Capítulo dos.

Antorcha Popular amenaza con movilizar a 30 mil personas por las calles del Distrito Federal, en protesta, dicen sus dirigentes, por el trato que reciben del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Es una batalla más en la guerra que emprendieron contra la administración perredista, y las razones de fondo todavía no quedan claras.

Desde que empezó el conflicto -en el primer trimestre del año- varias de las reuniones entre dirigentes de Antorcha y funcionarios del gobierno capitalino se estancaron por la falta de un pliego petitorio, o bien, porque los priístas presentaron demandas que sabían irresolubles.

Una de éstas, por ejemplo, se planteó el 23 de noviembre en la delegación Gustavo A Madero para incluir en la nómina a militantes antorchistas contratados como eventuales.

La delegación, dijo a los priístas, ``rechaza este tipo de prácticas clientelares y reitera que el presupuesto público es para la obra al servicio de la ciudadanía''.

El resto de las peticiones de servicios públicos, indican reportes de la Secretaría de Gobierno, se están atendiendo en algunos casos de acuerdo con los convenios firmados con la organización priísta.

Pero Antorcha sigue en guerra. Y el conflicto llegó a los tribunales.

El 15 de septiembre la dirigencia antorchista presentó una denuncia contra la secretaria de Gobierno, Rosario Robles, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La acusan de calumniar a la organización porque en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la funcionaria dijo que recibieron dos millones de pesos con cargo a la partida presupuestal de fondo perdido.

Peras o manzanas de por medio, lo cierto es que los antorchistas sí recibieron el dinero. Y el manejo que le dieron es, por lo menos, irregular.

Este es el tema del capítulo 2. El camino de los millones.

Privilegios de la membresía

Todo empezó un viernes.

Al mediodía del 21 de noviembre de 1997, Estanislao López López, Humberto Gutiérrez Corona y Rosa María Dávila Partida, presidente, secretario y tesorero de la agrupación Colonos Antorchistas Unidos recibieron dos millones de pesos en el cheque 178-7 de la cuenta que el Instituto de Vivienda de la ciudad de México tiene en Inverlat.

Ese mismo día se firmó un convenio de colaboración entre el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Gil Elizondo, y los representantes de la agrupación priísta.

De acuerdo con este documento en poder de Masiosare, el dinero se utilizaría exclusivamente para desarrollar un proyecto de vivienda ``en el inmueble ubicado en la calle Ramos Millán sin número, Barrio San Agustín, colonia San Juan Ixtayopan, en la Delegación Tláhuac''.

En la cláusula octava del convenio, el entonces Departamento del Distrito Federal ``se reserva el derecho de ejercitar la acción penal que corresponda'' en caso de que el dinero se utilizara para fines distintos.

Los antorchistas tardaron 24 horas en violar el acuerdo. El 22 de noviembre depositaron el cheque en la cuenta 13397112 de Bancomer, a nombre de la cooperativa Xochipilli.

Y ese mismo día Estanislao López informó al secretario de Gobierno, Jesús Salazar Toledano, que siempre no comprarían el predio de Tláhuac, y solicitó la desincorporación ``del inmueble ubicado en la zona denominada Cabeza de Juárez, delegación Iztapalapa, con una superficie aproximada de 25 mil metros cuadrados''.

Lejos de cumplir con la cláusula octava, el DDF convocó, cinco días después, a una reunión del Comité del Patrimonio Inmobiliario para discutir la desincorporación, a título oneroso, del terreno que pidieron los antorchistas en avenida Guelatao esquina con Fuente de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta.

De acuerdo con la minuta de la sesión (68/98), el subsecretario de gobierno, José Ignacio Jiménez Brito, insistió una y otra vez que la administración de Oscar Espinosa Villarreal -a punto de concluir- tenía un gran interés en encontrar con rapidez ``la fórmula más adecuada para darle viabilidad a su petición''.

