Astillero Ť Julio Hernández López

Durante largo tiempo, la riqueza nacional ha sido saqueada. Al amparo del ejercicio del poder, el trabajo de todos se ha convertido en riqueza de unos cuantos. Discursos y promesas de justicia social siempre ha habido, al igual que mecanismos, instituciones y ofrecimientos de contralorías del gasto público, de indagación de corruptelas, de castigo a quienes han robado los fondos nacionales.

Pero los mexicanos sabemos, por amarga experiencia, que la palabrería justificatoria, y los alegatos encendidos, suelen ser simples disfraces (malos, rutinarios) de una realidad contundente: la clase política que gobierna usa el dinero público para beneficiar a sus cercanos, a sus cómplices, a quienes apuntalan y defienden a ese mismo gobierno.

En el caso Fobaproa, el gobierno mexicano pretende crear una tormenta oratoria (con descalificaciones al dirigente nacional de un partido, con una agresividad digna de mejores destinatarios) que ayude a perder de vista lo esencial: la riqueza de la nación ha sido puesta al servicio de unos cuantos empresarios y negociantes (muchos de ellos enlazados con intereses políticos, sobre todo los del salinismo) que han aumentado sus fortunas de escándalo apropiándose de los dineros que a su vez han sido sustraídos a la atención de los más necesitados.

Tales maniobras de saqueo merecen corrección y castigo. Las desgracias que vive el país provienen de esa tarea sistemática: hoy, los mexicanos que estiran la débil mano implorante en los cruceros viales; los que han sido despojados de empleo, de casa, de seguridad social, de esperanza en el futuro; los indigentes, los parias, los asaltantes sin más camino que el del delito y de la venganza social, constituyen el saldo de las complicidades entre el poder político y el económico para robar al país.

Pero todo ello -siempre bien sabido- ahora ha sido documentado y denunciado públicamente por un partido, el de la Revolución Democrática, y en especial por su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador (ya en otros Astilleros se ha expresado con amplitud el sentir del autor de esta columna respecto al impulso esencial que a la lucha contra la corrupción ha dado el tabasqueño con la férrea conducta que ha sostenido en este caso).

Con pruebas suficientes para iniciar un procedimiento judicial (datos, nombres, números de cuentas, cantidades, entrecruzamientos) ese partido político (instancia de interés público, vía necesaria para mantener la discusión y el disenso en los canales pacíficos de la política y no los de la ruptura social o de la insurrección armada) ha pedido que las instancias jurídicas (propias de un país de leyes y de instituciones) decidan lo que sea conducente: exoneraciones o castigos.

Tal recurrencia de un partido a los senderos de la ley debería ser encomiada y fortalecida por quienes actualmente ejercen el poder público. Por más disparatadas que fuesen las suposiciones presentadas por el PRD, en el caso del Fobaproa (que ahora nos ocupa) ningún personaje público debería permitirse la tentación de descalificarlas por sí mismo. Desdeñar los términos y los plazos de las vías legales, para imponer por la vía del discurso (y de la promoción de éste con cargo al erario) la visión personal y subjetiva de quien tiene el poder es un camino asfixiante, excluyente, autoritario, que de no ser combatido oportunamente puede allanar el camino a conductas posteriores más enconadas y peligrosas. El tono y los conceptos de los que se han valido tanto el presidente Zedillo como la Secretaría de Hacienda para increpar la postura perredista sobre el caso Fobaproa, son desproporcionados e impropios de una instancia republicana de gobierno. Tales exabruptos sólo podrían ser entendidos a partir de la preocupación que pudiese haber en esas alturas del poder respecto a la veracidad de las acusaciones que se le hacen. Desbordar los cauces jurídicos y comprometer las investiduras presidencial y secretarial en una defensa adjetivada, retórica y subjetiva, sólo podría entenderse en la suposición de que se busca atajar con rudeza y prontitud lo que de otra manera debería caminar por los cauces jurídicos adecuados, en los que en su momento se produciría una resolución formal apegada a derecho.

