que disintieron de la mayoría y emitieron votos particulares que podrían ser considerados a favor de los deudores.

El ministro de la Corte reconoce que aún y cuando él de manera personal considere como injustas las leyes bancarias que legalizaron el anatocismo, acota que la Corte no tiene facultades para declarar en su momento si una legislación es injusta o no, ``nunca estuvo en manos de la Corte resolver el problema del anatocismo de manera diferente'', comenta.

Posteriormente, precisa a La Jornada que ante temas de ésta magnitud, sería conveniente que se analizar la posibilidad de que la Corte pudiera emitir un comentario sobre el contenido de leyes que apruebe el Congreso, o bien, que se abra paso a una mayor participación ciudadana la cual podría a través de un referéndum determinar cuando una ley debe ser modificada por demandarlo así el bien de la nación.

Por otra parte, en las extensas entrevistas -una colectiva o otra con este diario-, Castro y Castro admite su frustración por el hecho de que la sesión pública del siete de octubre pasado en la se pretendía resolver el tema del anatocismo, se haya interrumpido debido a ``la intemperencia de algunos pocos (grupo reducido de barzonistas) que actuó en contra de la transparencia pública deseable en las actuaciones del máximo tribunal, y en la publicitación de sus resoluciones, lo que ha motivado numerosos malentendidos, por ignorancia de los motivos de la resolución, y del verdadero tamiz de las disidencias que algunos tuvimos''.

En confianza, el ministro comenta que antes de que se suspendiera la sesión, él tenía la esperanza de que con el desarrollo de la discusión algunos de sus compañeros incluso cambiaran de posición y se ``sumaran'' a la disidencia. En este contexto, destaca la propuesta que hizo el ministro Juan Díaz Romero sobre la ``Teoría de la Imprevisión'' en la que de manera concreta planteaba que los deudores afectados por la crisis económica de diciembre de 1994 y 1995 tuvieran una reducción importante en sus deudas, al fijarse un monto determinado de intereses a pagar. Esto con base a que la crisis había sido resultado de un acto ``imprevisto'' en el que ni los bancos, ni los deudores eran culpables.

Desgraciadamente, dice, el que la sesión se tuviera que desarrollar en privado, quitó a la opinión pública no sólo el ver uno de los debates más importantes de la Corte en los últimos años, sino también el que en el desarrollo de la discusión algunos ministros asumieran una posición diferente.

En su libro analiza el fallo de la Corte sobre el anatocismo, fundamenta sus tres votos particulares y analiza los motivos ``justicieros'' que inspiraron la aprobación de la Constitución de 1917, así como cuestiona la presunta legalidad de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual, cuando fue aprobada hace cuatro décadas, ni siquiera fue leída por los legisladores, quienes se concretaron a aprobar una legislación que les envió el ejecutivo y que contó con la aprobación de los banqueros.

Por otro lado, ante la disyuntiva de que los jueces renuncien antes de aplicar un ley injusta o bien que violen dicha legislación, Castro comenta que el juez debe renunciar a su cargo antes de hacer cualquiera de esas dos cosas.

Sin embargo, precisa que en el caso de los ministros, quienes aprobaron el anatocismo lo hicieron así, porque lo consideraron correcto, y que él, si bien no renuncia a su cargo, si quiso dejar en claro con la publicación de su libro su posición respecto al fallo de la Corte. Particularmente se opone a que los contratos de crédito bancario se rijan ``a la voluntad de las partes'' y que ninguna ley pueda reglamentar esa relación.

Luego de reiterar que no aspira a presidir la Corte a partir de enero de 1999, Castro sí señala que el futuro presidente del máximo tribunal debe impulsar la idea entre sus compañeros que el máximo tribunal es ``un poder político'' y que deben actuar como tal, para así estar en condiciones de actuar como una Corte ``de justicia'', y no sólo como Corte de ``legalidad''.

Los ministros, dice en alusión a sus compañeros, deben asumir que forman parte de un poder político y que deberán ``hacer política'' con la constitución en la mano. ``A ellos (comenta en voz alta al referirse a sus compañeros), no les gusta esa idea porque creen que hablo de hacer polaca, sobre quien será el futuro gobernador de un estado o quien va a ser presidente. Pero -enfatiza-, esa polaca no me interesa. La política debe servir para que la Corte sirva a la nación, que influya junto con los otros dos poderes en la aplicación de leyes justas y equitativas para todos''.

Lo que interesa a los individuos es polaca, lo que interesa a la nación es política, de ahí mi insistencia en que la Corte asuma un papel activo junto con los otros dos poderes en la toma de decisiones fundamentales para la vida del país. La Corte no pretende ser un ``super poder'', sino que le interesa sumar su esfuerzo en bien de la nación, concluye.