Sus argumentos tuvieron eco. Azucena Morán Alonso, integrante del comité, recordó que se trataba de una de las últimas decisiones del gobierno priísta. ``Si la vamos a asumir hagámoslo y que sea la siguiente administración quien la tome'', dijo.

Así fue.

La buena fe

Ese 27 de noviembre los antorchistas salieron ganando.

Además de la autorización para que se les vendiera el terreno ``a valor social'', obtuvieron un descuento extra. Fernando Torroella, también del comité, confesó que ``ese predio se está castigando a petición nuestra ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales''.

La intención era, dijo, que el dinero entregado a los antorchistas alcanzara para cubrir el enganche.

La ruta de los millones no termina aquí. El 4 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno, el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu) se comprometió, por medio de un ``contrato de promesa sujeto a condición suspensiva'', a construir una unidad habitacional en ese terreno.

Pero el documento no lo firmó el grupo Colonos Antorchistas Unidos -que obtuvo el cheque de Inverlat y tramitó el predio-, sino la Unión Antorchista Trébol, una asociación civil que apenas tres días antes había registrado a su mesa directiva: Anayantzi Córdova Díaz, Catalina Hernández Sandoval y María de Lourdes García Vázquez, presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente.

Ellas firmaron el contrato. Ellas, en la cláusula cuarta, reconocieron haber depositado en la Tesorería del DF -también el 4 de diciembre- dos millones de pesos ``como anticipo por la operación de compra-venta sujeta a condición suspensiva'' del terreno, operación que comprobaron con el recibo 069756 expedido por la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con ese documento, el dinero se pagó con el cheque 2689215 ``a cargo de Bancomer''. Saúl Beltrán Leyva, integrante de la Dirección Política Metropolitana de Antorcha Popular hizo el depósito.

Aquí se tuerce el camino de los millones.

Primero, porque fue hasta el 5 de diciembre cuando la caja 2 de la Secretaría de Finanzas recibió el cheque, y no un día antes como se establece en el recibo entregado por las antorchistas.

Segundo, porque de acuerdo con el primer convenio, el dinero sólo podría utilizarse por Colonos Antorchistas Unidos.

Y tercero, porque Fividesu validó esa irregularidad. En la cláusula cuarta del convenio se establece que ``a partir de la firma del presente contrato, dicho ingreso de fondos realizado en su nombre es aceptado por el Fividesu como concepto de depósito en garantía, que será aplicado su oportunidad al pago del precio del suelo''.

Todo en el día previo al cambio de gobierno.

Casi al final del documento, en la cláusula décima, las partes manifiestan: ``En la celebración del presente contrato no existe error, dolo, violencia, lesión o mala fe, renunciando en este acto a invocarlas como posibles causas de nulidad''.

Los aferrados

¿Qué quiere Antorcha Popular?

En el capítulo uno, cuando preparaban su primera marcha, la del 5 de octubre, Masiosare habló con Saúl Beltrán Leyva.

Sus razones aún son válidas.

``Todo el antorchismo nacional está dispuesto a apoyar a los compañeros del Distrito Federal'', dijo. ``Y esto ocurre por unas obrillas que para el presupuesto del Distrito Federal es como quitarle un pelo a un gato''.

``No es contra el PRD, es contra la autoridad que no resuelve, y las nuestras son demandas legítimas. Si estuviéramos pidiendo prebendas, chambas en el gobierno, bueno, a lo mejor se entendería''.

-Precisamente de eso los acusan.

-Falso. Ellos tienen que aclarar qué han hecho con el dinero que le dieron a (Javier) Hidalgo, a (René) Bejarano. Recibieron créditos a fondo perdido hasta por dos millones de pesos del Invi, y ahora resulta que nosotros somos los que andamos pidiendo lana al gobierno.

Concluye. ``Ya calcularon que Antorcha se va a chingar. Pero nosotros seguimos aferrados: los que se van a chingar son ellos''.