Los desatinos y los arrebatos comentados reflejan, además, la desesperación y el enojo que reinan en la cúpula del poder gubernamental por la multiplicación de dificultades que se ha producido en el entorno de la aprobación legislativa del caso Fobaproa.

Ha resultado tan evidente el alto costo político de actuar de manera cómplice con el gobierno y su partido, que inclusive quienes se aprestaban para actuar en tal dirección se han contenido, agregando un elemento de angustia a los directivos formales del país, a quienes la falta de solución del caso Fobaproa les representa un riesgo para la estabilidad cambiaria y los movimientos bursátiles, y para altos funcionarios partícipes en el caso.

Otra muestra de la grave preocupación que ha provocado en el ámbito empresarial y financiero del país el empantanamiento del caso, la dieron ayer los presidentes de las diez organizaciones patronales más importantes del país quienes, usando un lenguaje y un enfoque emparentados con los usados por el presidente Zedillo y el secretario Gurría, emitieron una declaración con la que pretenden apresurar la resolución del polémico fondo. Dicen los representantes de los capitales mexicanos que los linchamientos políticos debilitan a las instituciones y atentan contra el imperio de la ley. Al defender sus intereses privilegiados, y pretender una resolución, cuyas urgencias no estén acompañadas de castigos a quienes se apropiaron de los dineros del pueblo, los hombres de negocios se tropiezan vergonzosamente: los linchamientos en política son altamente preferibles a los que, en vivo, se están realizando en ámbitos donde la miseria empuja hacia la delincuencia o la venganza social. Lo preocupante, en realidad, es que denuncias concretas, expedientes amplios, datos inequívocos, muestras claras, sean desatendidas en los terrenos institucional y judicial, propiciando con ello la impunidad de los infractores y el desencanto social, que es preludio de descomposiciones peores.

Después de la tempestad viene... la tormenta

En la cúpula del PRI nacional se aprestan a enfrentar lo que apunta ser la más movida e impredecible de sus asambleas nacionales. Los comicios constitucionales de 1998 llegan a su final y los procesos internos de los pocos estados donde se elegirán gobernadores en 1999 están ya resueltos o en vías de una resolución que no parece complicada.

Cumplidas pues esas minucias de la competencia frente a otros partidos, el PRI se enfila hacia tiempos políticos tormentosos. Como nunca antes, la reunión de los principales cuadros políticos nacionales del PRI podría resultar dañina para los intereses tradicionales del aparato gubernamental dominante.

Un primer elemento necesario para entender la dimensión de la próxima asamblea nacional es la falta de controles reales. Por primera vez se llegará a un acto ritual del priísmo en el que no habrá un timonel firme, que conduzca a las dóciles mayorías y coopte o reprima a las disidencias.

El presidente Zedillo ha sido terriblemente inseguro en su relación con el PRI: pasa de la sana distancia a la sana cercanía y a la sana indiferencia, salpicada en ocasiones de insanos y efímeros acercamientos.

Pero si el Presidente no ha podido ni siquiera precisar qué desea hacer con el PRI, una buena franja de influyentes militantes de este partido sí lo han hecho con el antaño llamado Primer Priísta del País: hoy existe ya, silencioso, un amplio segmento de miembros de ese partido que se sienten totalmente distantes del doctor Zedillo. Por otra parte, hay una franja de políticos importantes que no tienen ningún respeto por las indicaciones partidistas que provienen de Los Pinos. Entre estos se encuentran de manera destacada los gobernadores Bartlett y Madrazo.

En ese contexto, la asamblea nacional priísta está considerada en algunos niveles del gobierno federal un riesgo, acaso fatal. En ella se podría dar el increíble caso de que el Presidente de la República perdiese el control sobre tal reunión normativa e, incluso, que los lineamientos establecidos para la sucesión presidencial sean rebasados o deshechos por sus bases, nada atentas a la palabra zedillista y sí muy deseosas de retomar una militancia combativa que hasta ahora les ha sido escamoteada por la tecnocracia dominante.

Lo bueno es que, de ahora en adelante, la directiva nacional del tricolor tendrá suficiente tiempo para ir preparando su asamblea incómoda.

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