El debate legislativo y la discusión presupuestaria están pendientes de la suerte del ``paquete financiero'' que desde finales de marzo envió el gobierno al Congreso. Ambos dependen, especialmente, de la ley del Fobaproa. Los jaloneos sobre este asunto han sido evidentes entre el gobierno y los partidos de oposición, y las negociaciones entre las diversas fuerzas políticas no han conducido a un acuerdo técnico y muchos menos a una reducción de las fricciones partidarias. La crisis bancaria se ha convertido en el punto definitorio de la situación económica y política del país.

Después de la millonaria intervención que hizo el gobierno para mantener a flote al sistema bancario, el siguiente paso es rehacer las condiciones mínimas de operación de los circuitos financieros que hoy están prácticamente paralizados. Esta parálisis no puede adjudicarse por completo a las resistencias de los diputados para aceptar la propuesta de legislación del Ejecutivo, sino a las propias deficiencias de la gestión de las autoridades responsables del sector antes y durante la crisis, en particular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el propio Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa). No se puede pretender en términos teóricos ni prácticos que sólo por medio de la liberación de las trabas que hoy enfrentan los bancos para hacerse de liquidez y volver a funcionar, es decir, mediante el rescate de los pagarés con los que fueron contablemente sostenidos para no quebrar, se va a restablecer la salud financiera de la economía mexicana.

El sistema financiero está tocado y de modo mucho más profundo de lo que representa sólo un problema de liquidez. Los operarios del gobierno han tenido dificultades desde 1982 para aproximarse de modo claro y definitivo a la distinción entre liquidez y solvencia. Se ha podido inyectar liquidez a la economía en distintos momentos de este periodo que marca la larga crisis del país, sin que ello haya creado las condiciones de solvencia. Los costos de esta estrategia están a la vista. Parte de este problema se asocia con la otra confusión evidente que existe en Hacienda entre el equilibrio fiscal y la salud de las finanzas públicas. Las dos cuestiones están estrechamente relacionadas y hacen a la economía más débil y vulnerable. El proyecto actual adolece, una vez más, de esa limitación conceptual y, por ello, aparece como un nuevo parche al modo de funcionamiento de la economía y será, por lo tanto, poco duradero.

Un aspecto interesante de la política económica, en este caso en torno del Fobaproa, es la manera en que una vez que surgió la crisis bancaria se volvieron evidentes para los responsables de la administración del sector financiero las medidas que hay que adoptar para evitar otra crisis. Pero esas mismas medidas fueron siempre las que debieron haber realizado como parte de su trabajo, y por ello es que el argumento que se ha propuesto se debilita. Esta es la cuestión que se vincula con la rendición de cuentas que está en el centro de la disputa política en el Congreso y que de modo tan enfático confronta el propio gobierno con advertencias sobre el patriotismo de funcionarios que están hoy fuertemente cuestionados por la sociedad. Sí, ahora se sabe que los bancos deben estar mejor reglamentados y supervisados, también se sabe que las transacciones del Fobaproa debieron estar mejor vigiladas en términos legales y económicos. Pero el caso es que la deuda generada es del orden de 55 mil millones de dólares, y significa una socialización de las pérdidas ocasionadas por una mala administración del sector por parte de los banqueros y del gobierno. La memoria es política, paro hay también una política de la memoria.

La resolución del asunto Fobaproa y del conjunto de las leyes que componen el paquete financiero está muy lejos de ser una reforma financiera como dice el discurso oficial. Es un acomodamiento coyuntural de las condiciones de funcionamiento, especialmente en cuanto a la normatividad y los espacios de operación de los bancos, pero no en cuanto a los mecanismos de operación del sistema productivo en su conjunto, es decir, de la renovación de las pautas del proceso de la intermediación y la asignación de los recursos. Con estas medidas se está enfrentando de modo parcial la fragilidad de los bancos y, de ahí, su estrechez. La protección del sistema económico pasa por fincar de nuevo las bases de funcionamiento del sistema financiero, pero aceptemos que eso es sólo una parte en la que, por cierto, ha fallado de modo fehaciente el programa de reformas iniciado desde 1982. Y aquí debe advertirse que parte del conflicto que hoy existe en el país se debe a que ese programa ha sido administrado por el mismo grupo y sus alumnos durante ya quince años, y se ha ya desgastado hasta en su credibilidad. El verdadero blindaje de esta economía está en ponerse de frente a lo que representa tener 40 millones de pobres en México y hacer efectivas las políticas de crecimiento y no el permanente ajuste y saneamiento de las finanzas públicas y del sector bancario.