No hay novedad en el enfrentamiento entre Antorcha Campesina y el gobierno perredista del Distrito Federal. Desde 1988 la agrupación priísta ha sido bayoneta en los fusiles que asesinaron perredistas en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

Utiles y versátiles. Durante todo el sexenio salinista, lo mismo tomaron presidencias municipales ganadas por la oposición, que desalojaron Ayuntamientos donde se reclamó fraude electoral.

La estela de muertes que sigue a Antorcha es larga. Empieza desde los orígenes de la organización, a fines de los años 70 en Tecomatlán, Puebla. La agrupación virtualmente borró del mapa a la Unión Campesina Independiente que trabajaba en la Sierra Norte de Puebla.

En 1990 la entonces diputada Rosario Ibarra de Piedra denunció que los antorchistas habían asesinado, hasta ese momento, a 600 campesinos en todo el país.

La lista creció desde entonces. Ejemplos extraídos de las notas publicadas en los medios:

El 1 de enero de 1990 cientos de antorchistas se apoderaron de las presidencias municipales de Alcozauca y Metlatónoc, donde había ganado el PRD. En este último, el 24 de agosto, balearon a tres perredistas.

En marzo de ese mismo año, en el estado de México, invadieron terrenos en Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco. La intención, denunció el PRD mexiquense, era calentar el ambiente previo a las elecciones que se efectuaron en noviembre.

El 9 de mayo de 1992, en la colonia Primo Tapia de Morelia, en la capital michoacana gobernaba el PRD, 15 personas resultaron lesionadas cuando militantes de Antorcha agredieron a vecinos que solicitaban la construcción de una lechería.

Esa vez cinco antorchistas fueron detenidos, pero la procuraduría los liberó casi de inmediato.

Durante las elecciones de ese año, también en Michoacán, tomaron 30 presidencias municipales donde los resultados no fueron favorables al PRI. A finales de 1992 el saldo era de dos muertos y 50 heridos.

El 6 de enero de 1994, cinco días después del alzamiento del EZLN en Chiapas, campesinos de Antorcha detuvieron en El Bosque a los catequistas Alberto González González, Gustavo Velasco Mendoza y Aurelio Martínez, a quienes acusaron de ser zapatistas y los encerraron en el Palacio Municipal.

Fue un golpe frustrado. Esa noche, un comando de 200 insurgentes rescató a los religiosos.

En junio de 1995 las bases de Antorcha se enfrentaron con simpatizantes perredistas en San Lucas Atoyaquillo, en la zona mixteca de Oaxaca. El pleito dejó nueve muertos de ambos bandos y causó el éxodo del resto de sus habitantes.

Por este asunto, Amnistía Internacional incluyó a la organización priísta entre los grupos que atentan contra los derechos humanos.

Antorcha Campesina no respetó ni a los que le daban de comer. El 18 de febrero de 1990 arremetieron con piedras y palos contra Luis Donaldo Colosio, en ese entonces presidente del PRI, quien los acusó de ``intransigentes e intolerantes''.

Reclamaban candidaturas, puestos en el partido, dinero. Pero su posición para negociar era débil: apenas dos años antes, el 28 de octubre de 1988, tras un acto masivo en el Zócalo capitalino, Manuel Camacho Solís les había afiliado al PRI, y de inmediato todas las organizaciones campesinas, sindicales y populares del tricolor - sus nuevas hermanas - les hicieron el feo.

Antes de las recientes movilizaciones en la capital, el último tango en que participaron los antorchistas, ocurrió en Gustavo A Madero el 6 de enero de 1996, cuando el diputado Adolfo Aguilar Zínzer encontró cientos de cajas con documentos de Conasupo, abandonadas en una bodega de Diconsa custodiada por los priístas.

Para ese entonces el rumor de la vinculación de Antorcha con Raúl Salinas de Gortari cumplía seis años, desde que la primera denuncia se presentó en febrero de 1990, cuando el hermano del presidente era director técnico de Evaluación de Pronasol.

Una relación incómoda que los antorchistas siempre han negado.